Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

El 1 de mayo no es una fecha de conmemoración: es una afirmación colectiva en defensa de la vida digna frente al hambre, la precarización y el saqueo. La movilización convocada por la CGT expresa en las calles lo que se intenta invisibilizar: trabajadores que sostienen el salario, el empleo y sus derechos como condición básica de cualquier proyecto de país.

No hay neutralidad posible frente a este escenario. La defensa del trabajo no es una consigna sectorial: es el punto de partida de toda organización social que aspire a ser justa.

Pero hay una dimensión que todavía no termina de ocupar el lugar que le corresponde en el discurso sindical: la degradación de las condiciones materiales que hacen posible ese mismo trabajo. No solo está en disputa el ingreso; también lo están la tierra, el agua, el aire y los territorios que sostienen la vida.

La discusión no es únicamente distributiva. Es, cada vez más, una disputa por el sentido y los límites del modelo productivo. El mismo esquema que deteriora el salario es el que presiona sobre los bienes comunes, compromete ecosistemas y debilita las bases materiales de la economía real. No son conflictos separados: son distintas expresiones de una misma dinámica.

Sin suelo fértil no hay producción. Sin agua no hay economía. Sin comunidades vivas no hay sociedad posible. La degradación ambiental no es un problema lateral: es una forma concreta de deterioro del trabajo.

En este punto, la agenda sindical enfrenta un desafío de ampliación. Las reivindicaciones actuales —salario, empleo, derechos— siguen siendo imprescindibles, pero resultan insuficientes si no se articulan con la defensa de las condiciones que las hacen posibles. No se trata de reemplazar una agenda por otra, sino de integrarlas en un mismo horizonte. Porque la defensa de los glaciares, los humedales o los bosques no constituye una agenda ajena al mundo del trabajo: es una forma concreta de confrontar un modelo de entrega y saqueo que es el mismo que erosiona las conquistas y los derechos laborales. Se trata, en definitiva, de reconciliar las luchas por llegar a fin de mes con las luchas por alcanzar una sociabilidad convivencial y un desarrollo verdaderamente sostenible.

Este planteo no es ajeno a la tradición del propio movimiento obrero. En La Comunidad Organizada, Perón advertía que medir la grandeza de una sociedad únicamente por sus recursos materiales implica desconocer la dimensión humana del desarrollo. Esa crítica anticipa un límite que hoy se vuelve evidente.

En su Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, señalaba que los recursos naturales son finitos y que el ritmo de la acción humana supera su capacidad de comprensión. Allí planteaba que la cuestión ambiental no es un problema más, sino el problema, y advertía sobre los riesgos de un modelo basado en el lucro sin límites y el despilfarro.

Esa advertencia mantiene plena vigencia. Promover el consumo irracional en un contexto de creciente escasez no solo compromete el futuro: profundiza relaciones de dependencia y desigualdad. La cuestión ambiental no puede separarse de la cuestión social.

La disyuntiva actual no pasa por oponer trabajo y ambiente, sino por reconocer que no hay trabajo sostenible en un entorno degradado. Existen modelos productivos que generan empleo en el corto plazo, pero deterioran las condiciones que lo hacen posible en el tiempo. Esa contradicción no puede seguir siendo ignorada.

Incorporar una perspectiva ecosocial no implica abandonar la tradición sindical, sino profundizarla. El movimiento obrero siempre luchó por condiciones de vida: salud, vivienda, dignidad. Hoy, esas condiciones incluyen necesariamente la estabilidad de los sistemas que sostienen la vida.

Defender el poder adquisitivo y defender la base material de la producción forman parte de la misma disputa. No cualquier forma de crecimiento constituye desarrollo. Aquel que degrada territorios y concentra beneficios no amplía derechos: los debilita.

La movilización del 30 de abril expresa una resistencia concreta frente al deterioro social. Pero también abre una oportunidad: ampliar el horizonte de esa resistencia hacia una construcción que integre el presente urgente con las condiciones de su continuidad.

Ampliar la agenda no es dispersar la lucha: es darle profundidad. Es comprender que no hay derecho laboral que pueda sostenerse sobre territorios degradados, ni justicia social posible en un contexto de deterioro ecológico creciente.

El desafío es político, pero también cultural: construir una mirada capaz de integrar trabajo, naturaleza y comunidad en un mismo proyecto. No desde la confrontación destructiva, sino desde la defensa activa de la vida en todas sus dimensiones.

Porque en última instancia, toda reivindicación laboral remite a una pregunta más profunda: qué condiciones hacen posible sostener la vida y el trabajo en el tiempo. Y esa pregunta, hoy, exige ser respondida desde una ética de responsabilidad, de límites y de cuidado.

La patria no se vende. Se sostiene, se cuida y se forja colectivamente. Y esa forja debe alcanzar un horizonte socialmente justo, económicamente independiente, políticamente soberano y ecológicamente prudente.