Entre la no asunción de compromisos vinculantes, la participación selectiva y el retiro de acuerdos clave, EE. UU. revela una incompatibilidad de fondo entre su modelo de desarrollo y la posibilidad de una gobernanza ambiental efectiva.

Por Carlos Merenson — La (Re) Verde

De la singularidad histórica a la excepción ecológica

¿Por qué la mayor potencia del mundo se niega a «jugar limpio» con el planeta? La pregunta no apunta a una anomalía pasajera sino a una regularidad profunda del orden internacional. El país que se presenta como líder global se sitúa, de manera sistemática, por fuera de los compromisos ambientales más exigentes: participa en su diseño, pero elude someterse a sus restricciones.

Este patrón —conocido como excepcionalismo estadounidense— no nació con ninguna administración en particular. Es una matriz estructural que opera desde hace décadas, con mayor o menor visibilidad según quién ocupe la Casa Blanca, pero con una lógica invariable: la creencia de que EE. UU. puede situarse por encima de las reglas comunes cuando estas entran en tensión con sus intereses estratégicos.

En el campo ambiental, esa lógica adopta su forma más crítica. Frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los bienes comunes, el excepcionalismo se reconfigura como una negativa sistemática a aceptar compromisos jurídicamente vinculantes: reducciones obligatorias de emisiones, restricciones al uso de energía fósil, reconocimiento de responsabilidades diferenciadas. Lejos de ser el resultado de vaivenes partidarios, esta postura se consolidó como política de Estado durante más de tres décadas, atravesando administraciones de distinto signo desde la Cumbre de Río de 1992 hasta hoy.

El «excepcionalismo ambiental» no expresa una mera divergencia diplomática. Expresa una incompatibilidad de fondo entre la principal potencia mundial y la posibilidad misma de reconocer los límites del planeta. Al autoexcluirse, EE. UU. no solo evita obligaciones: erosiona toda la arquitectura ecológica internacional y traslada el costo de su inacción al resto del mundo.

Esta lógica tiene también raíces culturales. La idea de una nación fundada en la expansión permanente, en la disponibilidad ilimitada de recursos y en la ecuación entre libertad y ausencia de restricciones ha moldeado una relación específica con la naturaleza: no como límite, sino como frontera a ser constantemente desplazada. En este imaginario, aceptar condicionamientos ecológicos externos implica no solo ceder soberanía, sino contradecir una narrativa histórica que ha convertido la excepcionalidad en identidad.

Tres décadas de evasión: una política de Estado bipartidaria

Desde 1992, la política exterior estadounidense demostró una consistencia notable en su rechazo a los regímenes ambientales vinculantes. Siete administraciones —republicanas y demócratas por igual— mantuvieron esa línea. No se trata de una deriva ideológica: es una política de Estado. Su lógica se articuló en tres movimientos.

Primer movimiento: firmar sin ratificar

EE. UU. participa en las negociaciones, moldea los textos a su favor y luego se niega a ratificar. Conserva influencia sin asumir ninguna obligación. Sus principales ausencias:

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): excluye al país del principal marco global para la conservación de la biodiversidad.

• Protocolo de Kioto: su firma seguida de no ratificación fue el rechazo histórico más explícito a los compromisos climáticos vinculantes.

• Convenio de Estocolmo: le permite evitar restricciones internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes y mantener libertad regulatoria para su industria química.

• Convenio de Rotterdam: elude el consentimiento fundamentado previo para el comercio internacional de plaguicidas y químicos peligrosos.

• Convenio de Minamata: lo exime de obligaciones sobre emisiones, uso y comercio de mercurio.

• Convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS): evita la gobernanza internacional de los bienes comunes oceánicos y los fondos marinos.

El impacto acumulado de estas ausencias es devastador. No son omisiones marginales: es una estrategia deliberada para mantenerse al margen de los espacios donde se negocian los límites reales a la expansión económica. El patrón es claro: EE. UU. no tiene problema con el multilateralismo; tiene problema con cualquier acuerdo que ponga límites concretos a su modelo productivo.

Segundo movimiento: participar sin obligarse

Si el primero consistía en no entrar, este consiste en entrar a medias: usar los beneficios de los regímenes internacionales sin quedar atado a sus obligaciones. La naturaleza, en esta lógica, es un recurso a administrar, nunca un límite a respetar.

1. Protocolo de Nagoya: rechazo al principio de reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos, un pilar de la justicia ambiental global.

2. Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea: su no ratificación le permite continuar exportando residuos peligrosos a países en desarrollo, eludiendo una prohibición diseñada para proteger a las naciones más vulnerables.

3. Convención del Derecho del Mar: aunque no es parte de UNCLOS, aplica «de facto» algunas de sus normas cuando le conviene —libertad de navegación, acceso a bienes comunes—, pero sin aceptar la sujeción jurídica plena.

Tercer movimiento: retirarse

La fase más reciente y más grave. Ya no se trata de no adherir: es una ruptura abierta con organismos de los que EE. UU. ya formaba parte. Un intento activo de deslegitimar y desmantelar los espacios de cooperación científica y ambiental global.

Organismo / Acuerdo	Significado del retiro
CMNUCC	Ruptura con la arquitectura climática internacional.
IPCC	Intento de deslegitimación del consenso científico sobre el cambio climático.
Plataforma IPBES	Abandono del principal órgano de evaluación científica sobre biodiversidad.
Comisión para la Cooperación Ambiental	Desmantelamiento de los mecanismos de cooperación regional.
UN Oceans	Rechazo a la gestión integral de los bienes marinos.
UN Water	Negación del agua como bien común global.

La progresión es elocuente: de la ausencia pasiva al sabotaje activo. Aunque esta trayectoria recorre décadas, durante la administración Trump adquirió una forma abierta y confrontativa. Lo que antes operaba de modo indirecto —no ratificar, dilatar, participar selectivamente— se volvió explícito. Más que una ruptura, fue la radicalización descarnada de una incompatibilidad que siempre estuvo ahí.

La raíz del conflicto: un modelo de desarrollo incompatible con el planeta

La conducta de EE. UU. no puede explicarse como falta de liderazgo. Es algo más profundo: una contradicción estructural entre su modelo de desarrollo —al que podemos llamar capitalismo fósil imperial— y cualquier marco que intente hacer efectivos los límites del planeta. EE. UU. no rechaza el multilateralismo en abstracto: lo promueve activamente cuando refuerza su poder. La línea de fractura aparece exactamente donde los acuerdos amenazan con limitar su extractivismo, su productivismo o su apropiación de bienes comunes.

Esta incompatibilidad no es solo teórica. EE. UU. concentra la mayor responsabilidad histórica en emisiones de carbono a nivel global, mantiene niveles de emisión per cápita muy por encima del promedio mundial, tiene una de las huellas ecológicas más elevadas del planeta y sostiene un patrón de consumo que no podría generalizarse sin exceder los límites biofísicos globales. Estos datos no son anomalías: son la base empírica de un modelo cuya reproducción depende de la disponibilidad continua de energía y recursos en magnitudes incompatibles con cualquier régimen de restricción ecológica efectiva.

De aquí surge la paradoja central del orden mundial: el Estado que más ha contribuido históricamente a la crisis ecológica es, al mismo tiempo, el que menos se somete a reglas comunes. Esta asimetría no es un fallo del sistema internacional: es uno de sus pilares. Y es, también, el principal obstáculo para cualquier gobernanza ambiental que pretenda ser algo más que decorativa.

Pero el excepcionalismo no solo implica autoexclusión: implica también la capacidad de externalizar los límites sobre otros. Mientras elude compromisos ecológicos vinculantes, EE. UU. sostiene —directa o indirectamente— mecanismos de coerción que restringen el margen de acción de países periféricos: sanciones económicas, control sobre el comercio, presión financiera. Las restricciones que no se aceptan internamente se proyectan hacia el exterior. Una geografía asimétrica de la obligación y la vulnerabilidad.

Esta incompatibilidad tiene raíces materiales profundas. La economía estadounidense está anclada en un entramado altamente intensivo en energía: el complejo fósil, el aparato militar como garante de su geografía energética, un sistema financiero ligado a dinámicas de crecimiento permanente. Aceptar límites ecológicos vinculantes no implicaría un ajuste regulatorio menor, sino una reconfiguración estructural de su patrón de acumulación. El excepcionalismo ambiental aparece así menos como una decisión estratégica contingente que como una necesidad sistémica.

La gobernanza ambiental en una encrucijada

¿Es posible construir una gobernanza global efectiva cuando el líder del sistema confunde la libertad con la ausencia de límites y sigue tratando al planeta como una frontera infinita a conquistar? La pregunta no es retórica: define el problema central de la política ambiental internacional.

El excepcionalismo ambiental de EE. UU. dejó la arquitectura de gobernanza global en un estado de fragilidad, asimetría e impotencia. No solo debilitó tratados específicos: pulverizó el principio mismo de responsabilidad común pero diferenciada. El resultado es un régimen jurídico que funciona —parcialmente— para todos menos para quien más tendría que cumplirlo.

Frente a este panorama, no faltan márgenes de acción para el resto del sistema. Los países del Sur Global pueden articular posiciones comunes en foros multilaterales, construir acuerdos regionales más exigentes, impulsar litigios climáticos y exigir el reconocimiento de responsabilidades históricas. Ese campo de disputa está abierto. Pero enfrenta un límite evidente: mientras las reglas del sistema internacional continúen subordinadas a las necesidades del núcleo hegemónico, cualquier iniciativa tenderá a ser parcial, fragmentaria, insuficiente para alterar la trayectoria.

En este contexto resulta particularmente significativa —e incongruente— la posición de países del Sur Global que, lejos de confrontar esa asimetría, optan por alinearse de manera acrítica con ella. El caso argentino es ilustrativo: el respaldo irrestricto a las políticas de la administración Trump —incluyendo aquellas que debilitan la arquitectura ambiental internacional— expresa una subordinación difícil de sostener desde el punto de vista de los propios intereses materiales y ecológicos del país. En lugar de fortalecer posiciones comunes orientadas a exigir responsabilidades diferenciadas, ese alineamiento refuerza exactamente la lógica que reproduce la desigualdad global.

La debilidad de la gobernanza ambiental no es solo una carencia institucional: en muchos aspectos es parte de su diseño. Los regímenes internacionales fueron configurados para gestionar la crisis sin interferir de forma sustantiva con las condiciones de reproducción del sistema que la genera. Más que imponer límites efectivos, tienden a administrarlos —mecanismos de mercado, compromisos voluntarios, metas no vinculantes— desplazando el problema sin resolverlo. La aparente impotencia no es solo un déficit: es también una expresión de su funcionalidad dentro del orden vigente.

Mientras persista esta incompatibilidad estructural entre el modelo de desarrollo hegemónico y la realidad de un planeta finito, cualquier esfuerzo de gobernanza ambiental global será una arquitectura bienintencionada pero impotente, insuficiente para hacer frente a la magnitud del colap