Por qué el nuevo informe del PNUMA no es un nuevo desafío, sino la constatación de un fracaso histórico
Por Carlos Merenson — La (Re) Verde
Se acaba de presentar el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return, que marca un quiebre definitivo: hemos transitado de la gestión del riesgo a la administración del fracaso. Este documento no es una simple actualización técnica, sino la formalización de un «cambio semántico» que representa una derrota política histórica. Al organizar la política global en torno al overshoot —el rebasamiento temporal del límite de 1,5 °C—, la ONU admite que el objetivo que definió la ambición internacional es ahora un territorio que ya estamos habitando. La historia de la política climática se revela así, como una progresiva reducción de expectativas, donde lo que antes era un límite infranqueable se convierte hoy en una crisis que debemos aprender a gestionar.
El overshoot —el rebasamiento temporal de un determinado nivel de calentamiento, seguido eventualmente por un pico, un descenso y una estabilización— no es un concepto meramente científico: es, en cierto sentido, el broche de oro de una historia de fracasos acumulativos.
Las diferentes caras del overshoot
El término overshoot —rebasamiento o sobrepasamiento— no apareció con el informe del PNUMA de septiembre de 2026. Lleva décadas circulando en el lenguaje de la ecología, la economía y la ciencia de sistemas. Su inclusión en el título del informe Limiting Overshoot no es una novedad conceptual; es, más bien, el reconocimiento tardío de una trayectoria que ya había sido anticipada.
El concepto tiene una genealogía precisa. En 1972, el informe Los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma al MIT y conocido como el «Informe Meadows», utilizó el término overshoot para describir una de las trayectorias posibles del modelo mundial: aquella en la que la humanidad supera la capacidad de carga del planeta y solo logra retornar a niveles sostenibles después de un colapso demográfico e industrial. El modelo mostraba que, si la economía y la población continuaban creciendo exponencialmente, el overshoot era inevitable. El informe no era una profecía, sino una advertencia: un escenario posible si no se modificaban las tendencias.
Más de medio siglo después, el overshoot dejó de ser una hipótesis de modelado para convertirse en una realidad institucionalmente reconocida. El PNUMA no está descubriendo el concepto; está constatando que el mundo ha recorrido exactamente la trayectoria que el Informe Meadows describió como una de las posibles.
El término también ha sido utilizado en la ecología política y en la economía ecológica para describir la situación en la que la demanda humana de recursos y servicios ecosistémicos excede la capacidad de regeneración de la biosfera. El Overshoot Day —el día del año en que la humanidad agota el presupuesto ecológico anual del planeta— es un ejemplo cotidiano de este lenguaje. En 2025, el Overshoot Day global cayó el 31 de julio, lo que significa que la humanidad consumió los recursos naturales disponibles para todo el año en apenas siete meses, y el resto del año operó en «crédito ecológico».
Lo que hace relevante esta genealogía es que muestra que el overshoot no es una sorpresa ni un descubrimiento reciente. Es un concepto que la ciencia lleva décadas utilizando para describir una dinámica conocida. La novedad no es el término, sino que el PNUMA, una agencia del sistema de Naciones Unidas, lo haya adoptado como marco para organizar la política climática internacional.
Hasta hace pocos años, la diplomacia climática se negaba a reconocer la posibilidad de superar 1,5 °C. Los acuerdos internacionales se redactaban como si el límite pudiera mantenerse si los Estados aumentaban su ambición. El lenguaje de las negociaciones evitaba mencionar el overshoot porque hacerlo implicaba aceptar que el objetivo podía no cumplirse. Ahora, el mismo sistema que durante décadas evitó el término lo ha colocado en el centro de su diagnóstico.
Ese cambio lingüístico no es neutral. Cuando una institución como el PNUMA adopta el overshoot como categoría central, está realizando una operación política: está reconociendo que la trayectoria anterior —la que intentaba evitar la superación del límite— ha fracasado, y que la nueva tarea es gestionar las consecuencias de ese fracaso.
Pero el overshoot no es solo un concepto climático. Es también un concepto ecológico sistémico que describe el comportamiento de sistemas complejos que superan sus límites y solo pueden retornar a un estado sostenible después de sufrir daños, a veces irreversibles. El overshoot no es una fase más del ciclo económico; es una señal de que el metabolismo material de la civilización ha chocado con los límites biofísicos de la biosfera.
Por eso, cuando el PNUMA habla de limitar el overshoot, está asumiendo una tarea que en 1972 el Informe Meadows ya había identificado como necesaria: reconocer que la humanidad está operando por encima de la capacidad de carga del planeta y que, a partir de ese reconocimiento, debe decidir cómo gestionar el retorno a un territorio sostenible.
El problema es que el Informe Meadows advertía que el overshoot podía evitarse si se actuaba a tiempo. Ahora, el PNUMA reconoce que ya no es posible evitarlo, solo administrarlo. La diferencia entre una advertencia y una constatación es, precisamente, la diferencia entre una política que aún podía elegir y una política que ya solo puede gestionar.
La historia del fracaso: de 1994 a 2026
La evolución de las emisiones mundiales de CO₂ desde los comienzos de la industrialización presenta un cambio decisivo a partir de mediados del siglo XX: en apenas unas siete décadas, las emisiones anuales pasaron de unos 6.000 millones de toneladas a más de 35.000 millones. Es el período en el que se consolida la sociedad de consumo de masas y se expande globalmente un modelo económico basado en la producción creciente, el consumo masivo y un uso cada vez mayor de combustibles fósiles. La llamada Gran Aceleración no fue, por lo tanto, solamente demográfica o tecnológica: fue también la aceleración del metabolismo material y energético de la economía mundial. La verdadera crisis climática comenzó cuando la economía mundial adquirió una velocidad tal que la biosfera no pudo sostenerla.
Evolución de las emisiones globales de CO₂ (1850-2024). Fuente: Global Carbon Project / NOAA. Elaboración propia
Sin embargo, para comprender cabalmente el fenómeno es vital distinguir entre el flujo (las emisiones anuales de gases de efecto invernadero) y el stock acumulado (la concentración atmosférica). El crecimiento constante de las emisiones se tradujo de manera inevitable en una mayor concentración atmosférica de CO₂. Es precisamente a la luz de esta acumulación donde se puede verificar el estruendoso fracaso de las negociaciones internacionales. De allí que el informe del PNUMA, lejos de descubrir algo inédito, asume una realidad que podía comprobarse desde hace décadas. En todo caso, Limiting Overshoot tiene una importancia política particular: es probablemente la primera confesión institucional de ese fracaso. La comunidad internacional ya no discute cómo evitar el rebasamiento de 1,5 °C, sino cómo limitarlo, atravesarlo y, eventualmente, retornar a ese nivel. El cambio de lenguaje es la evidencia inapelable de cuánto se han reducido las expectativas.
La evolución de la concentración atmosférica de CO₂ constituye un indicador cuantitativo particularmente contundente de este proceso. No mide por sí sola el cumplimiento de cada acuerdo ni reemplaza el análisis de las emisiones de otros gases de efecto invernadero, pero registra el resultado acumulado de décadas de emisiones y la insuficiencia estructural de las remociones. Los acuerdos internacionales pueden interpretarse, justificarse o relativizarse; la atmósfera, en cambio, responde a una contabilidad física: el carbono que permanece en ella se acumula y modifica progresivamente las condiciones del sistema climático.
Dos años después de la presentación del primer informe del IPCC, en junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en la que se aprobó el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo último era la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. La Convención entró en vigor en 1994. Ese año, la concentración media anual de CO₂ registrada en Mauna Loa era de aproximadamente 358,5 ppm.
Pero las concentraciones continuaron aumentando. En 1997, ante la insuficiencia de los compromisos voluntarios, se aprobó el Protocolo de Kioto, que estableció compromisos cuantificados de reducción de emisiones para un grupo de países desarrollados. En ese momento, la concentración de CO₂ ya había alcanzado aproximadamente 363,5 ppm. El nuevo instrumento tampoco consiguió modificar la tendencia global de acumulación.
Entre 1990 y 2010, mientras la comunidad internacional llevaba ya casi dos décadas construyendo instituciones, protocolos y mecanismos de negociación, las emisiones mundiales de CO₂ aumentaron aproximadamente un 61 %. La economía mundial no había comenzado a recorrer una trayectoria sostenida de reducción de emisiones; por el contrario, continuaba expandiendo su utilización de combustibles fósiles.
La concentración atmosférica siguió la misma trayectoria. En 2009, en la Cumbre de Copenhague, la concentración de CO₂ ya rondaba las 387,4 ppm. El fracaso político de Copenhague no fue un episodio aislado: fue otra manifestación de una dificultad instalada en el corazón de las negociaciones. Los Estados reconocían la gravedad del problema, pero no conseguían implementar las transformaciones necesarias para modificar la trayectoria material de la economía mundial.
Seis años después, en 2015, la concentración de CO₂ había alcanzado 400,8 ppm. Ese fue el año del Acuerdo de París, presentado como un salto cualitativo de la gobernanza climática para limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C. Pero la curva atmosférica volvía a mostrar la distancia entre la ambición declarada y la transformación efectiva: el umbral de 400 ppm ya había sido superado y la acumulación no se detuvo.
El problema no era la ausencia de objetivos ni la falta de conocimiento científico. Tampoco faltaron conferencias, protocolos, acuerdos, declaraciones presidenciales ni mecanismos financieros. Lo que faltó fue la transformación económica, energética, productiva y social capaz de convertir esos compromisos en una reducción efectiva de la presión sobre la atmósfera.
En 2021, durante la COP26 de Glasgow, la concentración de CO₂ alcanzaba 416,4 ppm. En 2022 llegó a 418,5 ppm; en 2023, a 421,1 ppm, y en 2024 alcanzó 424,6 ppm. En apenas nueve años desde el Acuerdo de París, la concentración había aumentado casi 24 ppm.
La siguiente tabla sintetiza con claridad la paradoja existente entre los acuerdos diplomáticos alcanzados y el acelerado deterioro atmosférico:
| DECENIO | Tasa media de crecimiento del CO₂ (ppm/año) | Principales hitos de la política ambiental y climática |
| 1960–1969 | 0,82 | — |
| 1970–1979 | 1,30 | Estocolmo-72 |
| 1980–1989 | 1,59 | Informe Brundtland (1987) |
| 1990–1999 | 1,48 | Río-92; entrada en vigor de la CMNUCC (1994); Protocolo de Kioto (1997); COP 1–5; informes del IPCC |
| 2000–2009 | 1,90 | Cumbre de Johannesburgo (2002); COP 6–15; informes del IPCC |
| 2010–2019 | 2,38 | Río+20 (2012); Acuerdo de París (2015); COP 16–25; informes del IPCC |
| 2020–2025* | ~2,6 | COP 26–30; Pacto Climático de Glasgow (2021); COP 27 (2022); COP 28 y primer Balance Mundial (2023); COP 29 (2024); COP 30 (2025) |
* Estimación basada en el período 2021-2024 (datos NOAA: 416,4 ppm en 2021; 418,5 en 2022; 421,1 en 2023; 424,6 en 2024).
La tabla expone el fracaso de la gobernanza ambiental: mientras las COP e instrumentos diplomáticos se multiplicaron, la velocidad de acumulación de CO₂ en la atmósfera se aceleró, pasando de 1,3 ppm/año en los años setenta a aproximadamente 2,6 ppm/año en la presente década. La gobernanza climática se expandió mientras la acumulación atmosférica de carbono se aceleró.
Las ilusiones que fracasaron
Una de las premisas implícitas de buena parte de la política climática internacional fue que sería posible mantener las características esenciales del modelo económico vigente y, simultáneamente, reducir sus impactos ambientales mediante eficiencia, innovación tecnológica, sustitución de fuentes energéticas y nuevas formas de regulación.
No era una hipótesis absurda. La eficiencia energética, las energías renovables, la electrificación y la innovación tecnológica son indispensables. El problema aparece cuando esas herramientas dejan de ser instrumentos de una transformación más profunda y pasan a convertirse en la promesa de que la transformación no será necesaria.
Durante años se instaló así una expectativa tranquilizadora: la economía podía continuar creciendo, el consumo podía continuar expandiéndose, la extracción de recursos podía continuar aumentando y la tecnología se ocuparía de resolver las consecuencias ambientales. Era una suerte de fe en la capacidad de desacoplamiento absoluto entre crecimiento económico y presión ecológica.
Podríamos llamarlas tecnolatría y mercadolatría. La primera deposita en la innovación tecnológica una confianza casi ilimitada para resolver contradicciones que tienen raíces sociales, económicas y ecológicas. La segunda deposita una confianza equivalente en la capacidad del mercado para asignar recursos, orientar inversiones y resolver problemas que requieren decisiones colectivas sobre límites, prioridades y distribución.
Ambas comparten un supuesto más profundo: que no es necesario discutir los límites del sistema económico porque siempre aparecerá algún mecanismo capaz de ampliar esos límites o de neutralizar sus consecuencias. El cambio climático demostró los límites de esa esperanza.
Detrás de esas ilusiones no había solo errores de cálculo. Había intereses muy concretos: las compañías de combustibles fósiles, los conglomerados agroindustriales, las élites financieras que durante décadas invirtieron en desinformación, captura regulatoria y bloqueo de las políticas que amenazaban sus rentas. El fracaso climático no fue un accidente. Fue el resultado de que esos intereses fueran más poderosos que la evidencia científica.
El Negacionismo Climático mata
No es una metáfora. No es una exageración retórica. Es una constatación empírica: el negacionismo climático mata. Y mata de manera silenciosa, como las olas de calor que se llevan miles de vidas sin hacer ruido; y mata de manera estrepitosa, como las inundaciones que arrasan ciudades enteras.
El negacionismo no es una opinión legítima entre otras. Es una ideología de la muerte que, durante décadas, ha bloqueado sistemáticamente las transformaciones necesarias para reducir las emisiones y proteger a las poblaciones vulnerables. Y su principal función ha sido proteger los intereses de la industria de los combustibles fósiles.
Los muertos del calor
El calor extremo es el asesino silencioso del cambio climático. Un informe de «World Weather Attribution» reveló que, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la mitad de la población mundial experimentó al menos 30 días de calor extremo adicionales atribuibles al cambio climático . El verano de 2025 en Europa fue especialmente letal: las olas de calor vinculadas al cambio climático causaron 16.500 muertes adicionales .
En el Reino Unido, las muertes relacionadas con el calor en veranos cálidos ya oscilan entre 1.300 y 3.000, y las proyecciones indican que podrían superar las 10.000 anuales en 2050 si no se toman medidas . Como advirtió Julia King, miembro del Comité de Cambio Climático británico, «el Reino Unido está en negación sobre la gravedad del cambio climático, particularmente en lo que respecta al calor extremo» .
Las olas de calor no son un fenómeno natural: son el resultado directo de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esa acumulación no es un accidente; es el producto de un modelo económico que ha priorizado las ganancias de la industria fósil por encima de la vida humana.
Las inundaciones que el negacionismo agravó
El caso de Brasil en mayo de 2024 es paradigmático. El estado de Rio Grande do Sul sufrió las peores inundaciones de su historia: 95% de los municipios afectados, 2 millones de personas damnificadas, más de medio millón de desplazados y 178 muertos confirmados . La capital, Porto Alegre, fue una de las ciudades más afectadas.
Pero lo que hace este caso especialmente relevante es que el gobierno estatal sabía lo que venía y no actuó. Como documentó la revista médica The BMJ, las inundaciones extremas eran una consecuencia directa del calentamiento de los océanos, que alteró los patrones de lluvia aumentando la frecuencia de tormentas y el volumen de precipitaciones . Sin embargo, la inversión en prevención de inundaciones no había seguido el ritmo del riesgo creciente. El gobernador del estado, Eduardo Leite, lo admitió en una entrevista: «Los estudios advertían, pero el gobierno también tiene otras prioridades» .
Esa frase —»el gobierno tiene otras prioridades»— es la esencia del negacionismo en su forma más letal. No es la negación burda de la ciencia; es la negación práctica: saber que el peligro existe y decidir no actuar porque otros intereses —económicos, políticos, ideológicos— pesan más que la vida de las personas.
El gobernador y el alcalde de Porto Alegre fueron elegidos con agendas neoliberales que implementaron políticas de reducción de servicios públicos y flexibilización de regulaciones ambientales, principalmente en la agricultura y la planificación urbana . Esas políticas minaron la capacidad del estado para prepararse y responder a la emergencia climática. Mientras tanto, la población civil —ante la ausencia de respuesta estatal— se organizó para rescatar personas, montar refugios y cocinar alimentos, demostrando que la solidaridad puede suplir lo que el negacionismo niega .
El caso de Nepal: el Himalaya se desmorona mientras el negacionismo mira hacia otro lado
El 26 de agosto de 2026, el mundo recibió una nueva evidencia de que el negacionismo climático es una política de muerte. Un colapso glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet desencadenó una avalancha de hielo y rocas que, al precipitarse por el valle, arrasó todo a su paso. La corriente de agua, lodo y escombros —que los expertos describieron como «hormigón líquido» en movimiento— recorrió el río Bhotekoshi y sus afluentes, destruyendo puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas y pueblos enteros .
La magnitud de la tragedia es difícil de asimilar. A una semana del desastre, el número de víctimas mortales confirmadas superaba las 1.250 personas, mientras que casi 4.000 permanecían desaparecidas . En el lado chino del Tíbet, se reportaban al menos 31 muertos y 531 desaparecidos . Los equipos de rescate, desbordados, buscaban cuerpos entre los escombros mientras las familias realizaban funerales simbólicos por sus seres queridos, muchos de ellos trabajadores de las obras hidroeléctricas que quedaron atrapados bajo tierra . Los daños a la infraestructura superaban los 2.600 millones de dólares .
El origen del desastre no deja lugar a dudas sobre su causalidad. El Servicio Geológico de Estados Unidos determinó que la energía sísmica registrada no provenía de un terremoto, sino de un colapso glaciar masivo . Los glaciares del Himalaya, el «Tercer Polo» del planeta, están derritiéndose a un ritmo acelerado debido al calentamiento global. Nepal, un país que emite menos del 0,1% de los gases de efecto invernadero del mundo, es uno de los más vulnerables a las consecuencias de ese calentamiento que no provocó .
«Nepal está pagando el precio definitivo por una crisis global que no creó», declaró el ministro de Asuntos Exteriores nepalí, Shisir Khanal, al anunciar que el país buscaría compensación por pérdidas y daños en los foros internacionales . «El rápido derretimiento de los glaciares y estos catastróficos tsunamis de montaña son consecuencias directas del cambio climático global», añadió . El primer ministro Balendra Shah, al dirigirse al Parlamento, subrayó que la responsabilidad de gestionar los impactos de esta catástrofe «es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional» .
La tragedia de Nepal, sin embargo, no es un acto fortuito de la naturaleza. Es también el resultado de decisiones políticas concretas que encarnan la esencia del negacionismo letal. En enero de 2025, el gobierno de Donald Trump suspendió la financiación del programa SERVIR-Hindu Kush Himalaya, una iniciativa conjunta de la NASA y USAID que durante más de una década había monitoreado zonas de riesgo de deslizamientos en la región . El recorte de fondos, justificado por «cambios en las prioridades de la ayuda exterior», detuvo los esfuerzos para mejorar la «conciencia situacional sobre los deslizamientos de tierra» y la «detección del movimiento de las laderas para realizar pronósticos» .
Como admitió el exdirector del proyecto, Birendra Bajracharya, el programa probablemente no habría podido prevenir el colapso glaciar —un fenómeno difícil de predecir— pero su conocimiento y sus mapas de zonas inundables podrían haber salvado vidas al permitir una mejor preparación de las comunidades río abajo . La eliminación de esos recursos fue, en la práctica, una condena a muerte para muchas de las víctimas. El negacionismo del gobierno estadounidense, al priorizar el recorte de la cooperación internacional sobre la prevención de desastres, mostró su rostro más cruel.
La nueva derecha y su alianza con los «carbotraficantes»
El negacionismo climático no es un fenómeno espontáneo. Tiene un origen económico y una estructura organizada. Como ha documentado el científico climático Katharine Hayhoe, las compañías de combustibles fósiles han sabido durante décadas que sus productos causan el cambio climático. Un registro de 45 años de sus propias declaraciones muestra que predijeron tormentas más fuertes y advirtieron que podrían ser consideradas responsables por los daños . Y mientras esto ocurría, obtuvieron ganancias récord mientras los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaban los 7 billones de dólares .
La industria fósil no solo sabía; financió activamente la desinformación. Como reveló el periodismo de investigación, las compañías petroleras ya en las décadas de 1970 y 1980 conocían la ciencia del cambio climático, pero optaron por sembrar dudas en la opinión pública. ExxonMobil, por ejemplo, publicó manuales que afirmaban que el cambio climático era «incierto» . Crearon un «ecosistema de desinformación» que incluye think tanks, medios de comunicación afines y políticos dispuestos a repetir sus consignas .
El negacionismo de la nueva derecha es funcional a esta estrategia. En España, el auge de la ultraderecha ha tenido consecuencias concretas. El partido Vox, que abiertamente confronta la política climática, ha contribuido a un entorno de polarización que debilitó la capacidad institucional para prevenir desastres. El desmantelamiento de la Agencia de Cambio Climático en Valencia y la sistemática minimización de las advertencias de la Agencia Nacional de Meteorología precedieron a las inundaciones DANA de 2024, que causaron 223 muertos y el desplazamiento de unas 15.000 personas . A pesar de la evidencia científica de la vulnerabilidad de la región mediterránea a eventos extremos, los mecanismos políticos que vinculan la obstrucción climática y los desastres no han sido suficientemente examinados .
El negacionismo como estrategia de poder
El negacionismo climático no es una creencia ingenua; es una estrategia de poder. Su objetivo no es ganar un debate científico, sino retrasar la acción climática el tiempo suficiente para que la industria fósil siga acumulando ganancias.
El secretario general adjunto de la ONU, Selwin Hart, lo expresó con claridad: las compañías de combustibles fósiles están llevando a cabo «una campaña masiva de desinformación y desinformación» para retrasar la transición energética . No se trata de una teoría conspirativa; es una práctica documentada de la industria que ha sido denunciada por múltiples investigaciones periodísticas y académicas.
Las consecuencias de esta estrategia son mortales. El Centro para la Contrarrestación del Odio Digital (CCDH) documentó que en la plataforma YouTube, las narrativas de negación climática han mutado: pasaron de negar que el cambio climático existe (solo el 30% de los contenidos de negación) a cuestionar la eficacia de las soluciones climáticas (el 70% restante) . Esta nueva forma de negación —llamada «Nuevo Negacionismo»— es más insidiosa porque no enfrenta directamente la ciencia, sino que siembra dudas sobre la posibilidad de resolver el problema, alimentando así la apatía y la inacción.
El negacionismo mata: una verdad incómoda
El negacionismo mata porque convierte el conocimiento en inacción. Y la inacción, cuando se trata de un problema que ya está causando muertes, es una forma de homicidio colectivo.
Las olas de calor, las inundaciones, los incendios y las sequías no son «desastres naturales». Son desastres provocados por un modelo económico que ha priorizado las ganancias de unos pocos por encima de la vida de muchos, y agravados por una ideología que ha bloqueado sistemáticamente las medidas que podrían haberlos evitado.
El negacionismo climático no es una opinión. Es un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo en tiempo real, con la complicidad de gobiernos que eligen «otras prioridades» y de una industria que financia la confusión para seguir acumulando ganancias.
Como señaló el climatólogo español Fernando Valladares, el negacionismo «no es un problema de ignorancia, es un problema de intereses». Y mientras esos intereses sigan teniendo más peso que la evidencia científica, los muertos del cambio climático seguirán aumentando.
Lo que el overshoot revela
El informe del PNUMA es importante precisamente porque modifica el lenguaje. Ya no habla solamente de evitar que la temperatura supere 1,5 °C. Habla de cómo atravesaremos el período posterior a ese umbral, de cuánto durará el rebasamiento, cuál será el pico de calentamiento y qué condiciones serían necesarias para iniciar posteriormente un descenso. El overshoot se convierte en una trayectoria: excedencia, máximo, descenso y eventual estabilización.
El cambio puede parecer puramente técnico. No lo es. Cuando una sociedad pasa de discutir cómo evitar superar un límite a discutir cómo administrar el período posterior a su superación, ha cambiado de época.
El PNUMA advierte que no da lo mismo superar 1,5 °C por poco tiempo que hacerlo durante décadas, ni alcanzar un pico de 1,8 °C que uno superior a 2 °C. Cada fracción adicional de calentamiento incrementa los riesgos y la duración del rebasamiento aumenta la probabilidad de atravesar umbrales irreversibles y superar límites de adaptación. Es decir: el fracaso no nos conduce a un punto final, sino a un territorio de riesgos crecientes.
El propio PNUMA reconoce esta dinámica mediante la idea de una creciente «deuda de carbono»: la demora acumula obligaciones climáticas que recaerán sobre el futuro. Y esa deuda no se distribuye de manera neutral. Los países y sectores con mayor responsabilidad histórica y mayor capacidad tienen una responsabilidad mayor en su reducción. Aquí aparece una pregunta que la diplomacia climática suele formular de manera insuficiente: ¿Quién generó la deuda y quién deberá pagarla?
Porque el overshoot es también, y sobre todo, un problema distributivo, no solo físico. Los sectores de mayores ingresos y las economías de mayor consumo han contribuido históricamente mucho más al uso del presupuesto atmosférico. Sin embargo, las consecuencias más graves recaen con frecuencia sobre quienes tienen menor responsabilidad y menor capacidad de adaptación. El cambio climático no solamente redistribuye daños. Redistribuye las consecuencias de decisiones económicas tomadas durante décadas.
Existe otro aspecto del informe que merece especial atención: la creciente importancia de la remoción de dióxido de carbono. Si se supera 1,5 °C y se pretende posteriormente reducir la temperatura, será necesario retirar de la atmósfera grandes cantidades de CO₂. La captura y remoción de carbono —CDR— será parte de cualquier trayectoria realista de retorno. Pero aquí aparece una de las mayores trampas políticas del nuevo escenario climático: confundir la necesidad de retirar carbono con la posibilidad de seguir emitiéndolo. No son equivalentes. El informe lo dice con claridad: la CDR debe ser un complemento, no un sustituto de las reducciones de emisiones.
La aritmética es brutal. El PNUMA estima que para reducir aproximadamente 0,1 °C la temperatura global serían necesarias alrededor de 220 gigatoneladas de CO₂ netas negativas. Incluso a una escala extraordinariamente elevada de 10 gigatoneladas anuales, la reducción sería de apenas 0,05 °C por década. Una década de calentamiento de 0,25 °C podría requerir alrededor de medio siglo para ser revertida bajo supuestos optimistas.
La humanidad ha utilizado la atmósfera como un depósito gratuito para los residuos de su sistema energético y productivo, y ahora pretende utilizar tecnologías futuras para retirar una parte de esos residuos. El problema es que la atmósfera no es una tarjeta de crédito ecológica. El propio PNUMA advierte sobre los límites y las consecuencias de una utilización excesiva de la remoción de carbono: competencia por tierra y agua, impactos sobre biodiversidad, seguridad alimentaria y medios de vida rurales. También reconoce que depender demasiado de estas tecnologías puede generar un peligroso efecto de sustitución: retrasar hoy las reducciones esperando que mañana alguien consiga retirar de la atmósfera aquello que nosotros decidimos seguir emitiendo. La tecnología puede ayudarnos a salir del problema, pero no puede convertirse en la excusa para permanecer dentro de él.
Quizás la cuestión más incómoda del overshoot sea otra. Supongamos que la humanidad consigue finalmente reducir la temperatura y regresar a 1,5 °C. ¿Habríamos vuelto al mundo que existía antes de superarlo? La respuesta es no. El sistema climático y los sistemas ecológicos no funcionan como una máquina que puede retroceder hasta la posición anterior cuando disminuye una variable. Los daños pueden ser acumulativos. Algunos cambios pueden ser irreversibles. Ecosistemas pueden haber desaparecido. Glaciares pueden no recuperarse en las mismas escalas temporales. Especies pueden haberse extinguido. Comunidades pueden haber sido desplazadas. Por eso el descenso posterior de la temperatura no constituye un simple botón de «volver atrás». La trayectoria importa. La duración del rebasamiento importa. El pico importa.
De la eficiencia a la suficiencia
Durante décadas, buena parte de la política ambiental se construyó alrededor de una esperanza: producir más utilizando menos recursos. La eficiencia es indispensable. Pero tiene un problema conocido como efecto rebote: las mejoras tecnológicas pueden abaratar los costos y permitir que el consumo total aumente. Un automóvil más eficiente puede consumir menos combustible por kilómetro, pero si circulan muchos más automóviles y recorren distancias mayores, las emisiones totales pueden no disminuir. Una vivienda más eficiente puede requerir menos energía, pero si el tamaño de las viviendas aumenta y se multiplican los dispositivos consumidores, el ahorro unitario puede quedar neutralizado.
La eficiencia, por sí sola, no determina cuánto consumimos.
Por eso la era del overshoot obliga a incorporar una segunda categoría: la suficiencia. Una sociedad sostenible no es aquella que simplemente produce de manera más eficiente cualquier cantidad de bienes y servicios. Es aquella capaz de distinguir entre lo necesario, lo suficiente y lo excesivo.
Esta distinción es particularmente importante en un planeta profundamente desigual. No tiene sentido pedir la misma reducción material a una familia que no puede garantizar una alimentación adecuada que a quienes concentran una parte desproporcionada del consumo de energía, materiales, transporte y bienes suntuarios. El problema ecológico no puede separarse del problema distributivo. No existe una política ecológica justa si exige privaciones a quienes ya tienen demasiado poco. Pero tampoco existe una política ecológica viable si considera ilimitados los consumos de quienes ya tienen demasiado. De allí surge una idea que debería ocupar un lugar central en la economía del siglo XXI: una economía sin privaciones y sin excesos.
La adaptación también es una cuestión de distribución
El informe del PNUMA introduce otra cuestión que debería ser central en cualquier proyecto político: la adaptación. Durante mucho tiempo se habló de mitigación y adaptación como dos políticas diferentes. Una debía reducir las causas del cambio climático; la otra debía prepararnos para sus consecuencias.
La realidad es bastante más compleja. La capacidad de adaptación depende de los ingresos, la infraestructura, el acceso al agua, la vivienda, la salud, los sistemas de protección social y la disponibilidad de recursos públicos. Una comunidad rica puede protegerse de una inundación de una manera que una comunidad pobre simplemente no puede.
La adaptación es, por lo tanto, también una cuestión de distribución de la riqueza. El propio informe muestra cómo los impactos climáticos pueden traducirse en pérdidas económicas y de bienestar muy significativas y cómo la desigualdad y la limitada capacidad fiscal aumentan la vulnerabilidad. Para Argentina, por ejemplo, estima importantes pérdidas potenciales asociadas a las inundaciones.
Esto permite comprender algo fundamental: la justicia social es una condición de posibilidad de la política climática, no un agregado externo. Una sociedad profundamente desigual tiene menos capacidad para adaptarse, mayores conflictos distributivos y menor margen político para realizar transformaciones de largo plazo. La transición ecológica requiere, por lo tanto, construir simultáneamente resiliencia ecológica y cohesión social.
El obstáculo del poder
Sin embargo, reconocer esto no es suficiente. Falta identificar a quienes tienen el poder económico y político para mantener el statu quo teniendo en claro que no van a cederlo voluntariamente. Las industrias fósiles, los grandes conglomerados agroindustriales y las élites que concentran la riqueza no solo se benefician de la economía del carbono, sino que invierten sumas millonarias en lobbying, desinformación y captura de los Estados para impedir exactamente las transformaciones que el PNUMA considera urgentes.
La transición excede el problema técnico o el diseño institucional: es, ante todo, un conflicto distributivo y de poder. Por eso, cualquier estrategia viable debe incluir mecanismos para enfrentar esos obstáculos: desde la regulación y el desmantelamiento de subsidios fósiles hasta la democratización de la toma de decisiones energéticas y la construcción de coaliciones políticas capaces de imponer una agenda ecológica frente a los intereses concentrados. Decir «hay que distribuir» no alcanza. Hay que preguntarse también quién cede el poder para que eso ocurra.
La pregunta que falta
Y aquí el problema adquiere una dimensión todavía mayor. Durante décadas la comunidad internacional trató el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y la crisis del agua como problemas diferentes, administrados mediante convenciones y programas separados. Pero la biosfera no funciona de esa manera. Todos forman parte de un mismo sistema socioecológico. Por eso sería un error interpretar el informe del PNUMA únicamente como un nuevo capítulo de la diplomacia climática. El overshoot climático es también una expresión de algo más profundo: la dificultad de nuestra civilización para reconocer y respetar límites biofísicos.
El PNUMA hace una afirmación científicamente contundente: el mundo está entrando en una era de overshoot. Advierte que debemos limitar el pico, reducir la duración del rebasamiento, acelerar la mitigación, fortalecer la adaptación y evitar depender excesivamente de la remoción de carbono. Todo esto es correcto.
Pero existe una pregunta que el informe apenas puede formular: ¿Qué tipo de economía puede funcionar dentro de un planeta que ya está superando sus límites ecológicos?
Esta es la pregunta que queda después del informe. Porque si el problema fuera simplemente tecnológico, treinta años de innovación deberían haber producido resultados mucho más contundentes. Si fuera simplemente financiero, bastaría con movilizar más capital. Si fuera simplemente regulatorio, bastaría con mejorar las instituciones. Si fuera simplemente de información, bastaría con comunicar mejor la evidencia científica. Pero conocemos el problema desde hace décadas. Lo que no hemos conseguido es transformar las estructuras económicas que lo producen.
Aquí es donde el overshoot obliga a revisar una de las ideas más arraigadas de la economía contemporánea: la identificación entre crecimiento económico y progreso. Durante décadas hemos preguntado cuánto puede crecer una economía. Tal vez la pregunta adecuada para el siglo XXI sea otra: ¿Cuánto espacio ecológico queda disponible y cómo debemos utilizarlo para garantizar una vida digna para todos?
La diferencia no es menor. Una economía organizada alrededor del crecimiento procura aumentar continuamente la producción de bienes y servicios. Una economía organizada alrededor del bienestar humano dentro de los límites ecológicos debe comenzar por otra parte: determinar cuáles son las necesidades que deben garantizarse, cuáles son los consumos excesivos que deben reducirse y cuáles son las actividades económicas que deben ser transformadas porque destruyen las condiciones ecológicas que hacen posible la vida.
No se trata de una defensa romántica de la pobreza. Todo lo contrario. Se trata de reconocer que no existe justicia social posible sobre una biosfera degradada, pero tampoco existe una política ecológica legítima que pretenda preservar los límites planetarios manteniendo privaciones sociales masivas.
La alternativa no es elegir entre crecimiento y decrecimiento como si fueran dos consignas simétricas. La verdadera cuestión es construir una economía sin privaciones y sin excesos: capaz de garantizar alimentación, vivienda, salud, educación, energía, movilidad y seguridad material para todos, pero incapaz de convertir la acumulación ilimitada de bienes y servicios en el objetivo permanente de la sociedad. Eso exige distribución, suficiencia, eficiencia, energías limpias, restauración ecológica, reducción de consumos materiales y energéticos donde existen excesos y exige, sobre todo, modificar las prioridades de la producción.
Argentina frente a la era del overshoot
Para Argentina, esta discusión no es abstracta. Mientras el PNUMA advierte que el mundo debe limitar el rebasamiento, nuestro país sigue discutiendo buena parte de su estrategia de desarrollo alrededor de la expansión de la extracción de hidrocarburos, la minería, la frontera agropecuaria y la explotación intensiva de los recursos naturales.
Vaca Muerta aparece como una oportunidad económica, energética y exportadora. Pero también obliga a responder una pregunta que no puede ser eludida: ¿qué significa ampliar masivamente la oferta de combustibles fósiles en un mundo que acaba de reconocer que ya no podrá evitar el rebasamiento de 1,5 °C?
No se trata de desconocer las necesidades energéticas de la Argentina ni de negar la importancia de sus recursos. Se trata de preguntarnos si una estrategia nacional de desarrollo puede seguir midiendo su éxito fundamentalmente por el volumen de recursos naturales extraídos y exportados. La era del overshoot obliga a revisar esa concepción.
Pero existe una segunda contradicción todavía más profunda, de índole macroeconómica. Buscar divisas mediante la intensificación de modelos extractivos encierra un búmeran ambiental: los eventos climáticos extremos —como las sequías históricas o inundaciones recurrentes en el área agrícola argentina— destruyen precisamente la capacidad de generar divisas del sector agropecuario. La inacción climática es también un pésimo negocio macroeconómico.
Argentina necesita divisas, empleo, infraestructura, vivienda, alimentos, energía y mejores condiciones de vida. No puede resolver sus problemas sociales simplemente reduciendo su actividad económica sin transformar simultáneamente la estructura de distribución de la riqueza y las prioridades productivas.
Porque el desafío argentino no consiste simplemente en producir más. Consiste en utilizar nuestra riqueza natural para construir una sociedad capaz de satisfacer las necesidades de su población sin destruir las condiciones ecológicas que harán posible satisfacerlas mañana. Eso supone mirar simultáneamente la energía, el agua, los suelos, los bosques, los glaciares, la biodiversidad, la agricultura, las ciudades y el sistema productivo. Supone dejar de considerar a la naturaleza como un conjunto de recursos económicos aislados y comenzar a considerarla como la infraestructura biofísica de la economía.
El debate que el informe no resuelve: ¿llamado a la acción o a la apatía?
El informe del PNUMA ha generado una reacción inmediata en la comunidad científica y ambientalista. No todos lo leen de la misma manera.
Climate Analytics, el instituto de investigación climática con sede en Berlín, fue particularmente crítico. Su director ejecutivo, Bill Hare, exautor principal del IPCC, señaló que el informe «describe muy bien el hoyo que hemos cavado, pero hace un mal trabajo al mostrarnos que hay una salida». La organización identificó tres problemas centrales: el informe hace una sola mención superficial a la necesidad de eliminar los combustibles fósiles; soslaya análisis que muestran que muchos sectores pueden alcanzar ‘cero real’ a mediados de siglo; y no recuerda a los gobiernos su responsabilidad de cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Su conclusión es dura: el informe «corre el riesgo de convertirse en un llamado a la apatía en lugar de un llamado a las armas».
No es una crítica menor. Si la comunidad científica que ha liderado la lucha contra el calentamiento global percibe que el informe legitima la inacción, el mensaje político del PNUMA se vuelve ambiguo. La frase «el desafío ya no es evitar la superación, sino gestionarla» puede leerse como un realismo necesario o como una capitulación.
Greenpeace, por su parte, fue igualmente contundente. Su portavoz en el Pacífico, Shiva Gounden, afirmó que el informe «imprime en blanco y negro que las naciones hambrientas de combustibles fósiles han sobrepasado, excedido y abusado a expensas de las vidas, los medios de subsistencia, las culturas y las comunidades del Pacífico». La organización insiste en que cada nuevo proyecto fósil —como el gas de Vaca Muerta o el Beetaloo en Australia— es una «bomba de carbono» que nos acerca a puntos de no retorno.
El propio informe, sin embargo, no es unívoco. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, lo expresó con claridad: «No hay buenos resultados si permanecemos por encima de 1,5 °C. Ahora es el momento de redoblar los esfuerzos en acción climática». El documento estructura la respuesta en tres fases —respuesta inmediata, contención y resiliencia a largo plazo— y subraya que «cada fracción de grado evitada y cada año de sobrepasamiento que logremos evitar salvarán vidas, protegerán ecosistemas y reducirán pérdidas económicas».
La cuestión, entonces, es política. El informe nos dice que el sobrepasamiento es inevitable. Pero no dice que debamos aceptarlo pasivamente. La diferencia entre gestionar el overshoot y rendirse ante él es la diferencia entre una estrategia de daño mínimo y una justificación para seguir como hasta ahora.
El broche de oro
Llegamos así a 2026. En julio de 2026, la concentración mensual de CO₂ en Mauna Loa alcanzó 429,12 ppm. El informe del PNUMA Limiting Overshoot no descubre que el objetivo se haya incumplido; reconoce que el rebasamiento debe pasar a ser objeto de gestión. El propio título expresa el cambio de época: ya no estamos ante la tarea de evitar superar un umbral, sino ante la necesidad de administrar cuánto tiempo y cuánto más allá de ese umbral permaneceremos.
Por eso, el overshoot no constituye el comienzo de una nueva crisis climática, sino la consecuencia de una crisis política prolongada. Conviene recordar además los trabajos del Dr. James Hansen, quien demostró que el nivel de concentración de gases de efecto invernadero que impediría una interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático era de, como máximo, 350 ppm de CO₂. Ese límite de seguridad ya se había superado en 1988 (con 351,69 ppm). Es decir, la Convención Marco arrancó en 1994 en plena zona de riesgo.
La conclusión resulta ineludible: no necesitábamos esperar al informe del PNUMA para saber que las negociaciones internacionales habían fracasado. Necesitábamos, en todo caso, esperar a que una institución del propio sistema de Naciones Unidas lo reconociera. Limiting Overshoot es la primera confesión institucional de una derrota que la atmósfera ya había registrado.
El informe no anuncia el final de la lucha contra el cambio climático. Y sería un error interpretarlo como una invitación a la resignación. El propio PNUMA insiste en que superar 1,5 °C no significa abandonar el objetivo y que cada fracción de grado evitada reduce riesgos y daños. Pero tampoco deberíamos esconder detrás de ese mensaje la magnitud del fracaso.
Durante más de tres décadas, la comunidad internacional supo que estaba alterando el sistema climático, negoció objetivos, multiplicó conferencias, compromisos, mecanismos financieros, mercados de carbono, planes nacionales y promesas de mayor ambición. Y ahora Naciones Unidas nos explica cómo atravesar el período en el que superaremos el límite que durante años intentamos no superar.
Eso es el overshoot. No es una meta nueva ni un programa. Es el reconocimiento de que hemos llegado demasiado lejos. Y, sobre todo, de que la política climática no fracasó porque no supiera qué hacer, sino porque nunca logró modificar suficientemente las fuerzas económicas que hacían imposible hacer lo necesario.
El problema, entonces, ya no consiste solamente en evitar el cambio climático, en reducir las emisiones, ni siquiera consiste solamente en regresar algún día a 1,5 °C. El verdadero desafío es mucho más profundo: construir una economía capaz de funcionar dentro de los límites de la biosfera.
Porque si el overshoot climático es el resultado de haber llevado demasiado lejos una determinada forma de organizar la economía, limitarlo exigirá algo más que cambiar las fuentes de energía. Exigirá cambiar las prioridades, la distribución de la riqueza y los patrones de consumo. Cambiar aquello que producimos y aquello que dejamos de producir. Y, finalmente, cambiar nuestra propia idea de progreso.
El informe del PNUMA puede ser entonces leído como el broche de oro de un fracaso anunciado. Pero también como el punto de partida de una pregunta que durante demasiado tiempo evitamos formular: si ya no podemos organizar la economía como si la biosfera no tuviera límites, ¿por qué seguimos organizándola como si no los tuviera?
El overshoot no es un punto de llegada. Es la prueba de que el camino elegido era erróneo. La pregunta es si estamos realmente dispuestos a abandonar la alocada carrera hacia la autodestrucción.
Descargar aquí: Limiting Overshoot: el broche de oro de un fracaso anunciado
LA (RE) VERDE 