Por Carlos Merenson — La (Re)Verde

La estrategia de compraventa de « bonos de carbono » puede dar lugar a una nueva forma de especulación, y no servir para reducir la emisión global de gases contaminantes. Este sistema parece ser una solución rápida y fácil, con la apariencia de cierto compromiso con el medio ambiente, pero que de ninguna manera implica un cambio radical a la altura de las circunstancias. Más bien puede convertirse en un recurso diversivo que permita sostener el sobreconsumo de algunos países y sectores.

Papa Francisco – Laudato si´ (parágrafo 171)

Los tres proyectos sobre mercado de carbono que alcanzaron dictamen en el Senado nacieron de legisladores, no del Poder Ejecutivo. Flavia Royón presentó el expediente S-808/26, un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono. Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Misiones, el S-865/26, que fija presupuestos mínimos de protección ambiental y los integra al mercado de capitales. Jorge Capitanich, el S-718/26, sobre emisión de activos financieros ambientales.

Las tres iniciativas se fundieron en un único texto, firmado por las comisiones de Legislación General, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda. Lo suscribieron veinte senadores. Al menos doce pertenecen a La Libertad Avanza o a sus aliados. El Gobierno no presentó ninguno de los tres proyectos. Su bloque, en cambio, firmó el dictamen.

Una sorpresa que no lo es tanto

La sorpresa es que lo firme el oficialismo. Javier Milei sostiene que el cambio climático responde a ciclos naturales y que culpar al ser humano es una falsedad. En Davos, en enero de 2025, recordó que la Tierra atravesó cinco ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en cuatro de ellos el hombre no existía. Desde esa premisa, un mercado de créditos de carbono carece de sentido: nadie compensa lo que no causa, y nadie paga por reducir lo que ocurriría de todos modos. En organismos del Estado, además, trabajadores del INTA denunciaron restricciones al uso de expresiones como “cambio climático”, “agroecología” y “sustentabilidad”.

La contradicción se explica si se deja de mirar el clima y se mira el negocio. Un crédito de carbono no exige creer en la ciencia: solo necesita un comprador que sí crea en ella. Esos compradores existen, sobre todo afuera. El dictamen suma exención de derechos de exportación y estabilidad fiscal por diez años. Hay un detalle que no debe pasar inadvertido: esa estabilidad se otorga desde la registración en el ReNaRe, y el artículo 9 define esa inscripción como declarativa y de trazabilidad, no como autorización administrativa previa para comercializar. Es decir, el beneficio no queda atado, en esa instancia, a reducciones verificadas. Si no se lo vincula a resultados comprobables, funciona como un subsidio a la inversión.

El clima gana legitimidad cuando puede traducirse en valor de mercado y la pierde cuando obliga a discutir los límites del productivismo. La pregunta sigue en pie: si el Congreso va a legislar, conviene discutir qué se está por crear antes de celebrar lo que se podría recaudar.

Por qué no a los bonos

Para quienes reconocemos la crisis climática, la objeción no depende de quién firme el dictamen. Es conceptual, y empieza por lo que se vende. Técnicamente, el dictamen regula créditos de carbono e instrumentos financieros ambientales, no “bonos” en sentido estricto. Un crédito de carbono no es un objeto que exista en la naturaleza: resulta de comparar lo que ocurrió con lo que, según un modelo, habría ocurrido sin el proyecto. Lo que se transa es una tonelada que no se emitió en un escenario hipotético, y quienes escriben ese escenario cobran según el resultado. La evidencia ya mostró hasta dónde llega el problema: un estudio de Nature Communications de 2024 estimó que menos del 16 % de los créditos examinados correspondía a reducciones reales, y un informe de Carbon Market Watch de septiembre de 2026 sostiene que la auditoría no es independiente cuando el desarrollador elige y paga a quien lo audita.

Karl Polanyi llamó mercancías ficticias a la tierra, el trabajo y el dinero: cosas que no se producen para ser vendidas y cuya conversión en mercancía destruye aquello de lo que la sociedad depende. El mercado de carbono agrega otra: la capacidad de la atmósfera y de los ecosistemas para absorber lo que emitimos. Esa capacidad es un bien común. Hacerla negociable equivale a un cercamiento: quien puede pagar adquiere el derecho de seguir emitiendo, y quien vive en el territorio que genera el crédito pierde voz sobre su uso.

La equivalencia entre toneladas borra, además, quién emite y dónde se paga. Joan Martínez Alier habló de deuda ecológica para nombrar lo que el Norte debe al Sur por siglos de apropiación de recursos y de espacio ambiental. Los créditos permiten refinanciar esa deuda con el mismo Sur: las reducciones se acreditan en territorios periféricos para que las economías que más emiten sigan haciendo lo mismo. Larry Lohmann sostuvo que el comercio de carbono despolitiza el conflicto, porque reemplaza la pregunta de quién debe dejar de emitir por la de cómo se compensa.

En la Argentina esa lógica tiene anclajes concretos. Un país que expande la frontera hidrocarburífera y agropecuaria puede ofrecer reducciones por conservación mientras deja intactas las actividades que producen las emisiones. La Ley de Bosques ya obliga a proteger los bosques nativos, de modo que atribuir créditos por esa protección obliga a preguntar qué es adicional y qué se paga por segunda vez. Y los territorios que se vuelven fuente de crédito suelen ser los de comunidades indígenas y campesinas, con conflictos de titularidad pendientes y sin lugar en la mesa donde se firma el contrato.

Hay otro costo, menos visible. Cada reducción que se transfiere con ajuste correspondiente sale del inventario nacional y deja de contar para cumplir nuestras propias metas. Se vende barato lo que después habrá que reponer caro, en un país que no tiene una NDC actualizada y operativa que diga cuánto puede ceder.

Aquí es importante destacar que entre el proyecto original de Royón y el dictamen hay una diferencia que no debe pasar inadvertida. El proyecto creaba una Reserva Estratégica Nacional de Carbono: el volumen de reducciones que el país debía retener cada año para cumplir su NDC, un cupo máximo de transferencia al exterior y la facultad de suspender nuevos ajustes si la trayectoria era de incumplimiento. El dictamen suprimió ese capítulo. Quedó una cláusula general según la cual las autorizaciones deben ser compatibles con la NDC, sin cupo, sin reserva y sin criterio de suspensión. Y quien decide es la autoridad que determine el Poder Ejecutivo.

Tampoco debe omitirse que el dictamen incorpora MRV, adicionalidad, permanencia y salvaguardas. El problema no es que falten reglas técnicas: es que el incentivo económico y la lógica de mercado aparecen antes que la NDC, la reserva y la decisión sobre qué actividades se transforman y cuáles se limitan. A eso se suma la disidencia parcial de Rojas Decut, quien advirtió que exigir el consentimiento individual de cada propietario para programas jurisdiccionales puede tornar inviable el modelo que Misiones viene desarrollando. La contradicción, entonces, no es solo del oficialismo.

Lo que debería venir primero

No hace falta un mercado para empezar a reducir emisiones. Hace falta una NDC actualizada, una estrategia que diga cómo se cumple, una autoridad ambiental con equipos técnicos y presupuesto, y un Estado que decida qué actividades se transforman y cuáles se limitan. Con esa base, el Congreso podría discutir si hay algún lugar, acotado y vigilado, para instrumentos de mercado. Sin ella, el dictamen pone el techo antes de los cimientos.

Quizá la pregunta que mejor resume la paradoja sea otra: qué clase de política climática es la que solo aparece cuando pueden lucrar unos pocos a costa de las graves consecuencias para muchos.