El campo ecosocial no carece de fuerza, sino de articulación. Mientras el productivismo opera con precisión estructural, la energía social que resiste el extractivismo aún no logra traducirse en poder sostenido. Pensar la convergencia ya no es una opción teórica: es una necesidad política urgente.

Por Carlos Merenson — La (Re) Verde

Existe una asimetría a la que debemos prestar particular atención: el campo productivista actúa articuladamente, el campo ecosocial no.

No se trata de una diferencia de valores ni de lucidez intelectual. Las corrientes que reconocen los límites del modelo —el ecologismo, el ecosocialismo, el ecologismo profundo, las cosmovisiones y luchas de los pueblos indígenas, el ambientalismo reformista, los ecofeminismos, las luchas territoriales, las corrientes ético-religiosas que abrazan los valores de la Encíclica Laudato si’ y aquellos que trabajan para instalar la agenda ambiental al interior de partidos y movimientos progresistas que aún no han logrado despojarse del utopismo productivista— tienen más claridad sobre lo que está en juego que cualquier tecnocracia extractivista. Pero claridad no es fuerza. Y fuerza, en política, requiere articulación.

Mientras tanto, el tiempo se acorta.

La asimetría real: no falta gente, falta arquitectura

Cuando liberales, desarrollistas y progresistas se sientan a discutir política minera, energética o agraria, sus diferencias ideológicas se diluyen rápidamente en un denominador común: la escala del metabolismo económico no se toca. Pueden discutir quién se queda con la renta, qué Estado interviene y cuánto, bajo qué banderas se justifica la extracción. Pero el extractivismo en sí rara vez está en cuestión.

Esto no es una conspiración. Es una convergencia estructural. A esa convergencia estructural hay que nombrarla con mayor precisión: opera como un verdadero bloque extractivista. No se trata solo de una coincidencia ocasional de intereses, sino de una articulación persistente —política, económica y cultural— que atraviesa gobiernos de distinto signo ideológico. Funcionarios que se presentan como antagónicos en casi todos los planos declaran y actúan con una notable sintonía cuando se trata de expandir la frontera extractiva, garantizar condiciones de inversión o desactivar resistencias territoriales. Este bloque no es únicamente parlamentario ni coyuntural: se expresa en marcos regulatorios, en discursos de desarrollo, en consensos mediáticos y en saberes técnicos que legitiman el productivismo como única vía posible. Su fortaleza no radica solo en los intereses que representa, sino en su capacidad de presentarse como sentido común.

Y no solo eso: es una convergencia que se apoya en una institucionalidad sedimentada durante décadas —Estados, marcos regulatorios, sistemas científico-técnicos, estructuras empresariales y sindicales— que operan como soporte material del productivismo. No necesita construirse desde cero en cada coyuntura: ya está inscripta en la forma misma en que se toman decisiones.

Y opera con una eficiencia que el campo ecosocial todavía no ha podido igualar.

Hay que empezar por reconocer lo que existe, porque ignorarlo sería un error político y analítico. El campo ecosocial en Argentina muestra una capacidad de convocatoria real y creciente. Más de 100.000 personas inscriptas para la audiencia pública por la ley de glaciares no es un dato menor, como tampoco lo es que más de 800.000 personas se hayan adherido a lo que ya es la más grande demanda colectiva de la historia: es una demostración de que la conciencia ecosocial tiene raíces profundas y alcance masivo. Las asambleas territoriales, las comunidades organizadas, los sectores científicos movilizados, las organizaciones sociales que confluyeron en el rechazo a esa reforma revelan un campo vivo, plural y con fuerza.

El problema, entonces, no es la fragmentación en el sentido de ausencia o debilidad. Es algo más preciso y difícil de resolver: la distancia entre la energía movilizada y la capacidad de traducir esa energía en poder estructural sostenido.

100.000 inscriptos en una audiencia pública pueden no alcanzar para torcer una decisión legislativa. Una movilización masiva puede ganar visibilidad y aun así perder en el Congreso, en los organismos técnicos, en la negociación política de fondo. No porque la gente falte, sino porque falta la arquitectura que convierte presencia en incidencia, reacción en iniciativa, movilización en poder duradero.

Es la diferencia entre una marea y un cauce. La marea existe, es real y es poderosa. El cauce —la capacidad de orientar esa fuerza hacia transformaciones estructurales— es lo que todavía está en construcción.

El campo productivista, en cambio, no necesita movilizar multitudes. Opera con precisión quirúrgica: identifica los nodos de decisión, alinea actores clave, construye argumentos técnicos, sostiene presión permanente. No gana por cantidad sino por arquitectura. Y esa asimetría —no de gente sino de organización— es la que el campo ecosocial necesita resolver.

La pregunta ya no es si hay suficiente gente dispuesta a defender los glaciares. Esa pregunta ya tiene respuesta. La pregunta es cómo hacer que esa disposición se traduzca en una fuerza capaz de disputar no solo cada reforma puntual sino la orientación general del modelo. Cómo pasar de defender lo que existe a construir lo que todavía no existe. De la resistencia a la propuesta. De la marea al cauce.

El sur global: una especificidad que no puede ignorarse

Para el campo ecosocial en América Latina, la asimetría tiene una capa adicional de complejidad. Aquí el productivismo no es solo una ideología: es una historia. Desde la colonia hasta el presente —economía de enclave, extractivismo desarrollista, extractivismo liberal, neoextractivismo progresista— el modelo ha sido siempre el mismo en lo esencial: exportar recursos naturales y quedarse con los pasivos ecosociales.

Esta herencia pesa sobre el campo ecosocial de una manera específica. Mientras en los países del norte industrializado el ecologismo puede plantear el decrecimiento como horizonte —un intento de poner los motores en reversa—, en el sur global la tarea es más urgente y compleja: prepararse para sobrevivir al choque inevitable, diseñar un modelo alternativo que no imite el insostenible camino de los países ricos ni reproduzca el extractivismo colonial que nos condiciona desde hace siglos.

Esto exige una honestidad incómoda: mientras se mantengan las presiones combinadas de la demanda de commodities y el peso de las deudas externas, la prédica ecosocial será resistida no solo por los gobiernos neoliberales, sino también por los gobiernos nacionales y populares atados a un desarrollismo anacrónico, y fundamentalmente por la gente. Si no es la gente la que quiere cambiar la sociedad, no habrá cambio real. Y la gente no cambiará si el campo ecosocial no logra construir una propuesta que capture el interés de las mayorías sin traicionar sus principios.

Esa propuesta está todavía pendiente. Construirla es parte de la convergencia.

Qué significa convergencia: no unanimidad, sino campo común

Converger no significa uniformar. No se trata de disolver las diferencias entre una asamblea patagónica, un colectivo feminista urbano y una organización sindical que discute la transición energética. Esas diferencias son reales y legítimas.

Pero tampoco se trata solo de convivir con ellas. Algunas expresan tensiones profundas —por ejemplo, entre la defensa de empleos ligados a economías fósiles y la necesidad de una transición ecosocial— que no pueden resolverse únicamente con apelaciones a la unidad. La convergencia implica también la capacidad de procesar esos conflictos sin que deriven en parálisis o fragmentación.

De lo que se trata es de construir un campo común suficientemente robusto como para sostener esa diversidad y esas tensiones a la vez.

Ocupar ese espacio requiere un núcleo compartido: un acuerdo sobre los límites biofísicos como condición de toda justicia social posible; sobre la imposibilidad de desescalar la desigualdad sin desescalar el metabolismo material; sobre la democracia como condición —no como obstáculo— de la transición. Y requiere, además, decisiones políticas concretas y una arquitectura organizativa a la altura del desafío.

Tres condiciones políticas para avanzar

Más allá de la arquitectura organizativa, la convergencia requiere decisiones políticas concretas.

La primera es nombrar el enemigo común con precisión. No “el capitalismo” en abstracto, sino el productivismo como lógica transversal —presente en las derechas y en muchas izquierdas— que subordina las condiciones biofísicas de la vida a la expansión del metabolismo económico. En el sur global, eso significa nombrar también el extractivismo en todas sus variantes, incluyendo las progresistas.

La segunda es construir lenguaje compartido sin borrar los lenguajes propios. El campo ecosocial habla desde marcos diversos: derechos de la naturaleza, límites planetarios, buen vivir, decrecimiento, justicia climática, ecología social. La dificultad no es su coexistencia, sino la incapacidad de traducirlos en consignas y sentidos políticos capaces de interpelar mayorías. La tarea es tejer puentes conceptuales sin imponer hegemonías discursivas, pero también sin renunciar a la eficacia política del lenguaje.

La tercera es pasar de la reacción a la iniciativa. El campo ecosocial lleva décadas respondiendo a cada ofensiva extractivista. Eso es necesario pero insuficiente. La convergencia real implica capacidad de agenda propia: proponer qué se produce, cómo, para quién y dentro de qué límites ecológicos. Disputar no solo lo que no queremos, sino lo que sí queremos.

La arquitectura de la convergencia

El campo ecosocial necesita una organización que sea a la vez más que un partido y más que una red: un espacio de regeneración cívica y democrática que repolitice la sociedad civil y civilice la sociedad política.

No se trata de un modelo cerrado, sino de una arquitectura posible en construcción, que articule al menos cuatro dimensiones.

La primera es la acción sostenida en el territorio: una red cooperativa política capaz de mantener activismo permanente, enraizado en comunidades, asambleas y movimientos, orientado hacia la construcción de una sociabilidad convivencial.

La segunda es la disputa electoral: un instrumento político ecosocial que posibilite la participación en los espacios de poder formal sin subordinar la agenda ecosocial a las lógicas electorales de corto plazo.

La tercera es la producción de pensamiento: un vivero de ideas, un foro de ecología política dedicado a construir el corpus teórico e ideológico capaz de dar sustento autónomo al proyecto.

La cuarta es la conducción colectiva: un ágora, un espacio de encuentro con capacidad de tomar decisiones estratégicas legítimas, que articule las tres dimensiones anteriores garantizando representatividad y pluralidad.

Esta arquitectura tiene que cumplir condiciones que no son negociables: convocar una confluencia amplia rechazando todo sectarismo; impedir la formación de burocracias que decidan desde arriba; garantizar la participación plena de todos sus integrantes; y ser capaz de producir sentido político, elaborar propuestas colectivas y lanzar el proyecto ecosocial como alternativa real.

El momento es ahora

Hay una tentación comprensible: esperar a tener más acuerdos antes de actuar juntos. Esa lógica es una trampa. La convergencia no se construye en abstracto: se construye en las luchas concretas, en los territorios donde el extractivismo avanza y donde el campo ecosocial tiene que decidir si actúa disperso o articulado.

Los glaciares no esperan. Los suelos degradados, las cuencas contaminadas, las comunidades desplazadas no esperan. Y la ventana que abre la crisis del sistema productivista tampoco esperará indefinidamente.

La pregunta ya no es si el sistema cambiará. Cambiará, porque sus propias contradicciones lo hacen inevitable. La pregunta es quién conduce ese cambio y hacia dónde. En el sur global, esa pregunta tiene una urgencia adicional: si el campo ecosocial no logra construir una alternativa capaz de convocar a las mayorías, el lugar vacío lo ocuparán el autoritarismo o la tecnocracia.

Nombrar la convergencia ecosocial en estos términos permite también precisar su horizonte: no se trata solo de coordinar acciones o articular agendas, sino de empezar a construir un verdadero contra-bloque ecosocial. Un espacio capaz de disputar, en el plano político, económico y cultural, la hegemonía del bloque extractivista. Esto implica algo más exigente que la unidad en la resistencia: supone la capacidad de producir sentido común, de incidir en las decisiones estratégicas y de ofrecer una alternativa materialmente viable para las mayorías. Sin esa escala de construcción, la energía ecosocial seguirá expresándose como marea —visible, intensa, incluso masiva— pero sin la capacidad de reconfigurar el cauce por el que fluye el modelo.

La brecha entre el problema que converge y la solución que todavía no lo hace no es un destino. Es una responsabilidad. Cerrar esa brecha —convertir la marea en cauce y la convergencia en contra-bloque— es la tarea política de este tiempo.