Minería, cambio climático y los tiempos que ya no coinciden

EDITORIAL – La (Re) Verde

Este editorial toma forma a partir de un intercambio reciente entre Roque Pedace y Manuel Ludueña -integrantes de EVA- en el que, a propósito de la relación entre minería, agua, glaciares y cambio climático, se despliegan miradas que, más que oponerse, revelan distintos planos del mismo problema. Lejos de ser una discusión cerrada, el diálogo permite poner en evidencia tensiones que suelen permanecer dispersas: entre conocimiento y decisión, entre límites biofísicos y adaptación tecnológica, entre tiempos científicos y urgencias políticas. A partir de esas intervenciones, lo que sigue busca ordenar y profundizar esas intuiciones, llevándolas hacia una lectura más amplia del escenario ecosocial en curso.

En los debates recientes sobre minería y glaciares aparece una escena que se repite: no faltan argumentos, lo que falta es un marco común desde donde entender el problema. Un intercambio reciente entre Roque y Manuel lo pone en evidencia con claridad. Distintas voces hablan, pero no necesariamente están discutiendo lo mismo. Y, cada vez más, tampoco están habitando el mismo tiempo.

Por un lado, se señala con claridad algo que suele quedar oculto: el modo en que el poder construye su propia “realidad”. La alianza entre gobiernos y empresas mineras opera muchas veces bajo una forma de realismo cínico: lo que es viable no es lo que los ecosistemas permiten, sino lo que las relaciones de poder logran imponer como posible. En ese registro, la objetividad no se descubre, se decreta.

Frente a esto, emerge la idea de un “realismo incluyente”, que propone ampliar la comunidad de quienes participan en la definición del problema. No solo expertos, sino también territorios, saberes locales, generaciones futuras y, en un sentido más profundo, los propios ecosistemas. Cuando hay incertidumbre, valores en disputa y riesgos altos, no alcanza con la tecnocracia.

Pero en paralelo aparece otra voz que corre la discusión hacia un terreno más incómodo: el de los límites materiales. El agua disponible en las cuencas andinas no solo es finita, sino que está disminuyendo. Menos precipitaciones, más evaporación, retroceso glaciar. En ese contexto, no alcanza con “tratar mejor” el agua: hay umbrales ecológicos que dependen del caudal, no de la eficiencia tecnológica. Cuando el río merma su caudal, su capacidad de absorber impactos también.

Esto introduce una tensión decisiva. Porque mientras los sistemas naturales se contraen, la minería no tiende a retirarse: se adapta. Desaliniza agua de mar, traslada recursos, redefine territorios, incluso cruza fronteras si hace falta. Lo que para la hidrología aparece como límite, para el capital aparece como obstáculo a gestionar.

Hasta acá, la discusión podría parecer conocida. Pero en el intercambio entre colegas aparece un elemento que la vuelve más crítica: el problema del tiempo.

Porque no solo faltan acuerdos sobre qué hacer. Tampoco coinciden los ritmos.

Por un lado, los procesos científicos necesarios para entender en detalle lo que está pasando avanzan con lentitud. Inventarios incompletos, fases de estudio que llevan años, falta de financiamiento. Incluso hoy, la información más precisa sobre glaciares y ambientes periglaciares sigue siendo fragmentaria. No por incapacidad técnica, sino por desinversión sostenida en conocimiento estratégico.

Pero, por otro lado, las decisiones no esperan.

La presión extractiva avanza, los proyectos se evalúan, las normativas se discuten. Y en ese desfasaje aparece una disyuntiva incómoda: ¿es legítimo decidir con información incompleta?

La respuesta que empieza a insinuarse es que no hay alternativa.

Esperar a tener certezas plenas implica, en los hechos, postergar cualquier límite efectivo. Y en contextos de deterioro ecológico, esa espera no es neutral: favorece a quienes ya están en condiciones de avanzar. La no-decisión también decide.

De ahí surge una propuesta concreta: producir escenarios, aunque sean “gruesos”, con la información disponible. No como sustituto del conocimiento detallado, sino como herramienta mínima para orientar decisiones urgentes. Definir rangos, tendencias, umbrales posibles. Empezar a decir algo, aun sabiendo que no es definitivo.

Pero esa urgencia abre otro frente: el de la legitimidad.

Porque no se trata solo de qué información se produce, sino de cómo y con quién. La necesidad de articular saberes -particularmente locales- no es un detalle metodológico: es la condición para que esas decisiones sean socialmente sostenibles. Sin esa construcción colectiva, incluso el mejor escenario técnico puede quedar políticamente vacío.

Así, la discusión se desplaza y se profundiza. Ya no alcanza con contraponer conocimiento experto y saberes territoriales. Tampoco alcanza con mejorar modelos hidrológicos o inventarios glaciares.

El problema es más estructural: estamos intentando hacer coincidir tres tiempos que ya no coinciden.

• El tiempo de la naturaleza, que se acelera en su deterioro.
• El tiempo de la ciencia, que requiere procesos largos y recursos que no siempre están.
• El tiempo de la política y la economía, que presiona por decisiones inmediatas.

En ese desajuste, las respuestas tradicionales empiezan a fallar.

Porque el problema ya no es solo cuánto agua hay, ni cómo se la mide, ni quién participa en la evaluación. El problema es que estamos intentando sostener actividades expansivas sobre bases ecológicas que se están reduciendo. Y eso no se resuelve ni con mejores estudios ni con procesos participativos más amplios, aunque ambos sean necesarios.

Se vuelve evidente entonces una contradicción más profunda: la que enfrenta una lógica productivista —orientada a maximizar extracción y renta— con la dinámica de sistemas naturales que imponen límites, ritmos y umbrales que no negocian.

En este marco, incluso los consensos mínimos adquieren otro peso. Hay coincidencia en algo básico pero decisivo: no existe hoy un conocimiento suficiente sobre la evolución futura de las cuencas ni sobre la demanda hídrica acumulada de la minería. Sin esa base, cualquier intento de reformar la normativa vigente no solo es prematuro, sino potencialmente irresponsable.

En este contexto, corresponde interpelar directamente a los bloques del Congreso para que activen, sin más dilaciones, los mecanismos institucionales disponibles. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina puede y debe convocar a la autoridad de aplicación, al IANIGLA, a equipos científicos, a representantes provinciales y también a las propias empresas mineras —incluidos sus equipos geológicos— para someter a contraste público la información disponible. No se trata de abrir un debate abstracto, sino de exigir una actualización integral y operativa que permita cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Cambio Climático —en particular su artículo 10, inciso b—.

Esa actualización debe incluir, como mínimo: la finalización del inventario de glaciares; la construcción de escenarios sobre su dinámica en las próximas décadas; la integración de datos climáticos locales (precipitaciones y temperaturas) hoy insuficientemente sistematizados; y la explicitación de los requerimientos de mitigación y adaptación a escala global en función de la preservación de estos sistemas.

Aún más, si la activación de proyectos mineros es inminente, resulta imprescindible territorializar esa evaluación: identificar con precisión en qué cuencas se localizarían y concentrar allí, de manera prioritaria, los esfuerzos de análisis integral entre Nación, provincias y comunidades locales. Pero esto no implica convalidar la lógica de evaluación “caso por caso” que ha sido cuestionada reiteradamente, sino exactamente lo contrario: desplazar el foco desde el proyecto individual hacia la escala de cuenca como unidad de análisis. No se trata solo de producir escenarios generales, sino de construir proyecciones integradas a escala de cuenca, con horizontes de al menos 30 años y sistemas de seguimiento anual que permitan captar efectos acumulativos y ajustar decisiones en tiempo real. La evaluación fragmentada por proyecto no solo es insuficiente: es funcional a la subestimación sistemática de los impactos reales.

Este punto expone además una tensión más profunda. Mientras ciertos marcos normativos y económicos —como los impulsados recientemente— presuponen horizontes de estabilidad y previsibilidad compatibles con la lógica de inversión, los sistemas naturales operan bajo dinámicas no lineales, crecientemente afectadas por el cambio climático. La naturaleza no es gradual en los términos en que lo son las reglas económicas. Apostar a esa falsa equivalencia no solo implica un riesgo de inviabilidad económica futura, sino también la posibilidad de dejar tras de sí territorios degradados de manera irreversible. En ese escenario, la discusión ya no sería sobre rentabilidad o desarrollo, sino sobre responsabilidad frente a procesos que pueden adquirir la escala de un verdadero ecocidio.

En términos concretos, esto implica responder preguntas que ya no pueden postergarse: ¿qué meta de temperatura global resulta compatible con la conservación de los glaciares andinos?, ¿qué trayectorias de retracción o estabilización se proyectan bajo distintos escenarios —incluyendo 1,5 °C y escenarios de sobrepaso con eventual enfriamiento—?, ¿qué márgenes reales quedan para actividades de alto consumo hídrico en cuencas en retroceso?

Cabe señalar, además, que la ausencia de un informe específico del IANIGLA en los términos del artículo 10 no implica un vacío absoluto de orientación pública. Por el contrario, a lo largo de los últimos años el Estado argentino ha asumido compromisos crecientes en materia climática, en línea con el Acuerdo de París, la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional y los objetivos de descarbonización hacia 2050. Existe, en este sentido, una trayectoria de incremento progresivo de la ambición climática.

Pero esa progresividad no es meramente declarativa: constituye una obligación jurídica y política. El principio de no regresión y el deber de progresividad implican que el Estado no puede retroceder en los niveles de protección alcanzados y debe, por el contrario, mejorar sus estándares de resguardo ecosistémico. En este marco, la falta de un informe técnico consolidado no habilita la inacción ni la flexibilización normativa; obliga a interpretar y aplicar la legislación vigente en el sentido más exigente disponible, a la luz de los compromisos ya asumidos. La deuda no es de principios, sino de implementación: de coherencia efectiva entre metas globales, obligaciones legales y decisiones territoriales.

Sin estas respuestas, cualquier decisión normativa seguirá operando en el vacío o, peor aún, legitimando una inercia que ya ha comenzado a desbordar sus propios supuestos.

Pero aun si ese conocimiento existiera, la pregunta de fondo seguiría en pie.

¿Qué ocurre cuando lo que está en juego no es cómo gestionar mejor un recurso, sino si ciertas actividades pueden sostenerse en un contexto de deterioro ecológico creciente?

Ahí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política en el sentido más pleno. Porque ya no se trata de optimizar decisiones, sino de definir prioridades: entre agua para la vida o agua para la extracción, entre territorios habitables o territorios funcionales a cadenas globales de valor.

Cuando el agua escasea, el debate deja de ser suficiente.

Porque lo que empieza a faltar no es solo información.

Empieza a faltar margen.