Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

En enero de 2022 publiqué en La (Re) Verde un artículo titulado «Off-shore: sentir que 300 km no es nada». Denunciaba entonces el proyecto de exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata y, sobre todo, la forma en que se presentaba la distancia como una supuesta garantía de seguridad. Trescientos kilómetros parecían suficientes para tranquilizar a la población: el petróleo estaría lejos de la costa, las plataformas no serían visibles desde las playas y el riesgo quedaba reducido a una mera abstracción.

Intenté mostrar que ese razonamiento desconocía cómo funciona el mar. Los ecosistemas marinos no están delimitados por las fronteras que dibujamos en los mapas. Un derrame de petróleo tampoco queda confinado al lugar exacto donde se produce: las corrientes transportan contaminantes, las especies se desplazan, las cadenas tróficas conectan territorios distantes y las actividades económicas que dependen del mar reciben impactos mucho más allá del punto donde comenzó la explotación.

La distancia puede ser un dato geográfico, pero nunca constituye, por sí misma, una garantía ambiental.

La patria no es solo un sentimiento, una historia compartida o un conjunto de símbolos. Es, ante todo, un territorio. Y ese territorio tiene una base biofísica: un conjunto de ecosistemas, ciclos hidrológicos, suelos, atmósfera y biodiversidad que hacen posible la vida en comunidad. Sin esa base, no hay patria posible. Defender las Malvinas, entonces, no puede limitarse a reivindicar su soberanía política o a enarbolar su nombre en discursos. Exige también defender la integridad de los ecosistemas que las sostienen y de los mares que las conectan con el continente.

Cuatro años después, aquella discusión adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata solamente de exploración frente a una ciudad turística: ahora toma forma un proyecto de explotación petrolera en las proximidades de las Islas Malvinas. El proyecto Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, prevé iniciar perforaciones en 2027 y obtener el primer barril de crudo en 2028. Su primera fase contempla una producción inicial de unos 55.000 barriles diarios, pero sus promotores proyectan alcanzar en etapas subsecuentes hasta 80.000 barriles diarios, consolidándolo como un megayacimiento de escala global en el Atlántico Sur.

La distancia vuelve a aparecer como argumento tranquilizador. El área de desarrollo se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Sin embargo, si en 2022 sostuvimos que 300 kilómetros no eran nada, hoy debemos repetir que 220 kilómetros tampoco son nada cuando hablamos de un ecosistema marino sometido a una actividad extractiva de alto riesgo.

Y hay que agregar algo aún más importante: el problema no se limita a la distancia entre un pozo y la costa. Lo que está verdaderamente en juego es la transformación del Atlántico Sur en una nueva frontera petrolera.

El mar no conoce las fronteras que dibujamos

Existe una contradicción elemental entre la lógica de la explotación petrolera y la lógica de los ecosistemas.

La primera necesita dividir el espacio en bloques, concesiones, áreas de explotación y jurisdicciones. La segunda funciona mediante sistemas interconectados que no respetan ninguna de esas divisiones. Una plataforma puede estar situada dentro de un determinado bloque petrolero, pero las aguas que la rodean forman parte de un sistema oceanográfico mucho más extenso.

Los peces no conocen las fronteras marítimas. Las aves marinas no reconocen jurisdicciones. Los mamíferos que recorren el Atlántico Sur no modifican sus desplazamientos cuando atraviesan una línea trazada sobre un mapa. Las corrientes tampoco piden permiso para transportar sustancias de un lugar a otro.

Por eso, la explotación offshore exige una mirada que vaya mucho más allá de los límites administrativos de un proyecto. No alcanza con preguntar qué superficie ocupará la plataforma o a qué distancia se encuentra de la costa. Hay que preguntarse qué ecosistema estamos interviniendo, qué especies dependen de él, qué actividades humanas se desarrollan en sus aguas y cuáles pueden ser las consecuencias de introducir en ese sistema una actividad industrial con un riesgo de contaminación de muy difícil reversibilidad.

La experiencia internacional debería haber terminado con la idea de que los grandes accidentes petroleros son acontecimientos improbables que pueden descartarse del análisis. El desastre de Deepwater Horizon demostró que un accidente offshore puede transformarse en una catástrofe ambiental de enormes dimensiones. Allí, en el Golfo de México, las corrientes llevaron el crudo a costas que nadie imaginaba; aquí, la Corriente de Malvinas podría hacer lo mismo con la Patagonia.[1]

El problema no reside únicamente en la posibilidad de un evento extremo: incluso sin una catástrofe de esas características, la explotación supone perforaciones, circulación constante de buques, instalaciones industriales, generación de residuos, emisiones y alteraciones permanentes de un ambiente cuya complejidad ecológica conocemos todavía de manera incompleta.

Por eso, desde una perspectiva ambiental, la pregunta correcta no es solamente cuánto daño esperamos que produzca una actividad. También debemos preguntarnos qué daños estamos dispuestos a aceptar cuando sabemos que algunos de ellos, si llegaran a producirse, no podrían ser reparados completamente.

Malvinas agrega una dimensión política que no estaba en Mar del Plata

Hasta aquí, el razonamiento es esencialmente ambiental y podría aplicarse a cualquier proyecto petrolero offshore. Sin embargo, el caso de Malvinas introduce una cuestión que modifica profundamente el análisis: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes pertenecen a la República Argentina, pero se encuentran usurpados por el Reino Unido.

En este contexto, la explotación unilateral de recursos naturales adquiere necesariamente una dimensión política. No estamos simplemente frente a una empresa petrolera que ha encontrado un yacimiento y pretende explotarlo; estamos frente a una actividad económica de largo plazo que puede contribuir a consolidar materialmente una situación territorial cuya legitimidad internacional se encuentra en litigio.

La Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1976) exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras continuara el proceso de negociación. La explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a disputa ha sido, precisamente, uno de los principales puntos de conflicto entre ambas naciones.

Pero hay una dimensión que va más allá de la disputa diplomática. La ocupación británica es, además de una deuda histórica y política, una deuda ecológica. Durante casi dos siglos, el Reino Unido ha explotado los recursos de las Malvinas y su plataforma marina sin rendir cuentas a las poblaciones ribereñas de la Patagonia. La caza de ballenas, la sobreexplotación pesquera, la extracción de calamar y ahora la amenaza del petróleo son capítulos de un mismo proceso: la acumulación por desposesión de la riqueza natural del Atlántico Sur. Cada barril extraído por una empresa británica o israelí transfiere riqueza natural desde el sur global hacia el norte global y deja aquí el pasivo ambiental: es, a la vez, una pérdida de soberanía y una cesión de patrimonio.

Por eso, la oposición argentina al proyecto Sea Lion no puede ser reducida a una cuestión de nacionalismo económico. Existe una causa de soberanía y de derecho internacional que debe ser defendida: la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa no puede ser considerada políticamente indiferente.

Pero aquí aparece, al mismo tiempo, una cuestión que el ecologismo político no debería esquivar.

Un agravante decisivo: la evaluación de impacto ambiental no existe para Argentina

Hay un dato que vuelve todavía más grave el avance del proyecto Sea Lion, y que suele quedar sepultado en los titulares económicos: el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no se ha realizado ante la República Argentina.

La empresa operadora del proyecto, Navitas Petroleum, presentó en julio de 2024 una Declaración de Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement) ante el Gobierno colonial de las Islas que dio curso al proyecto.

Pero aquí reside el problema fundamental: esa EIA es jurídicamente inexistente para el derecho argentino.

Argentina sostiene que las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio nacional. En consecuencia, cualquier actividad que se desarrolle en esa zona debería someterse a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que exige la legislación argentina. Sin embargo, las empresas han avanzado sin haber realizado ese trámite ante las autoridades nacionales y sin haber obtenido la autorización correspondiente del Estado argentino.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes (CECIM) han señalado con claridad este punto. En la demanda judicial presentada el 1 de septiembre de 2026 ante un tribunal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, sostienen que el proyecto viola la legislación ambiental argentina y avanza sin la evaluación de impacto ambiental que exige nuestra normativa. No se trata de un tecnicismo menor: la evaluación de impacto ambiental no es un mero trámite burocrático. Es el instrumento fundamental mediante el cual una sociedad puede conocer los riesgos de una actividad y decidir, con información suficiente, si está dispuesta a asumirlos.

En esta misma línea de acción, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha expuesto la encrucijada jurídica y regulatoria que entraña este avance ilícito. La provincia intimó formalmente a la petrolera Navitas Petroleum en la Bolsa de Valores de Tel Aviv por ocultar deliberadamente a sus inversores los severos riesgos jurídicos, las acciones penales y las inhabilitaciones comerciales contempladas en la legislación argentina —particularmente bajo la Ley 26.659— para cualquier compañía y red de proveedores de logística offshore que opere sin la debida autorización soberana en la plataforma continental argentina.

Que la evaluación de impacto ambiental se realice ante un gobierno que Argentina no reconoce como legítimo —y que además se encuentra en el centro de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas— convierte al procedimiento en un acto unilateral que desconoce el derecho internacional.

Como ya fue mencionado, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, de 1976, exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras continuaran las negociaciones. La explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a disputa ha sido siempre uno de los puntos más sensibles del conflicto. Pero aquí hay un agravante: no se trata solamente de extraer petróleo en territorio en disputa. Se trata de hacerlo eludiendo cualquier forma de control ambiental que emane de la jurisdicción argentina.

Los defensores del proyecto podrían argumentar que la EIA existe y que fue sometida a consulta pública. Pero esa consulta se realizó entre los habitantes de las Islas Malvinas, y no entre las comunidades de la Patagonia argentina que serían directamente afectadas por un eventual derrame. No se consultó a los pescadores artesanales de Puerto Deseado, a las cooperativas de Caleta Paula, a los operadores turísticos de Península Valdés ni a las comunidades científicas que estudian los ecosistemas del Atlántico Sur. Todos ellos, sin embargo, cargarían con las consecuencias si las corrientes marinas hicieran lo que sabemos que hacen: transportar contaminantes mucho más allá del punto donde se producen.

Por eso, la objeción argentina al proyecto Sea Lion no puede reducirse a una cuestión de soberanía abstracta. Se trata también de una cuestión ambiental concreta: el derecho de las comunidades argentinas a ser informadas, a participar en las decisiones que afectan sus territorios y a exigir que cualquier actividad de alto riesgo se someta a los controles que establece nuestra propia legislación.

Defender la soberanía argentina no significa defender la explotación petrolera

Supongamos por un instante que la disputa de soberanía estuviera resuelta y que las islas se encontraran bajo jurisdicción argentina. ¿Qué posición deberíamos adoptar entonces frente al petróleo?

La respuesta es fundamental porque permite distinguir dos concepciones de la soberanía que pueden parecer semejantes, pero que conducen a políticas completamente diferentes.

Una concepción tradicional sostiene que la soberanía sobre un territorio otorga al Estado el derecho a disponer libremente de sus recursos naturales. Desde esta perspectiva, el problema de Sea Lion sería principalmente quién tiene derecho a apropiarse de la renta petrolera. Si el petróleo fuera explotado por una empresa británica bajo autorización de las autoridades isleñas, la Argentina debería oponerse; si fuera explotado por empresas argentinas bajo autoridad nacional, el problema parecería desaparecer.

Desde la perspectiva de la ecología política, esa conclusión es insuficiente. El hecho de que un recurso natural se encuentre bajo nuestra soberanía no convierte automáticamente en legítima cualquier forma de explotación. La soberanía sobre un territorio no puede confundirse con una licencia para destruirlo.

Recientemente, el exministro Matías Kulfas en la red X ha defendido la exploración offshore impulsada bajo jurisdicción nacional, al tiempo que sostuvo que el ambientalismo argentino actúa con carácter colonialista al oponerse al offshore local mientras calla ante Sea Lion. Este planteo sintetiza con claridad la concepción tradicional: el problema central no reside en la actividad extractiva ni en la salud del ecosistema marino, sino en quién ostenta el derecho a apropiarse de la renta hidrocarburífera. Desde la ecología política, sin embargo, esa conclusión resulta insuficiente: la soberanía sobre un territorio no puede convertirse en una licencia para destruirlo, y un pozo petrolero no deja de entrañar riesgos ecológicos por el solo hecho de operar bajo bandera nacional. Si mañana las Malvinas fueran recuperadas por la Argentina, el petróleo continuaría siendo petróleo. Los riesgos asociados a la perforación seguirían existiendo, las corrientes marinas serían las mismas, los ecosistemas continuarían siendo igualmente vulnerables y el carbono contenido en los hidrocarburos seguiría contribuyendo al cambio climático al ser liberado a la atmósfera.

Esta discusión no se da en un vacío teórico: la Argentina cuenta con más de tres décadas de explotación offshore activa en la Cuenca Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego. Reconocer esta realidad es indispensable para evitar caer en la trampa del doble rasero. Si desde la ecología política cuestionamos el proyecto Sea Lion, no es por una ceguera selectiva que convalide la extracción cuando ocurre bajo jurisdicción nacional, sino porque entendemos que los impactos ambientales, las emisiones de carbono y el riesgo sobre la biodiversidad marina son exactamente los mismos frente a Río Grande que al norte de las Islas Malvinas. La verdadera coherencia soberana radica en cuestionar la expansión de la frontera petrolera en todo el Atlántico Sur, superando la lógica que acepta pasivamente los costos ecológicos locales con tal de que los administre el propio Estado.

Por eso, la posición ecosocial es la de sostener simultáneamente dos afirmaciones: las Malvinas son argentinas, y el petróleo de Malvinas no debe convertirse en la justificación para destruir el Atlántico Sur.

No existe contradicción entre ambas premisas. La contradicción aparece únicamente cuando entendemos la soberanía como el derecho ilimitado a apropiarnos de la naturaleza.

El extractivismo es, en su lógica más profunda, una forma de antipatriotismo material. No porque sus defensores no amen a la patria —seguramente la aman—, sino porque la vacían de su sustancia. Cuando se extrae un recurso no renovable a gran escala, se está hipotecando el futuro del territorio. Se está diciendo, en los hechos, que el valor de la naturaleza es menor que el precio que pagan por ella en el mercado internacional. Un patriotismo que se reduce a defender la bandera bajo la cual se extrae el petróleo, pero que no pregunta si ese petróleo debe ser extraído, es un patriotismo cojo: defiende el símbolo, pero abandona el territorio.

Soberanía también significa responsabilidad

Durante mucho tiempo, la soberanía sobre los recursos naturales fue entendida fundamentalmente como la capacidad de decidir quién los explota y quién recibe los beneficios económicos. Esa concepción fue comprensible en un mundo en el que los recursos parecían ilimitados y la capacidad humana para modificar los grandes sistemas naturales era relativamente pequeña.

Ese mundo ya no existe.

La verdadera soberanía, en el siglo XXI, se demuestra por la capacidad de decidir qué no debe ser explotado. Un país soberano no es aquel que vende su naturaleza al mejor postor, sino aquel que conserva la capacidad de decir «hasta aquí». Los límites ecológicos no son una concesión al ambientalismo; son la condición de posibilidad de cualquier proyecto nacional duradero. Sin ellos, la patria se disuelve en un flujo de mercancías.

Esta paradoja expone con claridad la verdadera naturaleza de la ocupación británica. La determinación de llevar adelante la explotación hidrocarburífera sin reparar en el inminente riesgo ambiental evidencia el profundo desinterés del Reino Unido por la salud futura de unas islas y mares circundantes que, en definitiva, no le pertenecen. La lógica colonial actúa con la prisa de quien explota un recurso ajeno antes de perder la posición, transfiriendo los pasivos ecológicos a la región. Por esta razón, la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas no puede desligarse del compromiso inequívoco de proteger ecosistemas marinos de extrema fragilidad. Defender el territorio es, fundamentalmente, defender la integridad de la vida que en él habita. Esa es la tarea que nos convoca como argentinos y como parte de la comunidad global.

La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los océanos y la alteración de los ciclos naturales nos obligan a revisar el concepto mismo de soberanía. En el siglo XXI, un Estado no demuestra su soberanía únicamente porque puede disponer de sus recursos naturales; también la demuestra cuando tiene la capacidad política de establecer límites a su explotación para preservar las condiciones que hacen posible la vida.

Desde esta perspectiva, la soberanía sobre un territorio implica una responsabilidad. Si afirmamos que las Malvinas son argentinas, afirmamos también nuestra responsabilidad sobre sus costas, sus aguas, sus fondos marinos, sus especies y los ecosistemas de los que forman parte. La verdadera soberanía no debería consistir en extraer hasta el último recurso disponible, sino en conservar la capacidad de decidir qué actividades son compatibles con la preservación del territorio. Un país soberano no es aquel que vende su naturaleza al mejor postor, sino aquel que conserva la capacidad de sostener que determinados bienes naturales tienen un valor que no puede expresarse en dinero.

El nuevo enclave extractivo

Sea Lion debe ser analizado también desde la perspectiva del extractivismo. La explotación petrolera proyectada para Malvinas no constituye simplemente una actividad industrial aislada: forma parte de una economía basada en la apropiación intensiva de bienes naturales para insertarlos en mercados internacionales.

El petróleo tiene, además, una característica particularmente significativa: es un recurso no renovable cuya extracción genera beneficios económicos concentrados en el presente, mientras sus costos ambientales y climáticos se distribuyen sobre períodos mucho más largos. El ingreso aparece hoy; el agotamiento del recurso y buena parte de los impactos ambientales quedan para el futuro.

En Malvinas, esta dimensión adquiere una gravedad particular porque la actividad petrolera puede contribuir a consolidar económicamente un enclave cuya soberanía es reclamada por la Argentina. Cada infraestructura construida, cada contrato firmado, cada pozo perforado y cada barril extraído durante las próximas décadas contribuyen a erigir una realidad económica que puede resultar mucho más difícil de modificar que una simple decisión administrativa.

No estamos ante una iniciativa de exploración menor: las propias proyecciones presupuestarias del proyecto Sea Lion estiman que la renta hidrocarburífera generará un impacto de tal magnitud que podría duplicar o triplicar el PBI insular. Esta inyección masiva de capitales no solo busca garantizar ingresos fiscales extraordinarios para la administración colonial, sino erigir un enclave de renta financieramente autárquico que blinde la ocupación británica en el plano económico, volviendo la controversia territorial mucho más compleja de revertir que mediante una simple decisión administrativa.

La cuestión, entonces, no consiste únicamente en quién obtiene los beneficios de Sea Lion. También debemos preguntarnos qué modelo territorial y económico se está construyendo alrededor del petróleo.

La trampa de confundir extracción con desarrollo

Toda sociedad mantiene un metabolismo con su entorno: extrae energía y materiales, los transforma, los distribuye y devuelve residuos. Ese metabolismo es la base material de cualquier proyecto de desarrollo. El proyecto Sea Lion no es una inyección de desarrollo; es una alteración violenta de ese metabolismo. Introduce un flujo de extracción de alta intensidad que deja como residuo no solo carbono, sino también la degradación de un ecosistema del que dependen otras actividades metabólicas —la pesca, el turismo, la ciencia marina— que sí son renovables. El extractivismo no «desarrolla»: desequilibra el metabolismo social y transfiere sus costos a las generaciones futuras.

Los defensores del proyecto recurrirán, naturalmente, a los argumentos habituales: inversión, empleo, infraestructura, ingresos públicos, seguridad energética. Todos ellos pueden ser ciertos en alguna medida. El problema es que ninguno responde por sí solo a la pregunta fundamental: ¿desarrollo para qué y para quién?

Durante décadas hemos aceptado una equivalencia que debería ser revisada: extraer más recursos equivale a desarrollarse más. Sin embargo, una economía puede aumentar su producción y, al mismo tiempo, deteriorar sus condiciones ecológicas, incrementar su vulnerabilidad futura y distribuir de manera extremadamente desigual los beneficios obtenidos.

El petróleo puede generar ingresos sin generar bienestar suficiente; puede aumentar el producto bruto sin mejorar proporcionalmente la calidad de vida; puede atraer inversiones sin construir una economía diversificada, y puede producir una renta considerable mientras transfiere a otros territorios y a otras generaciones una parte sustancial de sus costos.

La economía ecológica ha demostrado que la actividad económica no existe fuera de la naturaleza. Toda economía depende de flujos de energía y materiales, y devuelve al ambiente residuos y emisiones. No existe crecimiento económico materialmente ilimitado en un planeta finito.

El caso de Malvinas exhibe con nitidez las contradicciones de este modelo: la economía del archipiélago pretende dar el salto del calamar al petróleo, migrando de un esquema basado en licencias pesqueras a una dependencia absoluta de la renta fósil. Lejos de constituir un salto cualitativo hacia la modernización, este giro encierra una trampa estructural. Reemplazar o complementar actividades renovables pero vulnerables por una industria hidrocarburífera de alto riesgo no solo ata la viabilidad económica de las islas a los vaivenes de los precios internacionales del crudo, sino que expone a todo el ecosistema marino a pasivos ambientales irreversibles, justo en el momento histórico en que la crisis climática exige acelerar la transición hacia matrices energéticas limpias y descarbonizadas.

Esta consideración es particularmente relevante para una explotación que comenzaría a producir petróleo justamente cuando el mundo necesita acelerar la reducción de su dependencia de los combustibles fósiles. Desarrollar durante las próximas décadas una nueva infraestructura destinada a extraer y comercializar hidrocarburos significa comprometer capital, tecnología y decisiones políticas con un modelo energético que debería encontrarse en pleno proceso de sustitución.

La pregunta no debería ser solamente cuánto petróleo queda debajo del Atlántico Sur. Deberíamos preguntarnos también cuánto petróleo puede permitirse el planeta que extraigamos.

El petróleo que queda bajo tierra también es un recurso

Ésta es, quizás, la diferencia más profunda entre una mirada productivista y una mirada ecosocial.

Para la primera, un yacimiento representa riqueza potencial mientras permanezca bajo tierra, y dejarlo sin explotar equivale a desaprovechar una oportunidad económica.

Para la segunda, esa misma decisión puede representar una forma de preservar riqueza. El petróleo que no se extrae es también carbono que no se incorpora a la atmósfera, ecosistemas que no son sometidos a una nueva frontera extractiva y generaciones futuras que conservan opciones que una economía basada exclusivamente en la extracción puede destruir.

Esto no significa, por supuesto, renunciar a toda forma de uso de los recursos naturales. Significa que debemos evaluar caso por caso y que, en este caso en particular —por su localización en un ecosistema de alta sensibilidad, por su inserción en una disputa geopolítica no resuelta y por su contribución a un modelo energético que agrava la crisis climática—, los costos superan ampliamente cualquier beneficio económico imaginable.

La verdadera riqueza de un territorio no se encuentra solamente en aquello que podemos convertir inmediatamente en mercancía. También está en lo que debemos conservar para que continúe cumpliendo sus funciones ecológicas.

Ésta es una inversión conceptual decisiva: significa pasar de una economía que pregunta cuánto podemos extraer a una economía que pregunta cuánto podemos utilizar sin destruir las condiciones que sostienen nuestra propia existencia.

La pregunta por los límites ecológicos no es una pregunta técnica. Es una pregunta política, ética y, en el caso de Malvinas, también patriótica. Porque los límites no son barreras al desarrollo: son las condiciones que hacen posible que el desarrollo tenga futuro.

El Atlántico Sur no es una zona de sacrificio

Lo que está ocurriendo alrededor de Malvinas debería obligarnos a mirar nuevamente el Atlántico Sur como un sistema integral y no como una suma de oportunidades extractivas.

Primero fueron los recursos pesqueros. Ahora aparece el petróleo. Más al sur se encuentran otros recursos naturales estratégicos y, en conexión con ellos, los ecosistemas antárticos y subantárticos. Cada nueva frontera extractiva se presenta como una oportunidad económica independiente, pero, observadas en conjunto, revelan algo diferente: la creciente presión de un modelo económico sobre uno de los grandes sistemas naturales de nuestro planeta.

Aquí conviene hacer un contraste que suele omitirse en el debate. Mientras el proyecto Sea Lion promete inversión, empleo e ingresos derivados de la explotación petrolera, el Atlántico Sur ya sostiene actividades económicas reales y renovables: la pesca artesanal y comercial, el turismo de naturaleza en la Patagonia, la ciencia marina y los servicios ecosistémicos que proveen sus aguas. Un derrame —o incluso la operatividad permanente de una plataforma— pondría en riesgo esos sectores que generan trabajo estable y no comprometen el futuro del planeta.

No se trata de elegir entre petróleo y nada; se trata de elegir entre un modelo extractivo de corto plazo y un modelo de conservación y uso sustentable de largo plazo.

Por eso la discusión sobre Sea Lion no debería quedar atrapada en simplificaciones, ni en la acusación recurrente hacia el ambientalismo de actuar de manera «colonialista» o cómplice por cuestionar los proyectos locales.

La posición ecosocial debe ir más lejos: rechaza la explotación unilateral británica en aguas en disputa por constituir un atropello a la soberanía territorial y una modificación material injustificada de una situación aún no resuelta, pero rechaza al mismo tiempo la premisa de que la solución deseable consista simplemente en reemplazar una plataforma británica por una argentina.

El problema no es solamente quién extrae el petróleo; el problema es la decisión misma de convertir ese ecosistema en una cuenca petrolera.

Ésa es la diferencia entre disputar la propiedad de la naturaleza y defender su integridad.

Volver a mirar los 220 kilómetros

Cuando en 2022 escribimos que había que dejar de «sentir que 300 km no es nada», lo que intentábamos señalar era que la distancia física no podía utilizarse para ocultar la proximidad ecológica.

Hoy la situación es todavía más clara. El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros de las islas y pretende desarrollar una explotación petrolera de gran escala durante décadas. Pero esos 220 kilómetros no constituyen una barrera ecológica: forman parte de un mismo sistema marino en el que circulan especies, nutrientes, corrientes y contaminantes.

La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a los kilómetros que separan una plataforma de una costa. Debemos preguntarnos qué clase de relación queremos establecer con el Atlántico Sur.

Podemos continuar considerándolo una reserva de materias primas cuya explotación se justifica cada vez que surge una oportunidad económica, o podemos comenzar a reconocerlo como un patrimonio natural cuya integridad constituye una condición indispensable para el bienestar de las sociedades que dependen de él.

Ésta es, en última instancia, la discusión de fondo.

Malvinas no puede convertirse en una nueva excusa para profundizar el modelo extractivista. La reivindicación de nuestra soberanía no debería llevarnos a repetir bajo bandera argentina aquello que hoy cuestionamos cuando lo hace otro país. Si alguna vez recuperamos plenamente el ejercicio de nuestra soberanía sobre las islas, deberíamos asumir también la responsabilidad histórica de conservar el territorio y los mares que las rodean.

Por eso, defender Malvinas desde el ecologismo político implica algo más que reclamar su soberanía: implica cuestionar la lógica económica que pretende convertir cada territorio, cada bosque, cada río y cada océano en una oportunidad de negocio. Implica comprender que existen límites ecológicos que ninguna bandera puede derogar y que existen bienes naturales cuyo valor no depende de nuestra capacidad para transformarlos en mercancías.

¿Qué podemos hacer?

Este análisis no pretende quedarse en la denuncia; la situación exige acciones concretas.

Como ciudadanos y ciudadanas argentinas, hay caminos concretos por delante.

Podemos exigir la aplicación efectiva de la Ley 26.659, demandando al Estado argentino que ejecute de manera estricta las sanciones administrativas, judiciales y comerciales vigentes contra las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, así como contra todas las empresas de servicios y logística asociadas que operen o pretendan operar, directa o indirectamente, en la Argentina continental. Podemos exigir también que el Estado argentino eleve una protesta formal ante las Naciones Unidas y los organismos internacionales por la violación de la Resolución 31/49.

Podemos apoyar las iniciativas legislativas que promuevan una moratoria a la exploración y explotación petrolera en el Atlántico Sur hasta que se resuelva la disputa de soberanía y se realicen evaluaciones de impacto ambiental independientes y vinculantes. Podemos difundir este debate en organizaciones sociales, sindicales, ambientales y políticas, para que no quede reducido a los círculos técnicos o a las empresas involucradas. Y podemos construir una posición común con los movimientos ecologistas del Reino Unido y de otros países, porque el petróleo de Malvinas no es solo un problema argentino: es un problema global.

Las Malvinas son argentinas y su riqueza más importante no está debajo del fondo marino; está en el mar vivo que debemos ser capaces de conservar.

La pregunta, entonces, es si queremos seguir siendo un país que vive de espaldas a sus océanos o uno que aprende a habitarlos sin destruirlos.

Descargar aquí = MALVINAS: SOBERANÍA SI, PETRÓLEO NO

[1] La Corriente de Malvinas es una corriente de agua fría, rica en oxígeno y nutrientes, que nace como una rama de la Corriente Circumpolar Antártica al pasar por el Pasaje de Drake. Fluye hacia el norte a lo largo de la costa patagónica, fertilizando el Mar Argentino y sosteniendo un ecosistema de alta productividad biológica. Se mezcla con la Corriente de Brasil (cálida y salina) cerca de Mar del Plata y sus aguas frías y nutritivas son cruciales para el clima y la pesca en la región. Disponible en: https://agendamalvinas.com.ar/noticia/una-nueva-expedicion-cientifica-investigara-la-corriente-de-malvinas