De la conversión de bosque a la destrucción de glaciares: cómo la protección se convierte en umbral negociable

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

Hay procesos que, observados por separado, parecen debates técnicos o conflictos sectoriales. Pero cuando se los pone en relación, revelan una lógica más profunda. Lo que hoy ocurre con la Ley de Glaciares en Argentina no es un episodio aislado: es la continuación, en otro territorio, de un patrón que ya vimos desplegarse con los bosques nativos. Un mismo movimiento, dos momentos distintos de una misma frontera.

En el caso de los bosques, la historia es conocida. Desde principios del siglo XX y hasta nuestros días, la expansión de la agricultura avanzó a expensas de las masas forestales nativas y otros ecosistemas complejos. Ese proceso no se presentó como destrucción, sino como desarrollo. Se apoyó en argumentos técnicos, en la mejora de rendimientos, en la necesidad de generar divisas. El bosque dejó de ser un sistema vivo para convertirse en “tierras de baja productividad”.

Cuando finalmente se establecieron mecanismos de ordenamiento territorial, el daño ya estaba consumado. Con una cubierta forestal menor al 10% de nuestro territorio continental, Argentina se transformó —tal como lo califica la FAO— en un “País con Cubierta Forestal Reducida” y, en consecuencia, nuestras masas forestales nativas ya no bastan para garantizar la sostenibilidad de los componentes y procesos fundamentales imprescindibles para la supervivencia y el desarrollo. A esto se suma que el 76% del territorio nacional se encuentra en condiciones de aridez y semiaridez, lo que agrava aún más la fragilidad estructural del sistema.

Pero incluso cuando se intentaron establecer mecanismos de protección mediante la Ley 26.331, la lógica no se alteró: las categorías de protección se volvieron flexibles, las excepciones se multiplicaron, y la frontera siguió desplazándose, más lentamente, pero sin cambiar de dirección. El límite nunca fue absoluto; siempre estuvo sujeto a revisión.

Lo que hoy se discute en torno a los glaciares reproduce esa misma estructura, pero en una fase distinta. A diferencia de los bosques, donde la transformación ya ocurrió de manera masiva, los ambientes glaciares y periglaciares aún conservan un régimen de protección relativamente robusto. Y es precisamente eso lo que está en cuestión.

El argumento que impulsa la modificación de la ley se presenta como técnico: la necesidad de mayor “precisión científica”. Se plantea que ciertas definiciones son demasiado amplias, que no todo ambiente periglacial cumple una función hídrica relevante, que es necesario evaluar caso por caso. En apariencia, se trata de mejorar la calidad de la regulación.

Sin embargo, tal como surge de las propias intervenciones realizadas en la audiencia pública, este enfoque no se limita a una discusión metodológica. La introducción de criterios como la “función hídrica relevante” no apunta únicamente a conocer mejor el territorio, sino a redefinir qué partes de ese territorio merecen ser protegidas. Es un desplazamiento sutil pero decisivo: de una lógica de límites a una lógica de umbrales. Ya no hay zonas donde ciertas actividades están prohibidas; hay zonas donde pueden autorizarse bajo determinadas condiciones.

Este cambio no es menor. En el caso de los bosques, ese pasaje ya ocurrió: lo que comenzó como protección terminó convertido en gestión del uso. En los glaciares, estamos viendo ese mismo giro en tiempo real. La diferencia es que aquí todavía se discute antes de que la transformación sea irreversible.

Hay otro elemento que refuerza la analogía. En ambos casos, la ciencia ocupa un lugar central, pero no como límite, sino como herramienta de habilitación. En los bosques, se invocaron criterios de productividad, de aptitud del suelo, de compensaciones posibles. En los glaciares, aparecen métricas de aporte hídrico, evaluaciones de impacto, modelizaciones específicas. El conocimiento no detiene la intervención: la organiza.

A esto se suma un argumento particularmente problemático: la apelación a la inevitabilidad. Así como en el avance agrícola se sostuvo que la expansión era necesaria, casi natural, en el caso de los glaciares se introduce la idea de que su retroceso —producto del cambio climático— relativiza la necesidad de protección. Si el deterioro ya está en curso, se sugiere, entonces las restricciones pueden flexibilizarse. Es la misma lógica en dos versiones: lo que no se puede evitar, se administra.

Pero lo más relevante no está en los argumentos, sino en lo que los sostiene. Tanto en la transformación de los bosques como en la presión sobre los glaciares, lo que aparece es una misma racionalidad: la dificultad —o la negativa— de establecer límites no negociables a la expansión productiva. El sistema reconoce el valor ecológico de estos territorios, pero lo subordina sistemáticamente a su aprovechamiento económico.

En este sentido, los glaciares representan hoy una frontera. No solo geográfica, sino política y conceptual. Son uno de los pocos espacios donde todavía existe un “no” relativamente claro. Y es precisamente ese “no” el que se intenta convertir en un “depende”.

La experiencia de los bosques debería funcionar como advertencia. No porque los procesos sean idénticos, sino porque responden a la misma lógica. Allí donde el límite se vuelve negociable, la frontera termina corriéndose. A veces de manera abrupta, otras de forma gradual, pero siempre en la misma dirección.

Pero hay algo más que esa experiencia también nos enseña: una vez que el desplazamiento se consolida, revertirlo se vuelve extremadamente difícil. Los instrumentos llegan tarde, las categorías se adaptan a lo ya transformado y la política queda reducida a gestionar las consecuencias.

Por eso, lo que está en discusión hoy no es solo una ley ni una definición técnica. Es si esa secuencia —primero flexibilizar, después intervenir, finalmente lamentar— va a repetirse una vez más.

Entre los bosques ya transformados y los glaciares aún protegidos no hay solo una analogía: hay una advertencia histórica en tiempo real. Y lo que las propias voces surgidas en la audiencia pública dejaron en evidencia es que el debate no gira en torno a cómo proteger mejor, sino a cuánto estamos dispuestos a ceder.

En ese punto, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve decisiva: si los límites pueden redefinirse cada vez que entran en tensión con la expansión productiva, entonces ya no son límites. Y cuando los límites dejan de ser tales, lo que entra en crisis no es solo un ecosistema, sino la propia capacidad de una sociedad para sostener condiciones de habitabilidad en el tiempo.