Ya en noviembre del año pasado advertimos que la desjerarquización del área ambiental no era un accidente administrativo, sino una política de Estado. Nueve meses y una subsecretaría vacía después, la advertencia se cumplió

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

El 16 de agosto de 2023, todavía candidato, Javier Milei se paró frente a una pizarra con los nombres de los ministerios vigentes y fue arrancando los carteles uno por uno al grito de «¡Afuera!». El video, subido a su cuenta de TikTok apenas después de ganar las PASO, superó los dos millones de reproducciones en cuestión de horas. Cayó el cartel del Ministerio de Turismo y Deportes. Cayó el de Cultura. Cayó el de Mujeres, Género y Diversidad. Y cayó, con el mismo grito, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como se puede ver en la imagen que ilustra este artículo.

Tres años después, ese cartel sigue en el piso. Lo que empezó como una escenografía de campaña —»el Estado no es la solución, el Estado es el problema», explicaba Milei antes de arrancar el primer nombre— se volvió programa de gobierno: el área ambiental perdió el rango ministerial el mismo día en que asumió la presidencia, quedó subordinada a una secretaría que además administra el turismo, y hoy, más de un mes después de la renuncia de su último subsecretario, ni siquiera tiene quién la represente. El «afuera» de 2023 no fue una ocurrencia de campaña: fue el anuncio, con fecha y con testigos, de lo que hoy es la política ambiental argentina.

Hay decisiones políticas que se expresan mediante decretos, leyes o partidas presupuestarias. Y hay otras que se expresan mediante algo aparentemente mucho más sencillo: dejar un cargo vacío.

Desde el 26 de junio de 2026, cuando se hizo efectiva la renuncia de Fernando Brom, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación permanece sin titular político. La Resolución 62/2026 aceptó formalmente su renuncia y dispuso que, transitoriamente, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, asumiera la atención y firma del despacho.

Ha pasado más de un mes.

Puede parecer un detalle menor. Después de todo, la estructura administrativa continúa funcionando y existen equipos técnicos que sostienen buena parte de las tareas cotidianas. Pero no lo es. Porque una cosa es que un organismo funcione administrativamente y otra muy diferente que exista conducción política de la política ambiental nacional.

La ausencia prolongada de un subsecretario de Ambiente constituye mucho más que una vacancia burocrática. En el contexto de la degradación institucional que el área viene experimentando desde diciembre de 2023, se convierte en una señal política inequívoca: para este Gobierno, el ambiente y el desarrollo sostenible dejaron de ser una cuestión de Estado.

De Ministerio a Subsecretaría; de política pública a mero trámite administrativo

El retroceso comenzó desde el inicio de la administración de Javier Milei. El antiguo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible perdió su rango ministerial y la política ambiental quedó subordinada dentro de una Secretaría que reúne Turismo y Ambiente.

No se trata solamente de una cuestión protocolar. El rango institucional expresa prioridades políticas. Un ministerio participa del gabinete nacional, interviene en la definición de las grandes políticas públicas y tiene una capacidad de interlocución política acorde con esa responsabilidad. Una subsecretaría subordinada expresa otra cosa.

Y resulta particularmente significativo que esa degradación jerárquica se produzca precisamente cuando Argentina enfrenta una crisis ecosocial que exige mayor capacidad estatal: cambio climático, incendios forestales, pérdida de bosques nativos, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad, crisis hídrica y expansión de actividades extractivas sobre territorios ambientalmente frágiles.

El Gobierno hizo exactamente lo contrario de lo que exigiría semejante escenario: redujo la jerarquía política del ambiente.

Esto no es una lectura retrospectiva forzada sobre los hechos. En La Desjerarquización del Área Ambiental: El Negacionismo Como Política de Estado, publicado en noviembre de 2025, sosteníamos que esa reducción jerárquica no era un mero gesto simbólico sino una forma de política pública, y cerrábamos con una advertencia explícita: que la desjerarquización no era el fin, sino el anuncio de lo que vendría. La acefalía actual es exactamente eso: no una novedad, sino la confirmación de un diagnóstico que ya estaba escrito.

Dos renuncias, un mismo patrón

Ana Lamas duró poco más de un año al frente de la subsecretaría. Se fue en medio de la emergencia por los incendios en la Patagonia, después de haber sostenido en público que el cambio climático era «innegable» pero también «natural y cíclico», una fórmula que le permitía cumplir el libreto presidencial sin romper del todo con el consenso científico.

Fernando Brom, el empresario gastronómico que la reemplazó sin antecedentes en gestión ambiental, duró exactamente lo mismo. Su paso por el cargo quedó documentado en una intervención ante el Senado que analizamos en detalle en: Glaciares, daño irreversible y regresión ambiental: análisis crítico de la intervención del subsecretario Fernando Brom en el Senado. Allí, Brom exhibió un desorden conceptual que banaliza el campo ambiental, relativizó el cambio climático al afirmar que «se produce hace millones de años», y redujo el daño ambiental a un costo de operación, desconociendo el principio de irreversibilidad que rige la protección de bienes como los glaciares.

Se fue después de chocar con el círculo estrecho de la Casa Rosada por la respuesta oficial a los incendios del sur, después de un cruce público con Manuel Adorni, y después de que Jefatura de Gabinete le prohibiera viajar a la COP30 en Brasil, enviando en su lugar una comitiva reducida de Cancillería.

El patrón es el mismo dos veces: alguien llega a administrar un área que el poder real no quiere que exista, entra en fricción con ese poder apenas la agenda ambiental roza un interés más fuerte —incendios, recortes, política exterior— y termina expulsado o agotado. Durante esos dos años y medio, ninguno de los dos logró —o pudo— convertir las competencias formales de la Subsecretaría en una defensa política efectiva de la política ambiental nacional. Ni falta que hacía: el cargo estaba diseñado, desde su origen, para no defenderlas.

El discurso no es un exceso retórico, es el programa

Conviene no tratar las declaraciones presidenciales sobre el clima como anécdotas de color. Milei ha sido metódico. Ya en el debate presidencial de 2023 planteó que el cambio climático es apenas «el quinto ciclo» de variación térmica del planeta. Como presidente, sostuvo ante un medio francés que el fenómeno «no tiene nada que ver con la presencia humana». En 2024 retiró a la delegación argentina de la COP29 en Bakú a horas de que comenzaran las negociaciones, un repliegue que las organizaciones ambientales calificaron como inédito. Después llegó a plantear públicamente la posibilidad de que el país abandone el Acuerdo de París.

Ese discurso tuvo traducción administrativa exacta. La Dirección de Cambio Climático fue borrada del organigrama; lo que queda de sus funciones se sostiene casi exclusivamente con financiamiento internacional. El presupuesto ambiental, que ya era magro en 2023 con el 0,12% del gasto nacional, cayó al 0,03% en 2026, según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Las herramientas para fortalecer la Ley de Bosques y el Plan Nacional de Manejo del Fuego quedaron congeladas. El Climate Action Tracker calificó la política climática argentina como «críticamente insuficiente», la peor categoría posible y la más laxa de todo el G20 respecto del límite de 1,5°C.

No hace falta forzar la lectura: cuando el jefe de Estado dedica dos años a insistir en que el problema no existe, resulta coherente que el aparato estatal termine sin nadie a cargo de administrarlo.

Esa coherencia no es casual: responde a una matriz ideológica precisa. Para el fundamentalismo de mercado que gobierna, los límites ecológicos —el caudal de un río, la capacidad de regeneración de un bosque, la estabilidad de un glaciar— no son datos que el Estado deba reconocer y hacer cumplir, sino restricciones a remover en nombre de la libertad económica. Vaciar la conducción ambiental no es, entonces, un descuido lateral de ese proyecto: es su consecuencia lógica.

Lo que queda cuando no hay nadie

La estructura ambiental nacional interviene, al menos en el papel, sobre bosques nativos, biodiversidad, residuos, economía circular, educación ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales. Con la Subsecretaría acéfala, esa intervención puede sostenerse administrativamente, pero queda debilitada su conducción política específica: falta una autoridad dedicada a definir prioridades, coordinar con las provincias y defender institucionalmente la política ambiental nacional.

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que reúne a las 24 jurisdicciones, ya expresó su preocupación por la falta de un interlocutor nacional con capacidad real de coordinación. No es un reclamo corporativo: son las provincias que reciben —o deberían recibir— los fondos de la Ley de Bosques, las que necesitan autorización para planes de manejo del fuego, las que están del lado de adentro cuando se queman miles de hectáreas y no hay a quién reclamarle una política de prevención.

La silla vacía

Por eso la silla vacía de la Subsecretaría de Ambiente merece más atención de la que está recibiendo. No porque un cargo administrativo tenga por sí mismo una importancia trascendental. Sino porque la silla vacía simboliza algo mucho más grande.

Simboliza un Gobierno que degradó el Ministerio de Ambiente. Que subordinó la política ambiental. Que convirtió el ambiente en una cuestión secundaria. Que ha confrontado con buena parte de la agenda climática internacional. Que ha debilitado herramientas fundamentales de protección ambiental. Y que ahora ni siquiera parece considerar necesario ocupar el cargo responsable de conducir institucionalmente esa política.

La acefalía, entonces, deja de ser una anécdota. Se convierte en una imagen: la misma que Milei mostró en agosto de 2023, cuando arrancó el cartel del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a la cámara y lo tiró al piso al grito de «¡Afuera!». Aquel gesto de campaña no fue una metáfora vacía ni una ocurrencia electoral: fue la hoja de ruta. Primero cayó el rango ministerial. Después cayó la Dirección de Cambio Climático. Después cayeron los fondos de la Ley de Bosques. Y ahora, sin que nadie lo festeje ni lo anuncie, cayó también el último cargo que quedaba en pie para sostener, aunque fuera nominalmente, la conducción política del área. El cartel sigue en el piso donde Milei lo dejó hace tres años. Nadie lo levantó.

Hay quienes podrían objetar que este artículo se volverá obsoleto en cuanto el Gobierno designe un nuevo subsecretario. No es así. Poner un nombre en la silla no levanta el cartel: la estructura sobre la que ese funcionario tendría que trabajar seguirá siendo la misma que dejó el «afuera» original —una Subsecretaría degradada, subordinada a Turismo, sin Dirección de Cambio Climático, con un presupuesto reducido al 0,03% del gasto nacional y con instrumentos clave —la Ley de Bosques, el Plan Nacional de Manejo del Fuego— vaciados de recursos. El problema no es que no haya nadie sentado en la silla. El problema es que la silla está diseñada para no decidir nada. Designar a alguien, en este contexto, no sería una solución: sería apenas un gesto cosmético para disimular que el Estado ambiental ya fue desmantelado, cartel por cartel, desde aquel video de campaña.