Una lectura crítica del Global Justice Report desde la ecología política

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

El World Inequality Lab acaba de publicar el Global Justice Report, un documento que probablemente constituya uno de los ejercicios intelectuales y políticos más ambiciosos realizados en los últimos años para pensar conjuntamente desigualdad global, democracia internacional y crisis ecológica.

No se trata simplemente de un nuevo informe sobre pobreza o distribución del ingreso. Tampoco de un documento centrado exclusivamente en el cambio climático. Su propósito es más amplio: describir cómo podría construirse durante el siglo XXI una sociedad global simultáneamente más igualitaria y ecológicamente habitable.

La pregunta que orienta el trabajo es tan sencilla como profunda: ¿qué debería cambiar para que todos los habitantes del planeta puedan acceder a condiciones dignas de vida sin destruir los sistemas ecológicos que hacen posible la existencia humana?

La importancia del informe reside precisamente en el hecho de que intenta responder esa pregunta de manera integrada.

Durante décadas, los debates sobre desigualdad y los debates sobre crisis ecológica avanzaron por caminos paralelos. La economía se ocupó de la distribución de ingresos y riqueza. La ecología se ocupó de los límites biofísicos y de los impactos ambientales del crecimiento económico. Pocas veces ambos problemas fueron abordados como dimensiones inseparables de una misma realidad histórica.

El Global Justice Report parte justamente de esa constatación. La desigualdad extrema y la degradación ambiental no son fenómenos independientes. Forman parte de un mismo modelo de organización económica caracterizado por la concentración de riqueza, poder y acceso diferencial a los recursos del planeta.

Desde esta perspectiva, la justicia social y la justicia ecológica dejan de ser objetivos separados para convertirse en aspectos complementarios de una misma transformación.

Ese es, probablemente, el principal mérito del informe.

Un aporte significativo

Uno de los aspectos más interesantes del documento es que se aparta de varias de las premisas que dominaron el discurso económico durante las últimas décadas.

La transición ecológica ya no aparece presentada como un simple problema tecnológico susceptible de resolverse mediante innovaciones energéticas o mejoras en la eficiencia productiva. Por el contrario, el informe reconoce que la crisis contemporánea involucra cuestiones vinculadas al poder económico, la distribución de la riqueza, la organización del trabajo y los patrones de consumo.

Por eso sus propuestas incluyen medidas que hasta hace pocos años rara vez aparecían en informes económicos de alcance global.

Entre ellas se encuentran la reducción de la jornada laboral, la disminución de las desigualdades extremas de ingresos y patrimonio, la expansión universal de los sistemas de salud y educación, la transformación de los patrones alimentarios, la restauración de ecosistemas degradados y la democratización de las instituciones financieras internacionales.

La sola presencia de estos temas revela un desplazamiento significativo respecto de los enfoques dominantes.

Durante mucho tiempo, la discusión sobre sostenibilidad estuvo condicionada por la expectativa de que el crecimiento económico podría continuar indefinidamente gracias a la innovación tecnológica. La crisis ecológica era interpretada como una falla de mercado que podía corregirse mediante incentivos adecuados.

El informe se aleja parcialmente de esa visión.

Reconoce que las soluciones requieren cambios institucionales, redistribución de poder y nuevas formas de organización social. Reconoce, en definitiva, que la cuestión ambiental no puede separarse de la cuestión política.

También merece destacarse su dimensión internacional.

Frente a un contexto marcado por tensiones geopolíticas crecientes, nacionalismos y disputas por recursos estratégicos, el documento propone fortalecer mecanismos de cooperación global, democratizar organismos como el FMI y el Banco Mundial y establecer formas permanentes de redistribución entre países.

Más aún, reconoce explícitamente que las desigualdades contemporáneas no pueden comprenderse al margen de la historia del colonialismo, de la apropiación desigual de recursos naturales y de las responsabilidades acumuladas en materia climática.

No son planteos menores.

Representan un avance importante respecto de las visiones que continúan interpretando el desarrollo como una simple cuestión de crecimiento económico.

El punto ciego biofísico

Sin embargo, precisamente allí donde el informe muestra sus mayores fortalezas aparecen también algunas limitaciones que merecen ser discutidas.

La más importante de ellas se relaciona con la escasa atención otorgada a la dimensión material de la economía.

El documento analiza con gran detalle la distribución de ingresos, riqueza, impuestos, inversiones, educación, salud y emisiones de carbono. Pero dedica mucha menos atención a los flujos físicos que sostienen esos procesos.

Desde la perspectiva de la economía ecológica, esta cuestión resulta fundamental.

Toda economía es, antes que nada, una organización social de flujos de energía y materiales. La producción de riqueza no constituye un fenómeno exclusivamente monetario. Depende de recursos naturales, infraestructura física, energía disponible y capacidad de absorción de residuos por parte de los ecosistemas.

La economía no funciona al margen de la naturaleza. Funciona dentro de ella.

Por esa razón, la cuestión decisiva no consiste solamente en determinar cómo se distribuye la riqueza, sino también en comprender cuáles son las condiciones biofísicas que permiten producirla.

Y es precisamente aquí donde el informe deja abiertas algunas preguntas importantes.

La transición energética que propone requerirá enormes cantidades de minerales estratégicos, materiales de construcción, infraestructura y energía. Litio, cobre, níquel, cobalto, tierras raras y numerosos recursos naturales pasarán a desempeñar un papel central en la reorganización productiva del siglo XXI.

Sin embargo, el documento analiza escasamente las consecuencias ecológicas y territoriales de esa transformación.

¿De dónde provendrán esos recursos? ¿Cuáles serán los impactos ambientales asociados a su extracción? ¿Sobre qué regiones recaerán las nuevas presiones productivas? ¿De qué manera se evitará que la transición energética reproduzca nuevas formas de dependencia y extractivismo?

Estas preguntas aparecen apenas esbozadas.

Y, sin embargo, constituyen cuestiones centrales para cualquier evaluación de la viabilidad ecológica de las propuestas formuladas.

La cuestión del metabolismo social

Desde la ecología política latinoamericana, el problema adquiere una relevancia aún mayor.

La historia económica de América Latina puede leerse, en gran medida, como la historia de una inserción subordinada en los circuitos globales de extracción de recursos naturales. Desde la plata de Potosí hasta el petróleo, la soja, el cobre o el litio, la región ha desempeñado un papel fundamental en el abastecimiento material de los procesos de acumulación desarrollados en otros lugares.

La transición ecológica global no necesariamente modifica esa lógica.

Incluso podría profundizarla.

La creciente demanda de minerales críticos para la electrificación de la economía mundial corre el riesgo de reproducir nuevas formas de apropiación territorial y nuevas presiones sobre ecosistemas estratégicos.

Por eso la justicia global no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de los ingresos o de las transferencias financieras.

También debe examinarse desde la perspectiva de los intercambios ecológicamente desiguales, de los conflictos territoriales y de los flujos internacionales de materia y energía.

La pregunta no es solamente quién recibe los beneficios del sistema económico. La pregunta también es quién soporta sus costos ecológicos.

Y esa dimensión aparece relativamente subdesarrollada en el informe.

Más allá del carbono

Existe además otra cuestión relevante.

La problemática ecológica aparece analizada principalmente a través del cambio climático.

Sin duda se trata de un desafío fundamental. Pero no es el único.

La crisis ecológica contemporánea involucra simultáneamente pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, alteración de ciclos hidrológicos, agotamiento de recursos, contaminación química y múltiples procesos de deterioro ecosistémico que no pueden reducirse exclusivamente a las emisiones de carbono.

Desde la economía ecológica, el cambio climático constituye una manifestación particular de una crisis metabólica más amplia. Una crisis vinculada a la creciente escala material de la economía humana y a su capacidad para alterar los procesos ecológicos que sostienen la vida.

El informe reconoce algunos de estos problemas, pero el carbono continúa ocupando un lugar claramente predominante dentro de su arquitectura conceptual.

Una contribución imprescindible

Estas observaciones no disminuyen la importancia del trabajo realizado.

Por el contrario.

La principal virtud del Global Justice Report consiste en haber comprendido que la desigualdad y la crisis ecológica forman parte de una misma problemática civilizatoria.

Durante demasiado tiempo, las políticas ambientales ignoraron las relaciones de poder y las desigualdades sociales. Al mismo tiempo, gran parte de las propuestas redistributivas actuaron como si la economía pudiera expandirse indefinidamente sin enfrentar restricciones ecológicas.

El informe contribuye a superar esa separación.

Y lo hace con una ambición intelectual y política poco frecuente en el debate contemporáneo.

Sin embargo, también pone de manifiesto que la discusión sobre la justicia global todavía necesita incorporar más plenamente la perspectiva desarrollada por la economía ecológica y la ecología política.

La desigualdad no se expresa únicamente en la distribución de ingresos y riqueza. También se manifiesta en la apropiación diferencial de energía, materiales, territorios y capacidades ambientales.

Por esa razón, la pregunta que tenemos por delante ya no consiste solamente en cómo construir sociedades más igualitarias. La pregunta es cómo construir sociedades más igualitarias dentro de los límites biofísicos del planeta.

El Global Justice Report representa un paso importante en esa dirección.

Pero la discusión sobre el metabolismo social de una civilización justa y ecológicamente viable sigue abierta.

Y probablemente constituya uno de los debates más importantes del siglo XXI.