Apuntes para una nueva racionalidad política

Por Carlos Merenson — La (Re)Verde

Este artículo se desprende de un proyecto mayor: el Ensayo Ecosocial, una serie de seis Cuadernos que desarrollan en profundidad cada uno de los ejes aquí presentados —desde la genealogía del metabolismo social hasta la arquitectura institucional de la transición— y cuya publicación completa está prevista próximamente en La (Re)Verde. Lo que este texto ofrece es una síntesis autónoma de sus fundamentos teóricos, filosóficos y políticos; los Cuadernos permitirán al lector interesado seguir cada argumento hasta su desarrollo completo.

Hay una pregunta que casi nunca aparece en los debates sobre la crisis ecológica: ¿y si el problema no es que estamos haciendo mal las cosas, sino que el sistema que las organiza no tiene forma de parar?

No es una pregunta técnica. Es una pregunta política.

Hay sistemas que, una vez puestos en marcha, solo pueden sostenerse expandiéndose. Su propia lógica interna los empuja a producir más, consumir más, extraer más y transformar más, aun cuando esa expansión termine destruyendo las condiciones que hacen posible su existencia. No es que quienes los conducen ignoren los riesgos ni que falten diagnósticos o advertencias. Es que detenerse implica cuestionar los mecanismos que permiten al propio sistema reproducirse.

Si esto es así, la crisis ecológica deja de ser un problema de mala gestión, de falta de información o de decisiones equivocadas. Se vuelve un problema mucho más profundo: el de una organización social cuya estabilidad depende de seguir creciendo incluso cuando ese crecimiento se vuelve materialmente insostenible. La pregunta decisiva ya no es cómo hacer que el sistema funcione mejor, sino si puede seguir funcionando sin expandirse.

Vista desde esta perspectiva, la discusión sobre el llamado «capitalismo verde» adquiere otro significado. Sus promesas parten de la idea de que es posible mantener intacta la lógica del crecimiento sustituyendo unas tecnologías por otras o incorporando mejoras de eficiencia. Paneles solares, autos eléctricos, mercados de carbono y nuevos compromisos climáticos aparecen así como la solución. Pero si el problema reside en una dinámica que necesita expandirse de manera permanente, ninguna innovación tecnológica puede resolver, por sí sola, esa contradicción. No estamos frente a un error de gestión que pueda corregirse con mejores herramientas. Estamos frente a una trayectoria de choque con los límites biofísicos del planeta.

Pensar una salida exige, entonces, algo más incómodo que una nueva tecnología o una nueva regulación. Exige revisar la racionalidad que organiza la producción, el consumo y el poder. En otras palabras, exige pensar distinto.

La economía no flota en el aire

Empecemos por lo obvio, aunque casi nadie lo dice así: producir cosas es transformar materia y energía. Cada auto, cada celular, cada tonelada de soja sale de algún lado —de un yacimiento, de un suelo, de un río— y termina en algún lado —en un basural, en la atmósfera, en un océano. A eso lo podemos llamar el metabolismo social: todo lo que una sociedad extrae de su entorno, transforma y devuelve como residuo.

Esto no es una metáfora ni una forma poética de hablar de la economía: es física elemental. La Segunda Ley de la Termodinámica dice que todo proceso productivo es irreversible: consume energía «útil» y devuelve calor disipado y residuos que ya no se pueden recuperar del todo. Se puede reciclar, se puede ser más eficiente, pero no se puede anular ese desgaste. Un crecimiento material infinito, en un planeta finito, no es una meta difícil: es un delirio físico.

Y acá aparece la primera trampa: la eficiencia, sola, no salva nada. Cuando un proceso se vuelve más eficiente, casi siempre terminamos consumiendo más, no menos, porque lo que se ahorra en un lado se gasta en otro —es lo que se conoce como la paradoja de Jevons—. Motores más eficientes no significan menos autos en la calle; significan más autos, más baratos de mantener. El problema nunca fue solo cómo producimos, sino cuánto.

La ceguera del PIB

El problema es que la contabilidad con la que medimos el éxito económico es ciega a todo esto. El Producto Bruto Interno no es simplemente un indicador incompleto: es una herramienta que invisibiliza los costos ecológicos y sociales del crecimiento. Registra el volumen de transacciones monetarias, pero no distingue entre construir una escuela y desmontar un bosque nativo: las dos operaciones suman por igual. Un derrame de petróleo, junto con su limpieza, también aumenta el PIB. Lo que queda fuera de la cuenta son justamente los procesos de degradación que sostienen esa expansión: el suelo agotado, el agua contaminada o un clima cada vez más inestable.

No se trata de una simple falla estadística. Esa invisibilidad es funcional a un sistema que traslada sistemáticamente parte de sus costos a la sociedad y a la naturaleza sin incorporarlos a los balances económicos. La economía convencional los denomina «externalidades», como si fueran efectos secundarios. En realidad, constituyen el mecanismo mediante el cual la rentabilidad privada se sostiene desplazando sus costos hacia otras personas, otros territorios y las generaciones futuras.

Esa desconexión entre la producción y los ciclos naturales —lo que podemos llamar fractura metabólica— se nota en tres planos distintos. En el espacio, porque los territorios que sufren la extracción casi nunca son los que disfrutan el consumo: las materias primas salen del Sur global y los residuos, cuando no se quedan directamente en el lugar de extracción, también terminan volviendo ahí. En el tiempo, porque la velocidad de la especulación financiera —que se mide en segundos— no tiene nada que ver con los ritmos de regeneración de un bosque o un acuífero, que se cuentan en décadas o siglos. Y en la política, porque quién decide cuánto se extrae y quién carga con las consecuencias son, la mayoría de las veces, dos grupos sociales completamente distintos: el poder de decisión queda concentrado arriba, y el costo cae sobre las poblaciones vulnerables y las generaciones que todavía no nacieron.

Por qué «ser más eficientes» no alcanza

Frente a este diagnóstico, las respuestas dominantes suelen ser variaciones de lo mismo: que el mercado ponga precio a la escasez, que la tecnología nos salve con más eficiencia, que el desarrollo sostenible concilie crecimiento y cuidado ambiental. El problema es que todas comparten un mismo error de fondo: tratan como ajustable lo que en realidad es un límite. Es la diferencia entre afinar un motor y decidir cuántos autos puede haber.

Esta lógica de crecimiento sin límite no es un invento del capitalismo neoliberal: atravesó también al socialismo realmente existente y a buena parte del desarrollismo latinoamericano. Se llama productivismo, y funciona como una verdadera ideología de fondo —una superideología, si se quiere— que mide el progreso por la expansión material, cueste lo que cueste, y promete mejorar la vida de todos sin tocar los privilegios de nadie. Esa promesa nunca se cumplió, pero sigue organizando gobiernos, partidos y sentidos comunes de izquierda y de derecha por igual.

Hasta aquí el problema puede resumirse de manera sencilla. Toda sociedad mantiene un metabolismo con la biosfera: extrae materia y energía, las transforma y devuelve residuos. La termodinámica nos recuerda que ese metabolismo tiene límites físicos que ninguna innovación puede eliminar. Cuando la lógica productivista desconoce esos límites, esa desconexión entre la dinámica económica y los tiempos de la naturaleza se vuelve estructural. La cuestión decisiva deja entonces de ser cómo seguir creciendo de un modo más eficiente, sino cómo regular políticamente ese metabolismo en un mundo donde los antiguos equilibrios ya no pueden recuperarse. Es aquí donde la idea de alostasis adquiere sentido.

Dejar de pensar en «volver al equilibrio»

Acá está, para mí, el corazón de lo que hay que discutir. Frente a una crisis, el reflejo natural es preguntarse cómo volvemos a la normalidad de antes. Eso funciona cuando el problema es pasajero. Pero hay perturbaciones que no son pasajeras: son cambios irreversibles que exigen no volver a un equilibrio anterior, sino construir uno nuevo, y hacerlo, además, con decisiones colectivas.

En biología esta distinción tiene nombre: se habla de homeostasis cuando un sistema corrige pequeños desvíos para volver al mismo punto de siempre, y de alostasis cuando, frente a un cambio irreversible, ese mismo sistema tiene que recalibrar sus propios parámetros para sostenerse en condiciones nuevas. Traducido a la política: mientras la homeostasis se pregunta «¿cómo seguimos como antes?», la alostasis se pregunta «¿en qué condiciones es legítimo seguir?». Y ahí cambia todo, porque deja de tratarse de optimizar variables —hacer los motores más eficientes— para empezar a discutir parámetros: cuánto, de qué y para quién.

Esa es la diferencia entre corregir desvíos menores y animarse a redefinir, con debate político de verdad, cuánto y cómo queremos producir, movernos, comer y habitar. No es un ajuste técnico. Es una decisión política sobre los límites que una sociedad se impone a sí misma.

Si el metabolismo social describe la relación material entre sociedad y biosfera, la alostasis describe la forma de modular deliberadamente ese metabolismo cuando los antiguos equilibrios ya no existen. En otras palabras, el problema ya no consiste únicamente en comprender cómo funciona el intercambio material entre sociedad y biosfera, sino en construir instituciones capaces de mantenerlo dentro de los límites biofísicos del planeta.

Llevado a la práctica, esto cambia por completo el tipo de preguntas que nos hacemos:

  • Frente al cambio climático, la pregunta no es solo «¿con qué energía reemplazamos al petróleo?», sino «¿cuánta energía necesitamos realmente, y quién decidió que esa cantidad era la que había que producir?».
  • Frente al litio, la pregunta no es únicamente cómo extraerlo de forma «más sostenible», sino cuántos autos eléctricos hacen falta de verdad, y si el transporte público y la cercanía no resuelven buena parte de esa necesidad sin necesidad de extraer nada.
  • Frente a la comida, la pregunta no es maximizar el rendimiento por hectárea a cualquier costo, sino qué puede producir cada cuenca sin agotar su suelo y su agua.
  • Frente a las ciudades, la pregunta no es hacer edificios más eficientes, sino qué tamaño y qué forma de ciudad se puede sostener sin devorar todo lo que la rodea.

Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta técnica única. Todas exigen debate, disputa y decisión colectiva. Ahí es donde entra la política, y no la ingeniería.

La falsa inmaterialidad de la economía digital

La economía digital tampoco constituye una excepción. No ha dejado atrás el metabolismo social; simplemente ha vuelto menos visibles los flujos materiales que la sostienen.

La imagen de una «nube» inmaterial contribuye a reforzar esa ilusión. Sin embargo, detrás de cada búsqueda en internet, de cada archivo almacenado y de cada sistema de inteligencia artificial existe una infraestructura física de enorme escala. Los centros de datos consumen cantidades masivas de electricidad y agua, mientras que celulares, servidores y redes dependen de una minería intensiva de litio, cobalto y tierras raras que transforma territorios enteros. El patrón vuelve a ser el mismo: el Sur global aporta buena parte de los minerales estratégicos y termina recibiendo también una proporción importante de los residuos electrónicos.

Esto no significa rechazar de plano cualquier tecnología. Sirve distinguir entre tecnologías pensadas para concentrar poder y control —las que solo un puñado de empresas puede operar, reparar o modificar— y tecnologías apropiables: abiertas, reparables, gobernadas por las comunidades que las usan. La pregunta no es tecnología sí o tecnología no, sino qué tecnología, para quién, y bajo qué reglas de propiedad y decisión.

Una brújula con tres preguntas

Para no perdernos en esa disputa, hace falta un criterio compartido. Propongo pensarlo como tres preguntas que cualquier política, cualquier proyecto productivo, cualquier promesa de campaña debería poder responder al mismo tiempo:

  • ¿Es viable? Es decir: ¿se mantiene dentro de lo que el ecosistema puede regenerar, o está pidiendo prestado un tiempo que no tenemos? Acá no hay margen de negociación: la física planetaria no se somete a votación. Una comunidad puede decidir democráticamente explotar un acuífero, pero si el acuífero se agota, no queda ninguna democracia posible en el medio de un desierto.
  • ¿Es justo? ¿Quién carga con los costos y quién se queda con los beneficios? ¿Se reconoce la deuda que el Norte global acumuló extrayendo recursos y descargando contaminación en el Sur? Y también, algo que solemos olvidar: ¿se reconoce el trabajo de cuidado que sostiene la vida cotidiana y que el sistema extrae sin reponer, tal como extrae un suelo o un acuífero? Esa es otra fractura, tan real como la ecológica, y que atraviesa sobre todo los cuerpos de las mujeres.
  • ¿Es democrático? ¿La comunidad afectada decide de verdad, con información completa, o solo recibe la decisión ya tomada por otros?

Una política que apruebe dos de estas tres preguntas y falle en la tercera no es una política a medias: es una política inválida. Una energía renovable que respeta el ambiente y tiene apoyo popular, pero que desplaza a una comunidad de su territorio sin su consentimiento, no es una solución ecosocial: es otra forma de extractivismo con mejor prensa.

Y hay algo importante para aclarar: que la viabilidad biofísica tenga prioridad no significa que unos técnicos decidan por todos. Una cosa es constatar que un acuífero se agota —un hecho verificable, no una opinión— y otra muy distinta es decidir cuánto y cómo hay que reducir el consumo. Lo primero no se vota; lo segundo sí, y se vota entre quienes van a vivir con las consecuencias.

Este criterio no queda solo en el papel. En la provincia de Chubut, por ejemplo, asambleas vecinales y organizaciones territoriales han logrado frenar proyectos de megaminería a cielo abierto aplicando, en los hechos, una lógica similar: no se oponían a cualquier minería, sino a aquella que no podía garantizar la viabilidad del agua subterránea, la justicia en la distribución de los royalties y la decisión democrática de las comunidades afectadas. No lo llamaron «las tres preguntas», pero las hicieron todas. Y ganaron.

Herramientas de implementación: el PEIMT

La traducción más concreta de esa brújula es el Protocolo Unificado de Evaluación de Impacto Metabólico y Territorial (PEIMT), que convierte la Trilogía de lo Posible —viabilidad, justicia, democracia— en un lenguaje operativo. El PEIMT actúa como brújula normativa y como herramienta de lucha. Su estructura es sencilla pero radical: un dictamen negativo en cualquiera de sus tres criterios implica el rechazo inmediato del proyecto.

El PEIMT no parte de cero. Se apoya y expande sobre dos pisos jurídicos ya existentes en la región. El Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley 27.566 y vigente en la región desde 2021— establece estándares de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia, además de proteger específicamente a quienes defienden el ambiente y el territorio. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, por su parte, consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos que afecten sus territorios. Ninguno de los dos instrumentos alcanza por sí solo la potencia normativa del PEIMT —Escazú no incorpora un criterio de veto vinculante por sí mismo, y el Convenio 169 protege solo a pueblos indígenas, no a comunidades afectadas en general—, pero ambos ofrecen el terreno jurídico sobre el que la coherencia democrática del PEIMT puede reclamarse como exigible, y no solo como aspiración normativa.

¿Qué pregunta exactamente cada criterio?

  • La viabilidad biofísica pregunta si el proyecto supera la tasa de renovación natural o ignora los límites de absorción de los ecosistemas. No es una opinión: es un dato verificable.
  • La justicia distributiva pregunta si el proyecto depende de la creación de zonas de sacrificio o de la transferencia de costos a poblaciones vulnerables. Es decir: quién gana y quién paga.
  • La coherencia democrática pregunta si existe un mecanismo de participación vinculante para la comunidad afectada, con información completa y tiempo suficiente para deliberar.

La efectividad de este veto no es automática. Depende de la existencia de poder territorial organizado, de marcos jurídicos que reconozcan la consulta vinculante y, en última instancia, de la capacidad de movilización social para respaldar los dictámenes. El PEIMT es un instrumento de lucha que solo opera plenamente cuando va acompañado de judicialización, desobediencia civil y presión política coordinada. La experiencia reciente en Argentina, donde el reconocimiento formal del derecho de acceso a la información ambiental convivió con restricciones administrativas a su ejercicio efectivo, confirma esta tesis: el piso jurídico es condición necesaria pero no suficiente, y su erosión por vía reglamentaria —sin necesidad de derogar la ley— es precisamente la vulnerabilidad que solo el poder territorial organizado puede contrarrestar.

Su implementación se despliega gradualmente. En el corto plazo, busca visibilizar impactos y exigir reportes de transumo —esa contabilidad invisible que el PIB ignora—. En el mediano plazo, aspira a integrar el veto comunitario en el derecho positivo, convirtiendo lo que hoy es aspiración en norma vinculante. En el largo plazo, su aplicación integral solo es posible bajo una hegemonía ecosocial consolidada, donde la lógica del crecimiento haya sido reemplazada por la lógica de la reproducción de la vida. Esta gradualidad no es un aplazamiento: es el reconocimiento de que las herramientas no crean poder por sí mismas, sino que son eficaces en la medida en que el poder social las respalda.

El horizonte final es la convivencialidad, en el sentido que Iván Illich dio al término: una forma de vida basada en herramientas apropiables, relaciones de reciprocidad y autonomía comunitaria, que subordina la economía a la reproducción de la vida dentro de los límites regenerativos de la biosfera.

La racionalidad ecosocial

Hasta ahora hemos hablado de límites, metabolismo, alostasis y democracia. Pero todos esos conceptos apuntan, en realidad, a una transformación más profunda: un cambio en la racionalidad política que organiza nuestras decisiones colectivas.

La racionalidad dominante parte de una pregunta muy simple: ¿cómo producir más? Luego intenta corregir los daños que esa expansión provoca mediante regulaciones, tecnologías o compensaciones económicas.

La racionalidad ecosocial invierte ese orden.

No comienza preguntándose cuánto puede crecer la economía, sino qué condiciones hacen posible sostener la vida dentro de los límites biofísicos del planeta. La producción deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio subordinado a ese objetivo.

Eso modifica el modo de pensar prácticamente todas las decisiones públicas. La economía deja de ser el criterio que organiza la política y pasa a ser uno de los instrumentos mediante los cuales una sociedad garantiza su reproducción material sin destruir las condiciones ecológicas que la sostienen.

Desde esa perspectiva, gobernar ya no significa administrar el crecimiento, sino deliberar colectivamente sobre la escala del metabolismo social, la distribución de sus beneficios y sus costos, y las tecnologías e instituciones compatibles con la regeneración de la biosfera.

No se trata de sustituir una planificación centralizada por otra, ni de confiar ciegamente en el mercado. Se trata de construir una racionalidad política capaz de articular tres exigencias inseparables: la viabilidad biofísica, la justicia social y la democracia. Cuando una de ellas falta, las otras dos dejan de ser suficientes, porque una política justa y democrática que destruye su base material es insostenible, y una política viable que excluye a las mayorías es ilegítima.

En ese sentido, la racionalidad ecosocial no propone administrar mejor el sistema existente. Propone cambiar el criterio con el que decidimos qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir.

Quién lo va a hacer

Nada de esto se aplica solo. No hay ninguna ley histórica que garantice que el mundo se vuelva más justo o más sostenible porque la ciencia lo indique. Esa transformación la tienen que empujar sujetos concretos: asambleas que resisten un proyecto extractivo, pueblos indígenas que defienden su territorio, redes de cuidado que sostienen la vida cotidiana sin que nadie las reconozca, cooperativas que ensayan otra forma de producir, juventudes que se niegan a aceptar el colapso como destino.

Ese sujeto no está dado de antemano ni siempre está de acuerdo consigo mismo. Hay tensiones reales —por ejemplo, entre un sindicato minero que defiende puestos de trabajo y una comunidad que rechaza la minería por el daño al agua—. Esas tensiones no se resuelven por decreto, se resuelven organizando y discutiendo. Pero comparten una intuición común, y esa intuición es la que da nombre a todo este proyecto: que la vida no es un insumo más de la economía, sino lo único que en verdad importa sostener.

El camino no pasa por esperar una gestión más prolija de la escasez que se viene, administrada desde arriba por buenos técnicos. Pasa por construir, desde abajo, reformas que no se conformen con administrar el sistema, sino que vayan corriendo la correlación de fuerzas: espacios de autonomía real, formas de propiedad comunitaria, autogestión territorial. Es la idea de una economía subordinada a la vida y no al revés —lo que Iván Illich llamaba convivencialidad: herramientas que las comunidades puedan operar, entender y controlar, en lugar de depender de una tecnocracia externa—. No se trata de rechazar la tecnología, sino de decidir colectivamente qué tipo de tecnología queremos y quién la gobierna.

Y algo está ocurriendo ya. No en los grandes titulares, pero sí en los territorios: hay experiencias de monedas sociales, de gestión comunitaria del agua, de redes de intercambio de semillas, de cooperativas de energía renovable autogestionadas. Son pequeñas, frágiles, a menudo invisibles. Pero son el laboratorio de lo que podría ser una política de autocontención. No son la solución, pero son su materia prima.

Subordinar la economía a la vida

El problema que enfrentamos no es una crisis pasajera ni una falla de gestión. Es la consecuencia de una forma de organización social cuya estabilidad depende de expandir continuamente el metabolismo de la sociedad, aun cuando esa expansión destruya las condiciones que hacen posible la vida. Por eso la respuesta no puede limitarse a hacer más eficiente el mismo camino. Requiere construir una racionalidad política capaz de decidir, democráticamente, qué producir, cuánto producir, para quién producir y dentro de qué límites biofísicos.

Nada de eso ocurrirá por sí solo. Pero tampoco es un sueño lejano: está ocurriendo en fragmentos, en conflictos locales, en experiencias que aún no tienen nombre. La posibilidad de una transición ecosocial dependerá de la capacidad de articular esos fragmentos, de construir sujetos colectivos e instituciones democráticas que hagan de la autocontención una decisión política consciente, y no una imposición posterior del colapso.

En esa tarea se juega la posibilidad de subordinar la economía a la reproducción de la vida, en lugar de seguir subordinando la vida a las exigencias de una economía incapaz de reconocer sus propios límites.

La pregunta, entonces, no es si el sistema va a cambiar. La pregunta es si seremos capaces de construir la fuerza social y política necesaria para transformarlo antes de que los límites biofísicos del planeta lo hagan por nosotros.

Porque el desafío del siglo XXI no consiste en gestionar mejor la escasez que se viene. Consiste en atrevernosa desmontar el exceso que ya nos está matando.