Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

Desde hace décadas, el ecologismo carga con una acusación tan insistente como eficaz: ser portador de un discurso catastrofista, proclive a anunciar colapsos que nunca terminan de concretarse. La figura del “ecologista agorero” se ha vuelto un lugar común, una forma rápida de descalificar diagnósticos incómodos sin necesidad de discutirlos. Sin embargo, lejos de describir un rasgo objetivo, esta caracterización cumple una función política precisa: desplazar el eje del debate. No se trata de evaluar la consistencia de las advertencias ecológicas, sino de instalar la sospecha sobre quienes las formulan. Allí donde debería haber una discusión sobre procesos materiales —degradación de ecosistemas, desestabilización climática, agotamiento de recursos— aparece un juicio sobre tonos, intenciones o estados de ánimo.

Esta operación no es menor. Al reducir el problema a una cuestión de “exageración”, se evita confrontar con el núcleo de lo que está en juego: la creciente incompatibilidad entre la dinámica expansiva del sistema económico y las condiciones biofísicas que sostienen la vida. El señalamiento de “catastrofismo” no refuta, sino que neutraliza.

Pero el punto central no es ese. El problema no es el catastrofismo: es la negación organizada.

A diferencia de las formas clásicas de negacionismo —basadas en el rechazo explícito de los hechos—, la negación contemporánea opera de manera más sofisticada. No necesita desconocer la existencia de la crisis ecológica. Puede admitirla, incluso incorporarla retóricamente, siempre y cuando logre neutralizar sus implicancias. Se reconocen los síntomas, pero se desactiva su significado. Se acepta que hay cambio climático, pérdida de biodiversidad o estrés hídrico, pero se los presenta como desafíos gestionables dentro del mismo marco que los produce. El resultado es una forma de negación que no niega los datos, sino sus consecuencias.

En este contexto, la acusación de catastrofismo cumple un rol clave. Establece un límite de lo decible: todo aquello que ponga en cuestión la continuidad del modelo vigente es rápidamente etiquetado como exagerado, alarmista o irracional. No importa tanto si el diagnóstico es correcto; lo que importa es que resulte cultural y políticamente inadmisible. Así, la discusión se desplaza desde el contenido hacia la forma, desde la evidencia hacia la emocionalidad. El problema deja de ser la trayectoria del sistema y pasa a ser el “tono” de quienes la señalan.

Un caso paradigmático permite observar con nitidez esta dinámica: la reacción frente al Informe Meadows, publicado en 1972 bajo el título Los límites del crecimiento. Considerado casi de inmediato como una herejía contra la idea de progreso, el informe desató un escándalo transversal a todo el arco político e intelectual. No porque sus hipótesis hubieran sido refutadas de manera concluyente, sino porque cuestionaba el núcleo más sensible del imaginario moderno: la posibilidad de un crecimiento indefinido.

El contexto ayuda a entender la virulencia de la reacción. El informe irrumpió en un mundo que venía de más de dos décadas de expansión económica sostenida tras la Segunda Guerra Mundial. En ese clima de optimismo estructural, los límites —si es que existían— eran percibidos como lejanos, difusos o irrelevantes. Y, en caso de aparecer, se daba por sentado que la tecnología permitiría superarlos. El futuro, en ese marco, solo podía ser expansivo.

Frente a ese horizonte, el Informe Meadows introdujo una ruptura: mostró que la interacción entre crecimiento poblacional, industrialización, uso de recursos y contaminación podía conducir a escenarios de sobregiro y colapso. No como profecía, sino como resultado de dinámicas sistémicas. Lo que proponía era, en esencia, lo que hoy sigue resultando incómodo: que, en un planeta finito, el crecimiento material indefinido no es viable.

La reacción siguió un patrón que se volvería recurrente. Primero, sorpresa. Luego, debate. Y rápidamente, desplazamiento hacia el rechazo y la descalificación. Las críticas tempranas no lograron demostrar fallas estructurales en los supuestos del modelo, pero sí marcaron el tono de lo que vendría: una creciente agresividad que desbordó el plano científico para instalarse en el terreno político y cultural. No se discutía solamente el contenido del informe, sino su legitimidad para plantear el problema.

Se cuestionaron los métodos —particularmente el uso de modelos y simulaciones— aun cuando esas herramientas eran aceptadas en otros ámbitos de la economía. Se ridiculizaron las conclusiones. Se multiplicaron los ataques personales. La crítica dejó de ser un ejercicio de contraste para convertirse en una operación de desautorización. Lo que estaba en juego no era un modelo, sino la posibilidad misma de pensar en términos de límites.

En América Latina, la reacción adoptó una forma específica pero convergente. El informe fue interpretado como una amenaza al desarrollo, y la respuesta consistió en negar la existencia de límites físicos significativos. La consigna “la pobreza es el principal problema ambiental” funcionó como escudo discursivo: desplazó el problema desde la relación sociedad-naturaleza hacia la cuestión distributiva, sin cuestionar la lógica del crecimiento. El Modelo Mundial Latinoamericano, elaborado por la Fundación Bariloche, es un ejemplo claro de esta respuesta: confianza en la abundancia de recursos, fe en la tecnología, minimización de los límites ecológicos y reafirmación del crecimiento como horizonte.

Con el paso de las décadas, la estrategia de negación no desapareció: se transformó. En los años ochenta, los límites empezaron a ser admitidos, pero ubicados en un futuro lo suficientemente lejano como para no requerir acción. En los noventa, se reconoció que podían estar más cerca, pero se sostuvo que mercados y tecnologías los evitarían sin mayores dificultades. En los 2000, se aceptó que no siempre podían eludirse, pero se insistió en que la mejor respuesta era seguir creciendo para generar recursos con los cuales resolver los problemas. Hoy, frente a una crisis ya desplegada, la narrativa se invierte: si hubiéramos crecido más, no tendríamos estos problemas.

Esta evolución no refleja un avance en la comprensión del problema, sino una adaptación de la negación a condiciones cambiantes.

Mientras tanto, los intentos de desacreditar el Informe Meadows convivieron con evidencias crecientes de su pertinencia. Diversos trabajos comparativos mostraron que las tendencias observadas en el mundo real —crecimiento, presión sobre recursos, deterioro ambiental— seguían patrones consistentes con los escenarios modelizados, particularmente con aquellos que describían trayectorias de sobregiro. El problema no era que el informe estuviera “equivocado”, sino que señalaba dinámicas que resultaban estructuralmente incómodas.

Lo que este episodio revela es algo más profundo que un debate académico fallido. Muestra el funcionamiento de la negación organizada en estado puro. Frente a una advertencia fundada sobre límites sistémicos, la respuesta no fue su integración en la toma de decisiones, sino su neutralización cultural. Se discutió el mensajero, se caricaturizó el mensaje y se preservó intacto el marco que hacía necesario ese mensaje.

Aquí aparece una clave decisiva: cuando el ecologismo habla de colapso, no está anunciando un evento puntual ni formulando una profecía autocumplida. Está describiendo una trayectoria. El colapso es la consecuencia posible de una dinámica que sigue una secuencia relativamente simple: límites, excesos, consecuencias. Límites biofísicos que establecen umbrales; excesos productivos y consuntivos que los desbordan; consecuencias ecosociales que emergen como resultado. Negar esta secuencia no la invalida; solo posterga su reconocimiento.

Esto nos devuelve a la pregunta central: si sabemos lo suficiente como para identificar estas dinámicas, ¿por qué no actuamos en consecuencia?

La respuesta remite nuevamente a la negación organizada. No como error cognitivo, sino como estructura social. Persistimos en conductas que ignoran restricciones materiales porque esas conductas están profundamente integradas en el funcionamiento del sistema: competencia generalizada, mercantilización de los vínculos, consumismo como forma de pertenencia. En ese marco, el crecimiento económico deja de ser un medio y se convierte en una necesidad sistémica. La sociedad funciona como si estuviera atrapada en una lógica adictiva: necesita expandirse incluso cuando esa expansión erosiona sus propias bases.

A esta dinámica se suma una convicción persistente que funciona como soporte cultural de la negación: la certeza de que “alguien inventará algo”. Esta frase, aparentemente banal, condensa una verdadera cosmovisión. Expresa la confianza en que la innovación tecnológica permitirá evitar cualquier límite sin necesidad de revisar el rumbo. Así, la tecnología deja de ser un conjunto de herramientas para convertirse en una promesa de salvación. Se instala una forma de tecnolatría que vuelve innecesario —o incluso impensable— discutir la reducción del consumo, la reorganización de la producción o la transformación de los estilos de vida.

En ese marco, el repertorio de “investigación, desarrollo e innovación” opera como el núcleo simbólico de esta nueva fe secular. Frente a advertencias sobre dinámicas potencialmente catastróficas, se responde no con discusión, sino con desestimación: no hay motivos para preocuparse porque el ingenio humano encontrará soluciones. Este mensaje, tranquilizador y funcional, resulta socialmente mucho más aceptable que las implicancias incómodas de los diagnósticos ecológicos. No es que la sociedad ignore las advertencias: elige creer en aquello que le permite no actuar.

Pero esta confianza no es neutra ni inocua. La tecnología no es un instrumento externo al sistema social, ni un conjunto de herramientas que puedan utilizarse sin considerar sus efectos. Está profundamente atravesada por los valores, objetivos e intereses que organizan la vida económica y política. Su desarrollo bajo la lógica de la eficiencia, la productividad y la rentabilidad ha contribuido no solo a intensificar la presión sobre los ecosistemas, sino también a configurar formas de vida crecientemente dependientes, homogéneas y alienadas. El control, la estandarización y la pérdida de autonomía no son efectos colaterales, sino tendencias estructurales de un desarrollo tecnológico subordinado a la expansión económica.

Por eso, el problema no es la tecnología en sí misma, sino el lugar que ocupa y las funciones que se le asignan. No puede sustituir la complejidad de los ecosistemas ni resolver contradicciones que emergen de la propia lógica que la orienta. Pensar que cada límite será superado por un nuevo avance técnico implica desconocer tanto las restricciones materiales como los efectos acumulativos de esa misma dinámica.

Sin embargo, esta visión sigue siendo dominante. Conviven en ella tanto las élites tecnocientíficas —convencidas del poder de sus herramientas— como amplios sectores sociales que encuentran en esa promesa una fuente de tranquilidad. Se reactualiza así una vieja imagen: la de una abundancia garantizada, un “cuerno de la abundancia” moderno, sostenido ahora por la ciencia y la tecnología, que permitiría prolongar indefinidamente el crecimiento sin enfrentar sus consecuencias.

Desde esta perspectiva, el ambiente deja de ser un límite para convertirse en un problema técnico a resolver. Los recursos pueden agotarse, pero antes de que eso ocurra aparecerán sustitutos. Las crisis pueden agravarse, pero siempre habrá una solución en desarrollo. Esta creencia no elimina los límites: los vuelve invisibles.

No es casual que esta visión haya sido formulada con claridad desde los más altos niveles de poder. A comienzos de la década de 1990, el presidente estadounidense George Bush afirmó que el estilo de vida de su país no era negociable. Años más tarde, su sucesor sostuvo que los desafíos energéticos y climáticos serían resueltos mediante la tecnología. En ambos casos, la premisa es la misma: los problemas pueden resolverse sin alterar las bases materiales y culturales que los generan.

El resultado es una matriz de creencias que empuja a la sociedad a sostener comportamientos colectivamente destructivos: reducir el valor a su expresión monetaria, ignorar las consecuencias sobre otros, subordinar toda decisión a la lógica de la rentabilidad. En ese contexto, el homo economicus deja de ser una abstracción para convertirse en un patrón cultural dominante, funcional a la reproducción del sistema, pero crecientemente incompatible con la reproducción de la vida.

Pensar que, mediante más leyes, mejor gobernanza, ajustes de mercado o nuevas innovaciones tecnológicas podremos evitar el desmoronamiento del sistema es, ante todo, una creencia profundamente extendida. Atraviesa tanto al pensamiento neoliberal como a buena parte del progresismo, e incluso a sectores del ambientalismo. Pero no forma parte del núcleo del ecologismo. La ecología política se define precisamente, por lo contrario: por asumir que existen límites biofísicos que hacen inviable la continuidad del actual modelo productivista y por sostener, en consecuencia, la necesidad de advertir sobre las trayectorias de crisis y colapso que de allí se derivan. Si el ecologismo renunciara a esa función de advertencia, dejaría de ser ecologismo.

Desde esta perspectiva, las acusaciones de pesimismo o catastrofismo pierden sentido. El ecologismo no construye sus diagnósticos a partir de estados de ánimo, sino de la coherencia con su propio marco conceptual. Reconocer la existencia de límites implica necesariamente reconocer la posibilidad —y en muchos casos la probabilidad— de choques contra esos límites, con sus correlatos en forma de crisis, rupturas o colapsos. No se trata de una preferencia por el desastre, sino de la consecuencia lógica de asumir en serio las condiciones materiales del mundo en que vivimos.

Esto no significa que el ecologismo renuncie a la transformación. Por el contrario, sostiene la necesidad de una transición hacia formas de organización social convivenciales y sostenibles. Esa transición es pensada como deseable, urgente y posible. Pero también, dadas las inercias acumuladas del sistema —expresadas en dinámicas como el cambio climático, la degradación de la biodiversidad o el agotamiento de recursos energéticos—, aparece como cada vez más improbable en los tiempos requeridos. De allí que el colapso deje de ser una hipótesis marginal para convertirse en un horizonte plausible.

En ese marco, la acción ecologista no se orienta únicamente a evitar lo que quizás ya no pueda evitarse, sino también a reducir sus consecuencias. Se trata de intervenir en una doble dirección: por un lado, intentar modificar el rumbo de un sistema que avanza hacia su propia desestabilización; por otro, prepararse para escenarios de crisis, construyendo capacidades sociales que permitan amortiguar sus efectos. No es una política del derrotismo, sino de la responsabilidad frente a escenarios adversos.

El caso del Informe Meadows lo muestra con claridad: no fue refutado en sentido estricto; fue rechazado porque obligaba a pensar lo impensable. Como en la figura de Casandra, el problema no era la falta de evidencia, sino la imposibilidad cultural de aceptar sus implicancias.

Por eso, insistir en la figura del “ecologista agorero” no es un error inocente. Es una pieza clave de un dispositivo más amplio que permite reconocer la crisis sin actuar sobre sus causas. La negación organizada no impide ver; impide transformar.

El problema no es que el ecologismo exagere. El problema es que seguimos necesitando creer que está equivocado. Porque si no lo estuviera, lo que estaría en cuestión no sería el tono del diagnóstico, sino las bases mismas del mundo en que vivimos. Y frente a esa posibilidad, toda una cultura —sostenida en la fe en el crecimiento, el mercado y la tecnología— se organiza para no escuchar.

A tanta voluntad de desconocimiento, habrá que oponer alguna voluntad de verdad.