Una respuesta desde la ecología política a una propuesta de reducir la población mundial a 4.000 millones para el 2200

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

1. Introducción

El siglo XXI ha visto resurgir con fuerza el debate sobre los límites biofísicos del planeta y el papel de la población humana en la crisis ecológica. En este contexto, el artículo de Keegan et al., «Achieve Sustainability by Easing Population to 4 Billion by 2200«, publicado en Sustainable Development, plantea una tesis provocadora: según los autores, la sostenibilidad global requeriría una reducción gradual de la población mundial hasta unos 4.000 millones de habitantes hacia el año 2200, acompañada por una disminución de la huella ambiental per cápita. Para fundamentar su propuesta, los autores recurren al marco de la ecuación IPAT —I = P × A × T, donde el impacto ambiental resulta de la interacción entre población, afluencia o consumo per cápita y tecnología— y analizan la relación entre la evolución demográfica y ocho indicadores ambientales, entre ellos la pérdida de biodiversidad y las emisiones de CO₂.

Pero la ecuación IPAT mide impacto ambiental, no sostenibilidad. Reducir el impacto es una condición necesaria, pero no suficiente. La sostenibilidad exige además decisiones políticas sobre qué tipo de sociedad queremos construir, cómo distribuir los recursos y qué relaciones con la naturaleza y entre las personas consideramos justas. Al presentar un objetivo numérico de población como la clave para la sostenibilidad, el artículo confunde el diagnóstico del impacto con la definición de un horizonte social deseable.

La propuesta abre así una cuestión que excede la demografía: ¿hasta qué punto puede explicarse y resolverse la crisis ecológica actuando sobre el número de seres humanos, sin transformar simultáneamente las relaciones económicas, sociales y tecnológicas que determinan la presión que ejercemos sobre la biosfera? Detrás de esta pregunta se esconde otra más profunda: ¿es posible la sostenibilidad sin abandonar el productivismo, es decir, sin cuestionar la obsesión por el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo como fin último de la organización social?

Antes de continuar, conviene detenernos en un término que atraviesa todo el debate: la sostenibilidad. Para Keegan et al., la sostenibilidad es fundamentalmente un problema de escala biofísica: se trata de ajustar la población y el consumo per cápita para que el impacto humano no supere la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Esta definición, aunque necesaria, es incompleta. Desde la ecología política, entendemos la sostenibilidad no solo como un equilibrio biofísico, sino como un proyecto político y social que implica decidir colectivamente qué tipo de vida queremos garantizar, cómo distribuimos los recursos y qué relaciones de poder estamos dispuestos a transformar. La sostenibilidad, lejos de ser un tecnicismo: es un campo de conflicto donde se disputan diferentes modelos de sociedad.

El presente artículo no busca refutar la evidencia empírica presentada, sino someterla a un análisis crítico desde la ecología política. Esta disciplina, que concibe los problemas ambientales como inherentemente políticos y atravesados por relaciones de poder, nos permite desvelar los supuestos, omisiones y posibles efectos no deseados de la propuesta de Keegan et al. La pregunta que guía nuestro análisis es cómo se enmarca la importancia del factor poblacional, quién es llamado a actuar y qué alternativas quedan excluidas del debate.

Nuestra tesis central es que el enfoque del artículo, aunque valioso por romper el silencio sobre el factor poblacional, adolece de un reduccionismo estadístico que trata a la población como una variable homogénea y descontextualiza las relaciones de poder. Al hacerlo, oculta las responsabilidades diferenciadas y las asimetrías históricas que son, en última instancia, las raíces profundas de la crisis ecológica. Fijar un objetivo numérico global sin abordar estas dimensiones corre el riesgo de derivar en propuestas tecnocráticas o, peor aún, de desplazar la responsabilidad de la crisis hacia las poblaciones de mayor crecimiento demográfico, cuando su contribución histórica al deterioro ambiental es desproporcionadamente menor.

Desde una perspectiva de ecología política, el planteamiento del artículo de Keegan et al. puede ser leído como una forma contemporánea de neomalthusianismo ambiental, aunque con diferencias sustantivas respecto del neomalthusianismo clásico. Su núcleo argumental —la preocupación por el desajuste entre el crecimiento poblacional y los recursos finitos, expresado mediante la ecuación IPAT— se inscribe directamente en esta tradición. Los autores atribuyen al crecimiento demográfico el papel de «principal motor» de cinco de los ocho impactos analizados, fijan un objetivo numérico explícito de 4 mil millones para 2200 y abogan por la planificación familiar voluntaria como estrategia central. Sin embargo, a diferencia del neomalthusianismo clásico, el artículo reconoce el papel relevante del consumo per cápita, se distancia explícitamente de planteamientos coercitivos o eugenésicos y enmarca su propuesta en términos de bienestar y justicia social. Una versión actualizada y progresista que mantiene la premisa fundamental de que la sostenibilidad requiere una reducción significativa de la población, pero que omite dimensiones políticas y distributivas esenciales para comprender la crisis ecológica en su totalidad.

2. Los límites de una aproximación demográfica a la sostenibilidad

Para desentrañar las limitaciones del artículo de Keegan et al., es necesario examinar sus supuestos epistemológicos. Desde una lectura de ecología política, su aproximación puede ser interpretada como tecnocrática, en la medida en que tiende a concebir los problemas ambientales como fallos de gestión o de información que pueden resolverse mediante ajustes técnicos, incentivos económicos o cambios de comportamiento individual. Esta aproximación se caracteriza por confiar en el conocimiento experto y las métricas cuantitativas como herramientas neutrales para definir problemas y soluciones; por universalizar la responsabilidad, diluyendo las diferencias de poder y capacidad entre actores y regiones; y por tratar a la población y al consumo como variables independientes, susceptibles de ser optimizadas.

Frente a esta visión, la ecología política ofrece un contrapunto que pone el acento en la distribución, la escala y la asignación: no se trata solo de cuánto utilizamos de la naturaleza, sino de quién utiliza cuánto y para qué.

2.1. ¿Cuál es la capacidad de carga de la humanidad?

La propuesta de alcanzar una población mundial de 4.000 millones de habitantes remite inevitablemente a una pregunta anterior: ¿cuál es la capacidad de carga de la Tierra para la especie humana? La pregunta parece admitir una respuesta cuantitativa, pero encierra un problema conceptual profundo.

La capacidad de carga (carrying capacity) es, en su formulación clásica, el número máximo de individuos que un ambiente puede sostener indefinidamente bajo determinadas condiciones. Para otras especies, puede estimarse dentro de determinados ecosistemas y bajo condiciones ambientales relativamente estables. Pero en el caso humano, la cuestión cambia radicalmente: los seres humanos no habitamos pasivamente un ambiente cuya capacidad de carga permanece constante. Modificamos los ecosistemas, transformamos la energía y los materiales, alteramos los ciclos biogeoquímicos y, sobre todo, decidimos socialmente qué niveles de consumo consideramos necesarios para una vida digna.

La capacidad de carga humana depende, entre otras cosas, de cuánto consume cada persona, qué tecnologías utiliza, qué alimentos produce, cómo distribuye los recursos, qué materiales extrae y qué residuos genera. Por eso, no existe una capacidad de carga humana fija e independiente del modelo de sociedad. No es solamente una propiedad de la naturaleza; en el caso humano, también es una función del metabolismo social.

Esta constatación revela una paradoja: podemos tener 4.000 millones de personas con un metabolismo altamente extractivo y una presión ecológica enorme, pero también 8.000 millones de personas con un metabolismo mucho menos intensivo en materiales y energía y una presión ambiental sustancialmente menor. No se trata de afirmar que ambas situaciones sean equivalentes ni que la población sea irrelevante. Se trata de reconocer que no podemos determinar el límite demográfico sin definir previamente las condiciones materiales y sociales bajo las cuales esa población viviría.

Y aquí aparece la dimensión normativa: ¿capacidad de carga para qué nivel de vida? ¿Para garantizar solamente la supervivencia? ¿Para garantizar una vida digna con acceso a educación, salud, vivienda, movilidad, cultura y tiempo libre? ¿O para que una minoría pueda mantener consumos extraordinariamente elevados? La respuesta cambia completamente el número. No existe una capacidad de carga humana independiente de la definición de bienestar que adoptemos. La pregunta entonces es qué nivel de vida queremos garantizar y qué distribución de los recursos consideramos justa.

Por ello, la propuesta de 4.000 millones no se desprende automáticamente de los límites biofísicos: requiere una decisión normativa acerca de qué sociedad y qué nivel de bienestar estamos proyectando. Y esa decisión, en una sociedad democrática, no puede ser monopolizada por expertos ni presentada como una conclusión puramente científica.

2.2. La tiranía del promedio: ocultando la desigualdad bajo la ecuación IPAT

La principal fortaleza analítica de Keegan et al. —la ecuación IPAT— es también su mayor debilidad. Al multiplicar la población total por un «impacto per cápita» promedio, se construye una abstracción estadística que borra las enormes disparidades en el acceso a recursos y en la contribución al daño ambiental.

El problema es el uso de la ecuación en el artículo en tanto lleva a un desequilibrio en las soluciones: mientras se proponen medidas concretas para reducir la población, no se ofrece ninguna agenda política equivalente para reducir el consumo en los países de altos ingresos. La ‘A’ de afluencia queda así, como una variable reconocida pero políticamente neutralizada.

Como los propios autores señalan, el consumo energético per cápita varía enormemente: mientras la media global es de 1.851 kg equivalente de petróleo, la de Estados Unidos es de 6.506 y la de Canadá de 7.632. Tratar ambos impactos como si fueran intercambiables en la ecuación es una simplificación que oculta la responsabilidad central de los estilos de vida de altos ingresos. La meta de 4 mil millones de personas es una cifra que varía drásticamente según qué estándar de consumo se asuma como base. ¿Se proyecta un mundo de 4 mil millones viviendo como europeos medios, como estadounidenses, o como ciudadanos de Kerala? El artículo no lo define con claridad, dejando un espacio para interpretaciones que podrían terminar colocando sobre las poblaciones más vulnerables una responsabilidad que no guarda relación proporcional con su contribución histórica al deterioro ambiental.

Fijar metas numéricas de población sin cuestionar la distribución de la riqueza conlleva al menos dos riesgos críticos. El primero es la tecnocracia: el peligro de que expertos decidan el futuro de la humanidad mediante ajustes matemáticos, excluyendo la participación ciudadana en una decisión que es, ante todo, política. El segundo es el desplazamiento de responsabilidad: el riesgo ético de culpar a los países más pobres (donde el crecimiento poblacional es mayor) por una crisis generada, en su abrumadora mayoría, por el metabolismo de los países ricos.

2.3. El metabolismo social: más allá de la ecuación IPAT

La ecuación IPAT resulta útil para mostrar que el impacto ambiental no depende exclusivamente del tamaño de la población. Pero sus variables no son magnitudes socialmente neutras. La población está atravesada por procesos demográficos, culturales y sociales; el consumo o afluencia por habitante depende de la distribución de la riqueza y de los patrones de producción y consumo; y la tecnología no constituye una variable autónoma, sino que responde a decisiones económicas, estructuras productivas, relaciones de poder y políticas públicas.

Desde la ecología política, por tanto, el problema no consiste en rechazar la ecuación IPAT, sino en politizar sus variables. La pregunta deja de ser únicamente cuánto contribuyen la población, el consumo y la tecnología al impacto ambiental para pasar a ser: ¿quién determina cada una de esas variables, mediante qué relaciones de poder y quién soporta las consecuencias ecológicas de esas decisiones?

Es aquí donde el concepto de metabolismo social permite ir más allá de la ecuación. Toda sociedad mantiene un intercambio permanente con la naturaleza: extrae energía y materiales, los transforma mediante sistemas productivos y tecnológicos, los distribuye y consume, y finalmente devuelve al ambiente residuos y emisiones. Ese metabolismo está orientado, en las sociedades capitalistas industrializadas, por una lógica productivista: la expansión continua de la producción y el consumo no como medio para satisfacer necesidades, sino como fin en sí mismo. El productivismo es, además de una forma de organizar la economía, una cultura, una cosmovisión que equipara el progreso con el crecimiento material y que convierte la naturaleza en un mero insumo al servicio de la acumulación. El metabolismo no es igual para todas las sociedades ni se distribuye de manera uniforme dentro de ellas. Está organizado por relaciones económicas, instituciones, estructuras de propiedad, patrones culturales y decisiones políticas que determinan qué se extrae, cuánto se extrae, para qué se utiliza y quién se apropia de sus beneficios.

Por eso, la ecología política introduce una dimensión que la ecuación IPAT, por su propia naturaleza, no puede expresar: la dimensión del poder. No basta con conocer cuánto consume una sociedad; necesitamos saber quién consume, quién decide sobre los recursos, qué necesidades se consideran prioritarias y quién soporta los costos ambientales de la producción y del consumo.

Esta perspectiva resulta particularmente relevante frente a la propuesta de alcanzar una población mundial de 4.000 millones de habitantes. Una reducción demográfica puede disminuir la presión sobre los ecosistemas, pero sus efectos dependerán del metabolismo social dentro del cual esa población viva. No existe una relación automática entre menos habitantes y una sociedad sostenible. Una población menor puede continuar sosteniendo un metabolismo altamente extractivo, y profundamente productivista, intensivo en energía y materiales y basado en consumos desiguales. Del mismo modo, una transformación profunda de los patrones productivos y de consumo —es decir, el abandono del productivismo como horizonte social— puede reducir significativamente la presión ambiental sin que la variable demográfica sea necesariamente la principal palanca de cambio.

La cuestión, entonces, es comprender la interacción entre población, consumo, tecnología y organización social. La ecuación IPAT puede ayudarnos a identificar los componentes del impacto; el concepto de metabolismo social nos permite preguntar cómo se articulan esos componentes dentro de una determinada estructura económica y política.

Desde esta perspectiva, la pregunta fundamental deja de ser solamente cuántos seres humanos puede sostener la Tierra y pasa a ser qué tipo de metabolismo social puede sostener la Tierra y garantizar, al mismo tiempo, una vida digna para quienes la habitan. Esa reformulación es decisiva: desplaza el debate desde la mera aritmética demográfica hacia la distribución del espacio ecológico, la justicia ambiental y la transformación de las relaciones sociales que determinan nuestra apropiación de la naturaleza.

2.4. El salto normativo: de la modelización a la prescripción

Una de las cuestiones más interesantes que plantea el artículo de Keegan et al. y que merece un examen detenido es el salto normativo que realiza al pasar de la modelización de escenarios a la fijación de un objetivo poblacional.

La ciencia puede modelizar: «si la población evoluciona de esta manera, bajo estos supuestos, determinados impactos podrían disminuir». Pero otra proposición muy distinta es: «por lo tanto, la humanidad debería aspirar a ser una población de 4.000 millones». Entre ambas afirmaciones existe un salto que no está justificado por la evidencia empírica, sino que introduce un juicio de valor acerca de qué tipo de mundo es preferible.

Este salto normativo se sostiene sobre una confusión conceptual: la ecuación IPAT permite modelizar el impacto (I), pero la sostenibilidad es un concepto político y ético, no una variable matemática. Reducir el impacto es necesario, pero decidir qué nivel de impacto es aceptable, para quién y con qué criterios de justicia, es una cuestión que la ciencia no puede responder por sí sola. Al presentar un escenario de menor impacto como el camino hacia la sostenibilidad, el artículo equipara dos cosas que no son lo mismo: medir y prescribir.

¿De dónde surge el número 4.000 millones? Los autores lo presentan como una conclusión derivada de sus proyecciones, pero en realidad es el resultado de una elección entre múltiples escenarios posibles, ninguno de los cuales es «natural» o «científico» en sí mismo. Elegir el escenario de 4.000 millones frente a otros posibles implica decidir qué nivel de consumo, qué estándar de vida y qué relación con la naturaleza se considera deseable. Ese es un debate político y ético, no una conclusión estadística.

Al presentar su meta como una conclusión derivada de sus modelos y escenarios, el artículo corre el riesgo de oscurecer el carácter normativo de esa propuesta y de sustraerla al debate democrático que debería acompañarla. Los números pueden describir un escenario posible; no pueden decidir por nosotros cuál merece perseguirse.

3. Hacia una agenda de sostenibilidad desde la ecología política

Frente al enfoque tecnocrático de Keegan et al., la ecología política propone integrar la cuestión poblacional en un marco más amplio de justicia ecológica y transformación del metabolismo social. Esta agenda se articula en cuatro ejes interdependientes, todos ellos orientados no a ajustar una variable demográfica, sino a redistribuir el poder y el acceso a los recursos que sostienen la vida. La dimensión histórica y distributiva de la crisis debe formar parte de cualquier estrategia de transición justa, y por ello estos ejes son cruciales.

A. Decrecimiento del Norte Global y justicia climática

La prioridad debe ser la reducción drástica del consumo material y energético en los países de altos ingresos. Esto implica políticas de descarbonización acelerada, pero también de reducción de la jornada laboral y reconversión productiva hacia sectores que satisfagan necesidades básicas y no el derroche. Reduciendo drásticamente el consumo de las sociedades de altos ingresos se libera el espacio ecológico necesario para que las poblaciones del Sur Global puedan mejorar sus condiciones de vida sin profundizar la crisis ecológica. En el fondo, se trata de desmontar la lógica productivista que ha convertido el crecimiento en un fin en sí mismo y no en un medio para el bienestar.

B. Justicia reproductiva como derecho, no como meta

El apoyo a la planificación familiar debe ser un derecho humano universal, no una herramienta para alcanzar una cifra. Esto implica financiación masiva de servicios de salud sexual y reproductiva, garantía de educación pública, gratuita y de calidad para niñas y mujeres, y apoyo a políticas de licencias parentales y guarderías que permitan a las mujeres decidir libremente sobre su maternidad, sin que esa decisión quede subordinada a ninguna meta demográfica externa.

C. Reconocimiento de la deuda ecológica y financiación de transiciones justas

El Norte Global tiene una responsabilidad histórica ineludible en la crisis ecológica. Esta deuda ecológica es la acumulación de carbono en la atmósfera, de biodiversidad perdida y de territorios contaminados. Por ello, debe financiar las transiciones sostenibles en el Sur Global sin condicionalidades que perpetúen la dependencia. Esto incluye transferencia de tecnología limpia y apoyo a procesos de defensa de los territorios indígenas y campesinos, que son los principales guardianes de la biodiversidad mundial.

D. Fortalecimiento de la democracia ecológica

Las decisiones sobre el uso de los recursos y las metas ambientales deben ser profundamente democráticas y participativas. Esto implica crear mecanismos de democracia deliberativa a escala local, nacional y global donde las comunidades afectadas tengan voz; proteger a los defensores ambientales, criminalizados en todo el mundo; y reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus propias formas de gobernanza ambiental, que han demostrado ser más efectivas para conservar la biodiversidad que las estrategias tecnocráticas. La democracia ecológica es la condición de posibilidad de cualquier transformación sostenible y justa.

Un apunte necesario: no toda crítica a la población es progresista

La crítica al reduccionismo poblacional de Keegan et al. no es monopolio de la ecología política. En el debate público actual, la impugnación del enfoque neomalthusiano resuena con fuerza desde dos campos muy distintos que conviene distinguir, porque sus motivos y sus horizontes no podrían ser más diferentes al nuestro.

La nueva derecha pronatalista impugna el mismo reduccionismo estadístico que hemos criticado, pero para invertir el signo del problema. Para Musk, Vance o los sectores reunidos en el NatalCon, la crisis es el «colapso demográfico», el «invierno demográfico», la caída de la natalidad en Occidente. Su crítica al control poblacional no busca una sociedad más justa, sino preservar un determinado stock humano —étnica, cultural y civilizatoriamente definido— ante el supuesto «gran reemplazo». En Argentina, Javier Milei encarna esta misma lógica con particular crudeza: ha culpado públicamente a la legalización del aborto y a los ‘pañuelitos verdes’ por la caída de la natalidad, ignorando que el descenso de los nacimientos es anterior a esa ley. Su gobierno ha alineado al país con la Declaración de Ginebra —una coalición ultraconservadora contra los derechos reproductivos— y ha instalado en el debate público el diagnóstico de un ‘invierno demográfico’ que exige recuperar ‘los valores tradicionales’. En esa narrativa, la respuesta a la baja natalidad no es garantizar vivienda, trabajo o cuidados, sino restringir el aborto, desfinanciar políticas de género y promover una familia tradicional donde ‘la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje’. No es un pronatalismo cualquiera: es un pronatalismo que se construye sobre el recorte de derechos y la nostalgia de un orden jerárquico. La reproducción se convierte así en un activo geopolítico, y los derechos reproductivos de las mujeres, en un obstáculo. Es una lectura igualmente biologicista y despolitizada de la población —ahora entendida como recurso estratégico en vez de variable ambiental a reducir— que evita exactamente la pregunta que la ecología política sí formula: ¿quién consume, decide y carga con los costos del metabolismo social?

La Iglesia católica ofrece una tercera vía, con una genealogía propia que arranca en Humanae Vitae (1968) y se actualiza en las palabras del Papa León XIV sobre la «esterilidad drástica» europea. Su objeción a las metas poblacionales no apela al miedo étnico ni al reemplazo, sino a la dignidad de la persona, a la apertura a la vida y a la doctrina social sobre la familia. Para el Vaticano, las preguntas demográficas no pueden reducirse a números —un argumento formalmente cercano al nuestro— pero la respuesta correcta no es politizar el metabolismo social, sino sustraer la población del campo de la ingeniería social y devolverla al de la familia como institución natural. El efecto práctico —oposición a cualquier gobernanza demográfica, defensa de la natalidad como bien en sí mismo— termina siendo funcionalmente compatible con el discurso natalista de derecha, aunque sus fundamentos sean radicalmente distintos.

Frente a ambas posiciones, la ecología política sostiene una crítica de naturaleza diferente. No se opone al reduccionismo estadístico para defender más nacimientos, sino para preguntar por el poder y la distribución. Antes de cuántos seamos, la cuestión es cómo vivimos, quién decide sobre los recursos y quién soporta las consecuencias ecológicas de nuestras decisiones. Ni la alarma por la superpoblación ni la alarma por el colapso demográfico son, por sí mismas, herramientas de emancipación. Ambas pueden servir para justificar políticas autoritarias: unas sobre los cuerpos de las mujeres del Sur Global, otras sobre los cuerpos de las mujeres del Norte. La ecología política se sitúa en las antípodas de ambas: su horizonte es la justicia.

4. Conclusión: La sostenibilidad como decisión política

El artículo de Keegan et al. es un documento valioso que nos obliga a mirar de frente el papel del crecimiento poblacional en la crisis ecológica. Su principal contribución es romper un tabú en el discurso ambientalista dominante. Sin embargo, su perspectiva, anclada en una aproximación tecnocrática, lo lleva a ofrecer una respuesta incompleta que corre el riesgo de despolitizar el debate. Su principal limitación es política: tiende a confundir la reducción del impacto con la definición de la sostenibilidad. Reducir la población puede disminuir la presión sobre los ecosistemas, pero eso no garantiza por sí mismo una sociedad justa, democrática y habitable. La sostenibilidad no se deduce de una ecuación; se construye colectivamente.

Frente a ella, la ecología política sostiene que no basta con reducir el número de habitantes si no se abandona al mismo tiempo el productivismo que organiza el metabolismo social. Reducir la población sin transformar la lógica de la acumulación ilimitada solo cambiaría la escala de un problema estructural: el expolio de la naturaleza seguiría siendo la base de la reproducción social.

Por eso, no podemos contentarnos con una definición estrecha de sostenibilidad como mera adecuación de la población a los límites biofísicos. La sostenibilidad que reivindicamos desde la ecología política es, ante todo, un horizonte de justicia: implica que todas las personas puedan vivir dignamente dentro de los límites del planeta, pero también que las decisiones sobre cómo alcanzar ese horizonte sean democráticas, participativas y respetuosas con las diferencias culturales. Sin esta dimensión política y ética, la sostenibilidad se convierte en un nuevo lenguaje para justificar el autoritarismo ecológico.

La ecología política nos enseña que los problemas ambientales no son cuestiones técnicas que admiten soluciones universales, sino arenas de conflicto donde se disputan diferentes proyectos de sociedad. La meta de 4 mil millones es una apuesta política que requiere definir previamente qué modelo de bienestar y qué distribución de recursos consideramos justos. Frente a ella, hay otras preguntas que merecen el mismo peso: ¿cómo redistribuimos el poder y la riqueza para que todos puedan vivir bien, y cómo reconstruimos nuestra relación con la naturaleza desde el respeto y la reciprocidad?

La cuestión ecológica no consiste solamente en determinar cuántos seres humanos puede soportar la Tierra. Consiste también en decidir si estamos dispuestos a abandonar un modelo productivista que ha convertido la satisfacción de necesidades en un imperativo de crecimiento perpetuo. Consiste en decidir qué relaciones sociales, económicas y políticas estamos dispuestos a transformar para que la Tierra pueda sostener una vida digna para quienes la habitamos. La población importa. Pero medir su impacto no equivale a definir la sostenibilidad. Y mientras no cuestionemos el metabolismo productivista que organiza nuestra relación con la naturaleza, convertir la reducción demográfica en la principal respuesta a la crisis ecológica supone actuar sobre una variable sin transformar el sistema que determina cómo esa población impacta sobre la biosfera.

La pregunta no debe centrarse en decidir quién sobra, sino en cómo democratizamos el metabolismo de nuestro planeta. ¿Cuántos seres humanos puede sostener la Tierra? Es la pregunta equivocada, o al menos la incompleta: en el caso humano, la biofísica no dicta un número sin que antes hayamos decidido cómo queremos vivir. Esa decisión —qué distribuir, entre quiénes y bajo qué criterio de justicia— es política, y no hay proyección demográfica que pueda tomarla por nosotros.

Referencias

  • Keegan, M., Pseiridis, A., Cafaro, P., O’Sullivan, J., Rees, W., Sidze, E. M., … & Rajan, S. I. (2026). Achieve Sustainability by Easing Population to 4 Billion by 2200. Sustainable Development. https://doi.org/10.1002/sd.71358