Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

La desregulación no elimina la regulación: la desplaza. No existe el vacío normativo en la vida económica y social. Allí donde el Estado se retira, otras formas de regulación emergen —menos visibles, más fragmentadas, frecuentemente más concentradas— reorganizando las relaciones sociales bajo nuevos criterios. En este sentido, desregular no es suprimir reglas, sino redefinir quién regula, cómo y en función de qué intereses.

En la Argentina reciente, esta operación ha sido condensada en una imagen tan simple como eficaz: la motosierra. Convertida en emblema político, no alude solo a la reducción del Estado, sino a una intervención más profunda: el corte indiscriminado de mediaciones, regulaciones y dispositivos institucionales. Como símbolo, la motosierra no sugiere cirugía fina ni reforma selectiva, sino amputación. Y en esa potencia simbólica radica también su límite: lo que se corta no es únicamente lo superfluo, sino también aquello que sostenía —aunque de manera imperfecta— ciertos equilibrios sociales, territoriales y ambientales.

La figura de Federico Sturzenegger se inscribe con nitidez en esta lógica. Más que un simple ejecutor de políticas, encarna el pasaje de la desregulación como instrumento a la desregulación como doctrina. En su programa, desregular deja de ser una herramienta puntual para corregir distorsiones y se convierte en un principio organizador general: un modo de reconfigurar el conjunto de la vida económica y social desplazando la regulación desde lo público hacia el mercado.

No es la primera vez que este movimiento ocurre. Las experiencias de Reagan y Thatcher marcaron un punto de inflexión al reconfigurar los marcos regulatorios en favor de la lógica mercantil. Algo similar puede observarse en Chile durante la dictadura de Pinochet o en las terapias de shock de las transiciones post-soviéticas. En todos estos casos, la desregulación no implicó ausencia de reglas, sino la instauración de nuevos regímenes regulatorios orientados a expandir el dominio del mercado.

Sin embargo, el caso argentino presenta una particularidad decisiva. La desregulación se despliega en un contexto de fragilidad estructural, con un entramado productivo debilitado, una sociedad exhausta y un Estado previamente erosionado. En este escenario, la lógica de la motosierra adquiere todo su significado: la eliminación de mediaciones no opera como una mejora incremental del funcionamiento económico, sino como una reconfiguración abrupta de las condiciones de reproducción social.

El área ambiental permite observar con especial nitidez esta lógica. Si se compara el organigrama del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable con la estructura de la Subsecretaría de Ambiente recientemente aprobada, lo que emerge no es una simple reorganización administrativa, sino un claro proceso de desmantelamiento y desjerarquización. Donde antes existía un ministerio con mayor densidad institucional, capacidades técnicas diferenciadas y líneas de acción específicas, hoy se observa un esquema más comprimido, subordinado y con una capacidad operativa sensiblemente disminuida. La comparación de estructuras —ver figura— ilustra con claridad este desplazamiento.

Este desplazamiento no implica ausencia de regulación ambiental, sino su reconfiguración. La pérdida de densidad institucional reduce la capacidad de intervención pública sobre procesos críticos —evaluación de impactos, protección de ecosistemas, gestión de residuos— y tiende a trasladar los criterios de decisión hacia dinámicas donde prevalecen lógicas de mercado o correlaciones de fuerza menos visibles. Pero la pérdida no es solo operativa. Un ministerio posee capacidad de negociación transversal: puede intervenir, frenar o condicionar decisiones en energía, agroindustria o minería cuando estas afectan bienes comunes. Una subsecretaría subordinada carece de ese peso político; sus objeciones técnicas no llegan al gabinete. Lo que se degrada, entonces, no es solo la capacidad de gestionar el ambiente, sino la posibilidad misma de que lo ambiental pese en las decisiones que más lo afectan. La motosierra, en este plano, no solo recorta estructuras: redefine el alcance efectivo de la regulación ambiental y su orientación.

Desde una perspectiva ecológico-política, el problema adquiere una profundidad aún mayor. Toda economía está inscripta en límites biofísicos: depende de flujos de energía y materiales, de territorios concretos y de equilibrios ecosistémicos que no pueden ser sobrepasados sin consecuencias. La desregulación generalizada tiende a invisibilizar estos condicionantes, reforzando la ilusión de una expansión ilimitada. Pero al retirar regulaciones sociales e institucionales, lo que emerge no es la libertad plena del mercado, sino la forma más dura de regulación: la que imponen la escasez, la degradación ambiental y los conflictos por el acceso a recursos finitos.

En este punto, la desregulación revela su verdadero carácter: no como negación del orden, sino como su reconfiguración bajo una racionalidad específica. Lejos de neutralizar el poder, lo redistribuye; lejos de ampliar la autonomía, redefine sus condiciones materiales. Lo que aparece como un programa de eficiencia es, en realidad, una radicalización del productivismo: la eliminación sistemática de límites sociales, ecológicos y políticos que interfieren con la expansión de la lógica mercantil.

Las consecuencias de este proceso comienzan a hacerse visibles en lo que algunos ya perciben como “pesadillas desregulatorias”: no anomalías, sino la experiencia concreta de esa nueva forma de regulación. No se trata de efectos colaterales ni de desviaciones indeseadas, sino del despliegue coherente de un programa que sustituye regulaciones públicas por regulaciones de hecho, impuestas por actores con mayor capacidad de mercado o por las propias restricciones materiales del sistema. En este esquema, los costos de la degradación ambiental no desaparecen: se externalizan. Quien contamina, sobreexplota o destruye un ecosistema transfiere esos costos a la sociedad y al Estado —ahora debilitado para remediarlos— mientras retiene las ganancias. La degradación se convierte, así, en ventaja competitiva espuria: quien destruye más rápido acumula más, y quien acumula más define las reglas del juego siguiente.

Por eso, el problema no se agota en nombres propios. Personalizar el proceso puede resultar eficaz en términos políticos, pero limita su comprensión. Lo que está en juego es una racionalidad más amplia que identifica bienestar con mercado, libertad con desregulación y progreso con expansión permanente. Al desconocer los límites que hacen posible la vida social y ecológica, esa racionalidad termina erosionando sus propias condiciones de posibilidad.

La discusión de fondo, entonces, no es entre regular o desregular. Toda sociedad regula, de una forma u otra. La cuestión decisiva es quién regula, cómo lo hace y dentro de qué límites. Si la regulación queda librada a dinámicas de mercado, tenderá a concentrar poder y a externalizar costos. Si, en cambio, se construye deliberadamente a partir de decisiones colectivas, puede orientarse a sostener la reproducción de la vida en condiciones de equidad y dentro de los límites que la hacen posible.

Esa construcción colectiva tiene una condición ineludible: la participación ciudadana y el control democrático sobre las decisiones que afectan los bienes comunes. Cuando la regulación se desplaza hacia el mercado, no solo cambian las reglas: desaparece la esfera pública donde esas reglas podían ser discutidas, impugnadas o transformadas. La opacidad no es un efecto secundario de la desregulación; es una de sus condiciones de funcionamiento. Por eso, recuperar capacidad regulatoria no es solo una cuestión técnica o institucional: es, ante todo, una cuestión democrática.

Desregular, en definitiva, es otra forma de regular. La pregunta es al servicio de quiénes, y dentro de qué límites.