La retórica de la cuantificación y la desactivación del principio precautorio

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

En el debate actual sobre la reforma de la Ley de Glaciares, comienzan a consolidarse argumentos que, bajo la apariencia de rigor técnico, buscan redefinir silenciosamente qué entendemos por protección ambiental. El artículo de Daniel Jerez publicado por INFOBAE constituye un ejemplo paradigmático de esta operación: una argumentación que invoca la ciencia para, en realidad, reconfigurar los umbrales de lo protegible.

El núcleo de su planteo es aparentemente sencillo: si el aporte hídrico de los glaciares de escombros resulta marginal en términos cuantitativos, entonces su preservación estricta carecería de justificación frente a alternativas de uso económicamente más rentables. La imagen es deliberadamente eficaz: un glaciar reducido a “dos canillas abiertas”. La conclusión, inducida: no parece razonable bloquear inversiones millonarias por un flujo tan exiguo.

Sin embargo, lo que esta operación retórica logra simplificar hasta volver irreconocible es la naturaleza misma del problema.

En primer lugar, porque convierte a los glaciares en meros reservorios cuantificables de agua, ignorando su carácter de componentes complejos de sistemas ecosistémicos de alta montaña. Su función no se agota en el volumen que eventualmente liberan, sino en la regulación térmica, la modulación de escorrentías, la estabilización geomorfológica y, sobre todo, en su rol estratégico bajo condiciones de variabilidad climática creciente. Reducirlos a litros por minuto equivale a evaluar un bosque exclusivamente por la cantidad de leña que podría producir.

En segundo lugar, porque la cuantificación presentada descansa sobre supuestos arbitrarios que disuelven aquello que pretenden medir. La idea de que un glaciar de escombros liberaría su contenido en un flujo lineal durante 75 años transforma un sistema no lineal, dependiente de dinámicas climáticas complejas, en una suerte de tanque homogéneo. Pero el valor hidrológico de estos sistemas no reside en su promedio anual, sino en su aporte en momentos críticos: períodos de estiaje, sequías prolongadas, eventos extremos. Justamente allí donde el promedio deja de decir algo relevante.

La comparación con el caudal total de una cuenca refuerza esta distorsión. Al integrar precipitaciones, crecidas y variabilidad interanual, ese promedio diluye la función contracíclica de los glaciares. Un porcentaje aparentemente insignificante puede resultar decisivo cuando el resto del sistema falla. Pero esa dimensión temporal —central en cualquier análisis hidrológico serio— desaparece en el argumento.

El tercer movimiento es quizás el más problemático: la conversión de un problema ecológico en un cálculo costo-beneficio. Frente a las “dos canillas” que aportaría un glaciar, se oponen miles de empleos y miles de millones de dólares. La ecuación parece evidente, pero es conceptualmente inválida. Se comparan magnitudes inconmensurables: por un lado, un componente de un sistema natural cuya pérdida puede ser irreversible; por otro, flujos económicos transitorios, dependientes de condiciones de mercado y de proyectos finitos. Lo que se presenta como racionalidad es, en realidad, una decisión previa sobre qué tipo de valor debe prevalecer.

La lógica que reduce un glaciar a “dos canillas” es análoga a la que, durante décadas, justificó la conversión de bosques nativos en monocultivos de soja: al bosque se lo evaluó por lo que no producía en términos de renta inmediata, invisibilizando su función como regulador hídrico, reservorio de biodiversidad, sumidero de carbono y soporte de sistemas de vida complejos. En esa operación, el ecosistema fue degradado a un stock improductivo frente a la promesa de divisas y eficiencia, incluso se los clasifico en la legislación como “tierras de baja productividad”, del mismo modo en que hoy un glaciar es reducido a litros por minuto frente al valor del cobre. En ambos casos, lo que se presenta como una decisión racional basada en datos es, en realidad, una elección previa sobre qué formas de valor cuentan y cuáles pueden ser descartadas sin costo aparente, hasta que los efectos acumulativos —pérdida de suelos, alteración del ciclo del agua, mayor vulnerabilidad climática— vuelven evidente que lo que se consideraba marginal era, en verdad, estructural.

Esta lógica se completa con la apelación al análisis “caso por caso”. Bajo la apariencia de mayor precisión, este enfoque fragmenta la comprensión del sistema y habilita la acumulación de impactos parciales cuya resultante puede ser cualitativamente distinta. Los sistemas complejos no responden a la suma lineal de intervenciones aisladas. Pero esa advertencia queda fuera de escena.

Finalmente, el argumento se cierra con una dicotomía tan eficaz como falsa: de un lado, la ciencia; del otro, el dogma de las prohibiciones generales. Lo que se omite es que la legislación vigente no surge de un rechazo a la ciencia, sino de una forma distinta de integrarla: el principio precautorio. Allí donde la incertidumbre es alta y los daños potenciales son irreversibles, la decisión racional no es optimizar el uso, sino limitarlo.

Lo que está en juego, entonces, no es la incorporación de “criterios científicos”, sino el desplazamiento de un paradigma. De una racionalidad orientada por límites biofísicos, a otra centrada en la maximización de usos económicamente valorizables. La ciencia, en este contexto, deja de ser una herramienta para comprender la complejidad y pasa a funcionar como lenguaje de legitimación de decisiones ya tomadas.

Reducir un glaciar a dos canillas no es un error de cálculo. Es una forma de ver el mundo. Y, sobre todo, una forma de decidir qué estamos dispuestos a perder para sostenerlo.