De Andrés Carrasco a Virginia Aparicio, cambian los gobiernos, pero persiste la presión sobre quienes investigan aquello que el modelo agroindustrial preferiría mantener fuera de la discusión pública

Por Carlos Merenson – La (Re)Verde

Hay historias que vuelven con otro nombre. Cambian las personas, cambian las circunstancias, cambian los gobiernos, incluso cambian los instrumentos que se usan para disciplinar a quienes se atreven a incomodar ciertos intereses. Pero debajo de esas diferencias puede seguir operando la misma estructura de poder.

En 2009, el investigador del CONICET y médico Andrés Carrasco hizo públicos los resultados de sus estudios sobre los efectos del glifosato en el desarrollo embrionario. La reacción llegó rápido: cuestionamientos, campañas de desprestigio, amenazas. Una denuncia presentada entonces ante el Congreso registró expresamente una intimidación atribuida a la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), mientras una carta abierta firmada por científicos, intelectuales y referentes sociales advertía sobre las presiones que ya se ejercían contra él.

Carrasco pagó un precio por cruzar una frontera que, en apariencia, no debía cruzarse: la que separa la investigación científica de los intereses económicos del modelo agroindustrial. Conviene, sin embargo, hacer una precisión que suele perderse en el relato posterior. Lo que Carrasco investigó y denunció fueron efectos teratogénicos: malformaciones en el desarrollo embrionario asociadas a la exposición al glifosato. No investigó cáncer, y no le corresponde ni el mérito ni la carga de haber demostrado que el glifosato fuera cancerígeno. Esa fue una pregunta distinta, respondida por otro organismo y en otro momento: recién en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasificó al glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos» (Grupo 2A), sobre la base de evidencia propia, seis años después de la denuncia de Carrasco. Confundir ambos hallazgos —como suele hacerse— no le añade fuerza a su investigación. Se la resta, porque le atribuye algo que nunca sostuvo y ofrece un flanco fácil para desacreditar todo lo demás.

Quince años más tarde, otro nombre: Virginia Aparicio

Aparicio es investigadora del INTA y del CONICET, y hace años trabaja sobre suelos, agua y plaguicidas. En el marco del proyecto internacional SPRINT, del que el propio INTA participaba institucionalmente, coordinó la investigación argentina sobre presencia de plaguicidas en personas y en distintos componentes del ambiente. Las muestras obtenidas en el país correspondieron a 73 personas e incluyeron sangre, orina y materia fecal, además de alimentos, polvo domiciliario, agua, suelos y cultivos.

Los resultados fueron incómodos. En las personas argentinas participantes se detectó glifosato en el 86,1% de las muestras, contra el 35,2% del grupo europeo. En la materia fecal de los participantes bonaerenses apareció en el 100% de los casos. Entre las sustancias detectadas en las muestras argentinas no apareció solamente glifosato. También se identificó clorpirifós, un insecticida organofosforado que actúa sobre el sistema nervioso y cuya toxicidad ha generado preocupación científica y regulatoria en distintos países. La cuestión, por lo tanto, no se reduce a discutir los efectos de una molécula aislada, sino a comprender la exposición múltiple a plaguicidas que acompaña determinadas formas de producción agrícola.

En el polvo de los hogares argentinos también se detectó una elevada diversidad de sustancias químicas. El estudio identificó entre 43 y 86 sustancias diferentes por vivienda, según el hogar analizado, entre ellas distintos plaguicidas. El hallazgo resulta particularmente significativo porque el polvo doméstico constituye una vía potencial de exposición cotidiana a contaminantes, aunque su sola detección no permite establecer, sin estudios específicos, efectos concretos sobre la salud de las personas expuestas.

Aquí hace falta otra precisión, porque defender la ciencia también exige defender su rigor: no puede decirse, a partir de ese estudio, que «el 86% de los argentinos» tenga plaguicidas en el cuerpo. La muestra fue de 73 personas, y a ese grupo se limitan sus resultados. La versión periodística puede ser más impactante, pero generaliza algo que científicamente debe quedar dentro de los límites de lo estudiado. Esa precisión no le resta importancia al hallazgo: al contrario, lo vuelve más defendible. Una investigación no necesita exagerar sus resultados para resultar políticamente incómoda.

Y ahí empieza otra vez el problema.

Según relató la propia Aparicio, cuando llegó el momento de presentar los resultados argentinos, el INTA suspendió la difusión de la investigación y más adelante decidió retirarse del proyecto SPRINT, que continuó a nivel internacional, produjo publicaciones científicas y llegó a sus conclusiones. En la Argentina, mientras tanto, se abrió un sumario administrativo contra la investigadora que había coordinado el estudio, y según trascendió, el Consejo Directivo del organismo habría avanzado hacia su exoneración —un proceso todavía en curso, cuyos plazos y resolución final restan confirmar.

¿Qué hizo Virginia Aparicio para llegar a esta situación? No inventó un experimento. No adulteró muestras. No falsificó resultados. No se apropió de una investigación ajena. Participó de un proyecto científico en el que su propia institución estaba involucrada, y produjo resultados que, por su naturaleza, podían incomodar a determinados intereses económicos.

Eso debería alcanzar para que el Estado garantizara una discusión abierta, rigurosa y transparente. Si hay errores metodológicos, que se señalen. Si hay problemas estadísticos, que se discutan. Si las conclusiones no se desprenden de los datos, que se lo demuestre. Si hubo incumplimientos administrativos, que se acrediten: todo eso forma parte de la vida normal de la ciencia y de las instituciones públicas. Pero si el problema de fondo es que una investigación arrojó resultados inconvenientes y que su autora intentó hacerlos públicos, entonces estamos frente a otra cosa. Frente a una forma de disciplinamiento de la ciencia.

Una historia que vuelve

El paralelismo entre Carrasco y Aparicio no implica que los dos casos sean idénticos, y sería un error forzar esa identidad. Carrasco enfrentó presiones y amenazas en un contexto determinado; Aparicio atraviesa ahora un procedimiento administrativo que podría comprometer su carrera. Los actores, las instituciones y los instrumentos son distintos. Lo que resulta difícil de ignorar es el punto en el que ambas historias se cruzan: una investigación empezó a producir conocimiento sobre los efectos ambientales o sanitarios de una actividad económica central para la Argentina, y a partir de ahí el investigador dejó de ser simplemente un investigador. Se convirtió en un problema.

Porque el modelo agroindustrial no está hecho solo de agricultores y plaguicidas. Detrás de cada campaña hay una trama económica que incluye empresas de semillas, fabricantes de agroquímicos, proveedores de maquinaria e insumos, operadores comerciales, exportadores, entidades financieras y mercados internacionales. Esas corporaciones tienen intereses legítimos desde su propia perspectiva empresarial. Lo que no es legítimo es que esos intereses terminen decidiendo qué conocimiento científico puede hacerse público y cuál debe silenciarse.

Y acá aparece una cuestión que excede largamente a Carrasco y a Aparicio: las corporaciones no necesitan gobernar de manera directa para ejercer poder, ni necesitan una orden explícita a un funcionario para que sus intereses incidan sobre las decisiones públicas. El poder económico contemporáneo suele operar de maneras más sutiles —vínculos institucionales, capacidad de lobby, financiamiento, circulación de expertos, construcción de discursos sobre el desarrollo— y, sobre todo, mediante la capacidad de convertir un interés particular en lo que socialmente pasa por interés general.

Por eso sería demasiado fácil reducir esta historia a una conspiración empresarial. No hace falta demostrar que una compañía ordenó la persecución de Aparicio para hacerse una pregunta más incómoda: ¿por qué, una y otra vez, cuando la investigación empieza a revelar los costos ambientales o sanitarios del modelo productivo, aparecen mecanismos institucionales capaces de desacreditar o disciplinar a quienes producen ese conocimiento? Esa pregunta sigue abierta, y merece investigarse.

Los gobiernos cambian, la estructura permanece

Carrasco fue hostigado en un momento político muy distinto del actual. Entre aquel episodio y la situación de Aparicio pasaron gobiernos de distinto signo, con discursos diferentes sobre el Estado, la ciencia y el ambiente. Sin embargo, la tensión vuelve a aparecer, y esto debería impedirnos caer en la explicación más cómoda: atribuirlo todo al gobierno de turno.

Cada gobierno debe responder por sus decisiones, por supuesto. Si el INTA avanza contra una investigadora, quienes lo deciden tienen que explicar sus fundamentos en público. Pero suponer que la continuidad de este tipo de conflictos se explica solo por la ideología de un gobierno determinado sería, como mínimo, una simplificación. Los gobiernos cambian, los funcionarios rotan, los organismos se reorganizan, las políticas se modifican. Y sin embargo determinados intereses económicos atraviesan esos cambios casi sin rozarse. Esa persistencia merece estudiarse, porque puede revelar algo más importante que la responsabilidad circunstancial de un funcionario: una estructura de poder que condiciona las políticas públicas más allá de quién ocupe transitoriamente el gobierno.

Dos gobiernos, un mismo expediente

La secuencia cronológica del caso Aparicio desmiente por sí sola la explicación administrativa. La suspensión de la difusión de los resultados argentinos se produjo en junio de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. El retiro formal del INTA del proyecto SPRINT se formalizó en diciembre de 2023, mediante la Resolución 1081/2023, firmada tres días antes de la asunción de Javier Milei. Es decir: la decisión de abandonar la investigación se tomó en una gestión y se ejecutó en la transición hacia otra.

El sumario administrativo contra Aparicio, en cambio, se inició y avanzó durante el gobierno de Milei, y es la actual conducción del INTA la que impulsa su posible exoneración. Si el problema hubiera sido una falta administrativa —no informar a superiores, enviar muestras al exterior, causar un perjuicio material—, correspondía investigarlo en 2023, cuando los hechos habrían ocurrido. En cambio, el expediente se activa después de que el proyecto ya estaba cerrado, los resultados eran públicos a nivel internacional y la investigadora había sido separada de sus funciones. Esa demora no es casual: sugiere que el objeto del sumario no es una irregularidad procedimental, sino el conocimiento que Aparicio produjo y comunicó.

La composición del directorio del INTA refuerza esa lectura. En él tienen representación las principales entidades del agronegocio —Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CONINAGRO, CRA y CREA—, cuyos intereses coinciden en lo esencial con el modelo productivo que la investigación de Aparicio volvió a poner en cuestión. En ese marco, el sumario no aparece como una reacción tardía de una institución escrupulosa, sino como la continuidad de un mismo mecanismo disciplinador: primero se suspendió la difusión, luego se retiró al organismo del proyecto y, finalmente, se persiguió a quien lo había coordinado. Los gobiernos cambiaron; el expediente, sin embargo, encontró la manera de sobrevivir al cambio.

No todos los gobiernos actúan igual, evidentemente, ni todos los funcionarios responden a los mismos intereses. Lo que importa señalar es que hay sectores económicos cuya capacidad de influencia sobre el Estado sobrevive a los cambios políticos, y que esa continuidad se agranda cuando esos intereses están asociados a una determinada idea del desarrollo. El productivismo tiene esa particularidad: puede adoptar discursos políticos muy diferentes y compartir, sin embargo, una premisa de fondo —que aumentar permanentemente la producción es el horizonte incuestionable del desarrollo, y que los costos ecológicos y sociales deben administrarse como asuntos secundarios. Desde esa perspectiva, una investigación que pregunta por los efectos de los plaguicidas resulta mucho más perturbadora de lo que parece a primera vista. No porque ataque a la producción. Porque pregunta por sus límites.

La ciencia como territorio de disputa

Durante demasiado tiempo hablamos de la ciencia como si pudiera desarrollarse en un territorio separado de las relaciones de poder. El método científico tiene reglas propias, y una hipótesis debe someterse a evidencia, contraste y crítica; eso no está en discusión. Pero los científicos no trabajan en el vacío: dependen de presupuestos, necesitan equipamiento, compiten por financiamiento, publican en determinadas revistas y desarrollan su carrera dentro de estructuras atravesadas por intereses sociales y económicos. La cuestión decisiva aparece cuando el conocimiento producido empieza a cuestionar justamente lo que esas estructuras necesitan preservar.

Una institución puede y debe discutir los resultados de sus investigadores. Lo que no puede hacer sin poner en riesgo su propia legitimidad es convertir el desacuerdo científico en una herramienta de disciplinamiento personal. La diferencia es fundamental. Si los resultados de Aparicio son incorrectos, que la comunidad científica los discuta. Si su metodología es defectuosa, que se explique dónde está el defecto. Si la muestra es insuficiente para ciertas conclusiones, que se establezcan sus límites con precisión. Ninguna de esas cuestiones requiere perseguir a una investigadora. La ciencia se corrige con más ciencia, no con expedientes administrativos. Y por eso el caso Aparicio merece una mirada que exceda la solidaridad personal con una científica: lo que está en juego es el derecho de la sociedad a conocer lo que la ciencia descubre sobre las condiciones en que vivimos.

El problema no es la agricultura

Conviene evitar también una trampa frecuente: presentar estos episodios como una confrontación entre ciencia y producción, o entre ambientalistas y productores rurales. Ese encuadre es funcional a la confusión. La discusión no es ciencia contra agricultura, ni ambiente contra producción: una sociedad necesita producir alimentos y, al mismo tiempo, tiene derecho a conocer las consecuencias de las formas concretas en que esos alimentos se producen.

Si hay plaguicidas en los cuerpos humanos, necesitamos saberlo. Si aparecen en el agua, el suelo, los alimentos o el polvo de nuestras casas, necesitamos saberlo. Si ciertos productos generan riesgos y otros no, necesitamos conocer la diferencia. La respuesta democrática frente a una evidencia incómoda nunca puede ser ocultarla: tiene que ser producir más conocimiento. Más investigación independiente, más monitoreo, más transparencia, más debate científico. Y, sobre todo, instituciones capaces de tolerar la incomodidad de sus propios descubrimientos, porque una institución que solo está dispuesta a financiar y difundir lo que no contradice los intereses económicos dominantes deja de cumplir una de sus funciones esenciales. La ciencia pública no existe para confirmar lo que el poder ya decidió. Existe también para poder contradecirlo.

El fantasma de Carrasco

Quizás por eso su nombre vuelve inevitablemente a la memoria. No porque la historia de Aparicio sea una repetición exacta de la suya —no lo es— ni porque debamos anticipar responsabilidades que corresponde establecer a la investigación y a la prueba. Carrasco importa porque dejó una advertencia: cuando una investigación toca intereses económicos poderosos, el conflicto deja de desarrollarse solo en el laboratorio. Aparecen presiones, disputas institucionales, campañas de desprestigio, y en algunos casos, mecanismos capaces de afectar directamente la carrera de quienes investigan. El investigador deja de ser valorado por la calidad de su trabajo y empieza a ser juzgado por la incomodidad de sus resultados. Esa es la frontera que una sociedad democrática no debería dejar cruzar.

No es un fenómeno argentino

Podría pensarse que las historias de Carrasco y de Aparicio son episodios estrictamente argentinos, producto de nuestras propias debilidades institucionales. Sería un error: la tensión entre investigadores que producen resultados incómodos y las corporaciones cuyos intereses esos resultados pueden afectar tiene antecedentes en otros países, y en algunos casos dejó huellas documentales difíciles de discutir.

Uno de los más contundentes es el del biólogo Tyrone Hayes, de la Universidad de California en Berkeley, cuya investigación sobre los efectos de la atrazina —un herbicida producido por la empresa que luego se convertiría en Syngenta— lo enfrentó durante años con la compañía. Lo que al principio podía parecer una controversia científica adquirió otra dimensión cuando documentos internos de Syngenta, desclasificados durante un litigio, revelaron estrategias para desacreditarlo públicamente, seguir sus presentaciones, indagar en aspectos de su vida privada y presionar sobre su entorno académico.

El caso permite distinguir dos cosas que suelen confundirse. Una empresa tiene derecho a cuestionar científicamente una investigación que considera incorrecta. Lo que cambia radicalmente la naturaleza del conflicto es usar el poder corporativo para destruir la credibilidad personal del investigador o condicionar el ámbito institucional donde trabaja. En ese punto ya no hay una controversia científica: hay una disputa por el control del conocimiento.

Esa constatación debería cambiar la manera en que miramos lo que ocurre ahora en la Argentina. Cuando una investigadora del INTA que participó de un estudio institucional sobre plaguicidas en cuerpos humanos y en el ambiente termina sometida a un procedimiento que puede poner fin a su carrera, la pregunta no puede limitarse a si cumplió o no una norma administrativa. También hay que preguntarse qué fuerzas económicas, institucionales y políticas operan alrededor del conocimiento que produjo. Las corporaciones cambian. Los gobiernos cambian todavía más rápido. Pero la capacidad de ciertos intereses económicos para influir sobre lo que una sociedad conoce acerca de los costos de su propio modelo productivo puede permanecer intacta.

¿Quién protege a quienes producen conocimiento incómodo?

La pregunta no debería ser solamente qué gobierno está detrás de la situación de Virginia Aparicio. Debería ser más profunda: ¿qué intereses logran que, una y otra vez, los gobiernos terminen encontrando razones para incomodar a quienes investigan los costos ambientales y sanitarios del modelo productivo?

Responder eso exige abandonar las explicaciones fáciles. Probablemente no encontremos una conspiración, sino algo más complejo y, por eso mismo, más difícil de combatir: una trama de intereses económicos, instituciones públicas, marcos regulatorios y relaciones de poder que atraviesa los cambios de gobierno. No una orden, sino una correlación de fuerzas. No un funcionario actuando en nombre de una corporación, sino instituciones que terminaron naturalizando como propios los intereses del modelo productivo. La diferencia es decisiva: una conspiración puede desarticularse descubriendo a sus protagonistas. Una estructura de poder exige algo mucho más difícil —modificar las reglas que permiten que determinadas relaciones se reproduzcan aun cuando cambia quién ocupa el gobierno.

No volvamos a esperar otros quince años

La historia de Carrasco debería estar presente ahora. No para convertir a Aparicio en una nueva heroína ni para adelantar veredictos que todavía deben investigarse, sino porque ya sabemos cómo empiezan estas historias y conocemos demasiado bien cómo terminan.

Primero se cuestiona al investigador. Después su metodología. Luego se pone en duda su conducta. Más tarde el conflicto científico se transforma en un problema administrativo. Y al final puede ocurrir que el resultado más visible de toda la discusión no sea una respuesta científica a la investigación original, sino el silenciamiento de quien la produjo.

Si existen irregularidades en la actuación de Virginia Aparicio, que se investiguen y se hagan públicas. Si no existen, el Estado tiene la obligación de garantizar que una investigadora pueda hacer su trabajo sin sufrir represalias por los resultados que obtiene. Y si esos resultados incomodan a determinadas corporaciones, tanto peor para las corporaciones: la función de la ciencia pública no es proteger sus negocios. Es producir conocimiento de interés público.

En 2009 fue Andrés Carrasco. En 2026 es Virginia Aparicio. Mañana puede ser otro investigador, en otro laboratorio, estudiando otra consecuencia del mismo modelo. Los gobiernos seguirán cambiando. Las corporaciones también cambiarán de nombre, se fusionarán, serán compradas o reemplazadas por otras. Pero si no modificamos la relación entre poder económico, conocimiento científico y decisión pública, la persecución siempre encontrará un nuevo instrumento.

Y cada nueva víctima podrá presentarse como un caso aislado.

Ahí está, quizás, el verdadero peligro: que terminemos acostumbrándonos a que investigar lo que incomoda al poder sea considerado una falta. Porque cuando una sociedad llega a ese punto, ya no discute solamente sobre glifosato, plaguicidas o agricultura. Discute algo más elemental: quién tiene derecho a producir conocimiento sobre el mundo que habitamos, y quién tiene el poder de decidir qué hacer con ese conocimiento.