Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

La nueva Marcha Federal Universitaria no expresa únicamente un reclamo salarial o presupuestario. Lo que está en discusión es algo bastante más profundo: qué lugar ocuparán el conocimiento, la ciencia y la educación pública en una sociedad atravesada por la crisis ecológica, el ajuste permanente y la radicalización del mercado como principio ordenador de toda la vida social.

El conflicto universitario suele presentarse como una disputa sectorial entre el gobierno y la comunidad educativa. Sin embargo, leído desde la ecología política, forma parte de una confrontación histórica mucho más amplia: la tensión entre una sociedad organizada alrededor de la rentabilidad inmediata y otra capaz de sostener condiciones materiales, culturales y democráticas de reproducción colectiva en el largo plazo.

En un contexto de crisis climática, degradación de ecosistemas, agotamiento energético y expansión extractiva, gran parte de las advertencias más incómodas para el poder económico provienen precisamente del sistema científico y universitario. Los estudios sobre contaminación, pérdida de biodiversidad, impacto sanitario de agrotóxicos, desertificación, colapso hídrico o límites biofísicos del crecimiento raramente emergen de los directorios empresariales. Emergen, en gran medida, de universidades públicas y organismos científicos.

Por eso el desfinanciamiento universitario no puede separarse del clima político y cultural más general que atraviesa la época. El problema no es solamente presupuestario. También es epistemológico y civilizatorio.

Cuando la lógica mercantil se vuelve criterio absoluto, el conocimiento deja de ser un bien público y pasa a valorarse exclusivamente por su rentabilidad inmediata. Aquello que no produce ganancias rápidas pierde legitimidad social. Filosofía, ciencias sociales, investigación básica, ciencias ambientales o estudios críticos comienzan a ser presentados como gastos improductivos.

La propia idea de universidad como espacio de pensamiento crítico entra entonces en crisis.

Desde la perspectiva ecosocial, este proceso forma parte de algo más amplio: la consolidación de una racionalidad productivista extrema que considera que todo debe subordinarse al crecimiento económico, la competitividad y la acumulación. Bajo esa lógica, incluso la educación superior deja de concebirse como derecho colectivo y pasa a entenderse como inversión privada orientada al mercado laboral.

La paradoja es profunda: la crisis contemporánea exige exactamente lo contrario.

Nunca como ahora la humanidad necesitó más capacidad científica, más pensamiento complejo y más reflexión interdisciplinaria. Nunca fue tan necesaria una comprensión integrada de energía, clima, economía, tecnología, biodiversidad y justicia social. Sin embargo, el paradigma dominante responde debilitando precisamente las instituciones capaces de producir ese conocimiento.

Esto no significa idealizar a las universidades.

Las propias universidades han sido, muchas veces, reproductoras del imaginario productivista.

Ingenierías diseñadas para intensificar el extractivismo, agronomías subordinadas al agronegocio químico, economías construidas sobre el dogma del crecimiento perpetuo y modelos urbanos energéticamente inviables forman parte también de la estructura universitaria contemporánea.

Defender la universidad pública no implica negar esas contradicciones. Implica reconocer que, aun con ellas, sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía puede disputarse democráticamente el sentido del conocimiento y del futuro.

La discusión de fondo no es solamente cuánto presupuesto recibe la universidad. La verdadera pregunta es para qué tipo de sociedad —y con qué valores— se produce conocimiento.

Una universidad subordinada íntegramente al mercado probablemente profundice el actual modelo de destrucción ecológica acelerada. Una universidad transformada desde una perspectiva ecosocial podría, en cambio, convertirse en herramienta central para una transición civilizatoria basada en suficiencia, justicia distributiva, democracia sustantiva y respeto por los límites biofísicos.

Por eso la marcha universitaria excede ampliamente el ámbito académico. Expresa una disputa sobre el tipo de racionalidad que organizará la sociedad argentina en las próximas décadas.

Cuando se degrada la universidad pública no solo se deteriora una institución educativa. También se debilita la capacidad colectiva de comprender la crisis histórica en la que ya estamos entrando.

Y una sociedad que pierde su capacidad de comprender sus propios límites termina avanzando hacia ellos a ciegas.