Un marco de análisis para comprender el conflicto estructural y orientar la acción política

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

Para un análisis político riguroso, es imperativo abandonar la visión de la “cuestión ambiental” como una preocupación secundaria y comprender la crisis ecosocial como una disputa fundamental por el poder y la propia supervivencia. No se trata de un campo técnico ni sectorial, sino de una problemática estructural en la que convergen tensiones sociales, económicas, políticas, culturales y éticas, todas ellas vinculadas al modo en que las sociedades se relacionan con la naturaleza y organizan su reproducción material.

Esta complejidad no es difusa ni abstracta: se organiza en seis dimensiones críticas que estructuran el conflicto ecosocial contemporáneo y que todo cuadro político debería dominar. No se trata de planos independientes, sino de un sistema de determinaciones interrelacionadas que condicionan, limitan y orientan cualquier proyecto de país.

Para abordar esta complejidad, resulta necesario un marco de análisis que permita identificar los niveles en los que se estructura el conflicto, los actores involucrados y las lógicas que lo sostienen. Lejos de constituir un esquema meramente descriptivo, estas dimensiones ofrecen una herramienta para el diagnóstico y la acción: su omisión conduce a lecturas parciales y, en consecuencia, a respuestas políticas insuficientes o erradas. Entender esta multidimensionalidad es condición necesaria para formular proyectos capaces de articular justicia social y justicia ecológica.

En este sentido, las dimensiones aquí identificadas no remiten a la “cuestión ambiental” en sentido sectorial ni a la crisis ecológica en sentido restringido, sino a la crisis ecosocial en su carácter estructural, donde lo natural y lo social se encuentran indisolublemente articulados.

Sintéticamente, estas seis dimensiones son:

  • Global: La crisis ecológica planetaria que actúa como marco de restricción para cualquier proyecto nacional.
  • Económica: El choque entre la explotación insostenible de los bienes comunes y la acumulación de capital.
  • Territorial: La distribución desigual de las cargas ambientales, que castiga a las regiones con menor peso político.
  • Civilizatoria: El agotamiento de un estilo de vida basado en el crecimiento infinito frente a límites biofísicos reales.
  • Institucional: La capacidad —o incapacidad deliberada— del Estado para arbitrar en la protección del patrimonio común.
  • Cultural: El sistema de valores y el colonialismo cultural que nos impide ver a la naturaleza como algo más que una mercancía.

Para comprender con mayor precisión el alcance y la dinámica de este entramado, resulta necesario avanzar desde esta caracterización sintética hacia el análisis pormenorizado de cada una de las dimensiones. Este recorrido permite identificar los mecanismos específicos mediante los cuales se estructura el conflicto ecosocial, los actores que intervienen y las lógicas que lo reproducen. No se trata de un desarrollo meramente expositivo: descomponer analíticamente esta complejidad es una condición necesaria para reconstruirla como totalidad y orientar una intervención política capaz de incidir sobre sus causas estructurales.

1 – La Dimensión Global:

La dimensión global remite al marco biofísico planetario dentro del cual —y contra el cual— se despliegan todos los proyectos nacionales. La crisis ecológica no es una sumatoria de problemas aislados, sino una perturbación sistémica de los equilibrios que sostienen la vida en la Tierra: cambio climático, pérdida acelerada de biodiversidad, alteración de los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno, degradación de suelos y acidificación de los océanos. Este conjunto de procesos configura un verdadero límite estructural al desarrollo, en tanto redefine qué es materialmente posible.

En este nivel, la idea misma de soberanía se ve tensionada: ningún país puede sustraerse a estos condicionantes, pero tampoco todos contribuyen ni padecen en igual medida sus efectos. Se configura así una geopolítica ecológica profundamente desigual, donde las responsabilidades históricas del Norte global contrastan con la mayor vulnerabilidad del Sur. Sin embargo, esta asimetría no elimina el hecho central: incluso los países periféricos, en su búsqueda de divisas y crecimiento, reproducen lógicas que agravan la crisis global y, al mismo tiempo, erosionan sus propias bases materiales de existencia.

Por eso, la dimensión global opera como un marco de restricción no negociable. No se trata de una variable más a incorporar en la planificación, sino del límite externo que redefine todas las demás variables. Ignorarla implica diseñar proyectos inviables: estrategias de desarrollo que pueden ser exitosas en términos macroeconómicos en el corto plazo, pero que resultan insostenibles —e incluso autodestructivas— en el mediano y largo plazo.

En este sentido, cualquier proyecto político que aspire a ser consistente debe partir de una premisa básica: la economía está contenida dentro de la biosfera, y no al revés. La política, por tanto, no puede limitarse a gestionar la inserción internacional o el crecimiento, sino que debe hacerlo reconociendo que el espacio de posibilidades está cada vez más estrechado por una crisis ecológica de escala planetaria.

En síntesis

La crisis ecológica es de escala planetaria y establece límites materiales al desarrollo. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas no son fenómenos aislados, sino parte de una perturbación sistémica.

Clave política: ningún proyecto nacional es viable si ignora estos límites.
Riesgo: diseñar estrategias de corto plazo que destruyen las condiciones futuras.

2 – La Dimensión Económica

La dimensión económica expresa el núcleo duro del conflicto: la contradicción entre un modelo de acumulación que necesita expandirse de manera permanente y la base material finita que lo sostiene. No se trata simplemente de “externalidades negativas”, sino de una incompatibilidad estructural entre la lógica de valorización del capital y los tiempos, ciclos y límites de los sistemas naturales.

En este plano, la naturaleza es reducida a condición de insumo: fuente de materias primas baratas, sumidero de residuos y plataforma de apropiación de rentas extraordinarias. Esta racionalidad impulsa la sobreexplotación de los bienes comunes —suelo, agua, minerales, biodiversidad— con el objetivo de sostener tasas de ganancia, generar divisas y alimentar el crecimiento del PIB. Sin embargo, lo que aparece como éxito macroeconómico suele ocultar un proceso simultáneo de descapitalización ecológica: se consumen hoy las condiciones que hacen posible la producción futura.

En economías periféricas, esta dinámica adquiere una forma particularmente aguda. La restricción externa, la dependencia de exportaciones primarias y la presión por obtener divisas refuerzan el sesgo extractivista, consolidando una inserción subordinada en la economía global. Así, el crecimiento se vuelve crecientemente dependiente de actividades que degradan el territorio, intensifican conflictos socioambientales y profundizan la desigualdad.

Al mismo tiempo, el sistema contable dominante invisibiliza estos costos. El PIB registra como “crecimiento” tanto la extracción de recursos como la reparación de los daños que esa misma extracción genera, sin distinguir entre creación y destrucción de valor real. De este modo, se consolida una ficción económica: la de un progreso que, en términos materiales, puede estar erosionando sus propias bases.

Abordar esta dimensión implica, por tanto, mucho más que “internalizar costos ambientales”. Supone cuestionar el propio criterio de eficiencia económica, redefinir qué se entiende por riqueza y reorientar la producción hacia la reproducción de la vida. En otras palabras, desplazar el eje desde la acumulación hacia la sostenibilidad, reconociendo que no hay viabilidad económica posible en un sistema que destruye las condiciones ecológicas que lo hacen existir.

En síntesis

Existe una contradicción estructural entre la lógica de acumulación de capital y los límites biofísicos. El modelo económico dominante se basa en la sobreexplotación de los bienes comunes para sostener el crecimiento.

Clave política: no hay sostenibilidad sin redefinir qué entendemos por riqueza y desarrollo.
Riesgo: confundir crecimiento económico con bienestar real.

3 – La Dimensión Territorial

La dimensión territorial revela cómo la crisis ecosocial se distribuye de manera profundamente desigual en el espacio. No todos los territorios son afectados del mismo modo ni con la misma intensidad: existe una geografía del sacrificio donde ciertas regiones —generalmente periféricas, rurales o con menor densidad de poder político— concentran los costos ambientales del modelo, mientras otras capturan sus beneficios.

En este plano, el territorio deja de ser un mero soporte físico para convertirse en un espacio de disputa. Allí se materializan los conflictos entre proyectos: por un lado, lógicas extractivas que reorganizan el espacio en función de la rentabilidad; por otro, formas de vida que dependen de la integridad de los ecosistemas para su reproducción social y cultural. El resultado es una fragmentación territorial donde avanzan enclaves productivos intensivos —mineros, agroindustriales, energéticos— que generan divisas, pero al costo de degradar suelos, contaminar aguas, destruir economías locales y desplazar poblaciones.

Esta dinámica produce lo que puede denominarse una injusticia territorial estructural: las cargas ambientales recaen desproporcionadamente sobre comunidades con menor capacidad de incidencia, mientras las decisiones se toman lejos de esos territorios. Se consolida así una forma de centralismo extractivo en la que el poder político y económico define usos del suelo sin asumir plenamente sus consecuencias.

Además, la dimensión territorial pone en evidencia la desconexión entre planificación y realidad. En ausencia de una ordenación democrática del territorio, el uso de los bienes comunes queda librado a la lógica del mercado y a correlaciones de fuerza coyunturales. Esto no solo agrava los conflictos socioambientales, sino que también compromete la integridad ecológica a escala regional.

Abordar esta dimensión implica recuperar el territorio como categoría política: planificar su uso en función del bien común, reconocer los derechos de las comunidades que lo habitan y garantizar una distribución equitativa de beneficios y costos. Sin esta perspectiva, cualquier proyecto nacional corre el riesgo de sostenerse sobre la degradación silenciosa —y muchas veces irreversible— de sus propias bases territoriales.

En síntesis

Los impactos ambientales se distribuyen de manera desigual. Se consolidan “territorios de sacrificio” donde se concentran los costos del modelo, mientras otros capturan los beneficios.

Clave política: el territorio es un espacio de disputa, no un soporte neutro.
Riesgo: profundizar desigualdades y conflictos socioambientales.

4 – La Dimensión Civilizatoria

La dimensión civilizatoria remite al nivel más profundo del problema: el agotamiento de un patrón de organización social basado en la expansión ilimitada sobre un mundo finito. No se trata solo de una crisis ambiental o económica, sino de una crisis de sentido, de los supuestos que han estructurado la idea moderna de progreso: crecimiento indefinido, dominio de la naturaleza, consumo creciente como indicador de bienestar.

Este imaginario —que ha sido extraordinariamente eficaz para impulsar el desarrollo material— entra hoy en colisión con los límites biofísicos del planeta. La promesa de que “más es mejor” pierde sustento cuando ese “más” implica degradación ecológica, desigualdad creciente y pérdida de condiciones básicas de habitabilidad. En este contexto, la crisis ecológica aparece como síntoma de una crisis civilizatoria más amplia: la de un modelo que no puede universalizarse sin destruir las bases que lo sostienen.

Aquí se pone en cuestión no solo qué producimos y cómo lo hacemos, sino para qué y en función de qué valores. La discusión deja de ser técnica y se vuelve ética y cultural: ¿qué entendemos por una vida buena?, ¿qué lugar ocupa la naturaleza en esa definición?, ¿cuáles son los límites legítimos de la intervención humana?

La dimensión civilizatoria también implica reconocer que no existe una única forma de habitar el mundo. Frente al paradigma dominante emergen —y en muchos casos persisten— otras racionalidades: modos de vida que priorizan la suficiencia, la reciprocidad, el arraigo territorial y la integración con los ecosistemas. Estas experiencias no son residuales ni románticas, sino portadoras de claves para pensar transiciones posibles.

Abordar esta dimensión exige, por tanto, una revisión crítica del imaginario del desarrollo. Supone desplazar el eje desde el crecimiento hacia el bienestar, desde la acumulación hacia la reproducción de la vida, desde el dominio hacia la convivencia. En definitiva, implica abrir la posibilidad de un horizonte civilizatorio distinto, capaz de reconciliar a las sociedades humanas con los límites y equilibrios del mundo del que forman parte.

En síntesis

El modelo de vida basado en crecimiento infinito, consumo y dominio de la naturaleza ha alcanzado sus límites. La crisis ecológica es también una crisis de sentido.

Clave política: es necesario redefinir qué entendemos por bienestar y “vida buena”.
Riesgo: sostener un modelo que no puede universalizarse sin colapsar.

5 – La Dimensión Institucional

La dimensión institucional refiere a la capacidad —o a la incapacidad deliberada— del Estado para regular, arbitrar y proteger el interés colectivo frente a las presiones del poder económico. En el contexto de la crisis ecosocial, esta dimensión se vuelve decisiva: no alcanza con reconocer los problemas si no existen marcos normativos efectivos, organismos con capacidad operativa y voluntad política para hacerlos cumplir.

En muchos casos, el problema no es la ausencia de legislación, sino su incumplimiento sistemático. Normas que protegen bosques, glaciares o humedales conviven con prácticas que las vulneran de manera recurrente. Esta brecha entre ley y realidad no es accidental: responde a relaciones de poder que condicionan la acción estatal, ya sea mediante captura regulatoria, presión corporativa o desfinanciamiento de los organismos de control.

Así, el Estado puede oscilar entre dos roles contrapuestos: como garante del bien común o como facilitador de procesos de apropiación privada de los bienes comunes. Cuando predomina esta segunda función, la institucionalidad se convierte en una herramienta de legitimación del despojo, otorgando permisos, flexibilizando controles o directamente omitiendo su función de fiscalización.

La dimensión institucional también involucra la calidad de la democracia. La toma de decisiones sobre el territorio y los bienes comunes suele estar concentrada, con escasos mecanismos de participación efectiva de las comunidades afectadas. Esto no solo debilita la legitimidad de las políticas, sino que profundiza los conflictos socioambientales.

Abordar esta dimensión implica reconstruir capacidades estatales, garantizar la autonomía de los organismos de control, fortalecer los mecanismos de participación y transparencia, y reorientar la acción pública hacia la defensa activa del patrimonio común. Sin una institucionalidad robusta y coherente, cualquier intento de transformación queda expuesto a ser neutralizado por las mismas dinámicas que busca superar.

En síntesis

El rol del Estado es central: puede proteger el bien común o facilitar su apropiación privada. La crisis institucional se expresa en leyes que no se cumplen y organismos sin capacidad real.

Clave política: sin Estado activo, no hay protección de los bienes comunes.
Riesgo: captura corporativa y desregulación encubierta.

6 – La Dimensión Cultural

La dimensión cultural remite al conjunto de valores, imaginarios y marcos de percepción que condicionan la forma en que una sociedad comprende y se relaciona con la naturaleza. Es, en última instancia, el plano donde se define qué es visible, qué es pensable y qué es legítimo. Sin una transformación en este nivel, las demás dimensiones tienden a reproducir las mismas lógicas que originan la crisis.

En el contexto latinoamericano, esta dimensión está fuertemente atravesada por un persistente colonialismo cultural que instala una jerarquía de saberes y sentidos: se privilegia una racionalidad instrumental que concibe a la naturaleza como recurso, mercancía o “capital natural”, mientras se deslegitiman otras formas de conocimiento y vínculo con el territorio. Esta matriz no solo orienta las políticas públicas y las decisiones económicas, sino que también moldea el sentido común.

A ello se suma una cultura del consumo que asocia bienestar con acumulación material, reforzando la idea de que el crecimiento es sinónimo de progreso. Este imaginario, profundamente arraigado, dificulta la posibilidad de pensar alternativas basadas en la suficiencia, el cuidado y la interdependencia.

La dimensión cultural también explica por qué amplios sectores sociales pueden percibir la agenda ambiental como ajena, secundaria o incluso amenazante. Cuando la naturaleza es vista exclusivamente como fuente de ingresos o como obstáculo al desarrollo, cualquier intento de regulación aparece como una restricción antes que como una condición de posibilidad para la vida colectiva.

Abordar esta dimensión implica disputar el sentido común: revalorizar otras formas de habitar el mundo, recuperar saberes situados, cuestionar la lógica consumista y reconstruir una ética del cuidado. Supone, en definitiva, desmercantilizar la mirada sobre la naturaleza y reinscribirla como base de la vida, condición de toda economía y patrimonio común de la sociedad.

En síntesis

La forma en que una sociedad percibe la naturaleza condiciona sus decisiones. El colonialismo cultural y la lógica consumista refuerzan una visión mercantil de la vida.

Clave política: transformar el sentido común es parte de la lucha.
Riesgo: naturalizar la destrucción como “progreso”.

A pesar de la importancia fundamental de estas seis dimensiones y de sus interrelaciones, el escenario político nacional exhibe una brecha profunda entre la urgencia de las crisis ecosociales en curso y su tratamiento en la agenda pública. La problemática oscila entre la omisión y la retórica: o bien se la ignora, o bien se la invoca de manera declamativa sin alterar las decisiones estructurales. En ambos casos, es sistemáticamente relegada por una estructura de poder que la percibe como un obstáculo antes que como una condición de posibilidad.

Las consecuencias de esta dinámica son concretas y crecientes: territorios degradados, comunidades expuestas a la contaminación, economías regionales erosionadas y una pérdida progresiva de bienes comunes estratégicos como el agua, el suelo fértil y la biodiversidad.

Esta falta de prioridad no es casual, sino el resultado de factores estructurales que organizan el funcionamiento del sistema.

En primer lugar, el modelo extractivista —sostenido por un persistente colonialismo cultural— configura una estructura productiva dependiente de la expoliación de recursos naturales para la generación de divisas. Esta matriz se apoya en una concepción que reduce la naturaleza a mero insumo del crecimiento, invisibilizando las dinámicas de saqueo y degradación.

En segundo lugar, opera la lógica de la urgencia económica. La crisis crónica —expresada en inflación, endeudamiento y pobreza— funciona como un mecanismo de disciplinamiento social que instala la falsa premisa de que lo ecosocial es un “lujo de países ricos”. Se impone así un inmediatismo que posterga cualquier horizonte de sostenibilidad.

Finalmente, la debilidad institucional se ve agravada por formas activas de captura. La legislación vigente es sistemáticamente vulnerada, mientras el lobby corporativo —particularmente de los sectores agroindustrial, minero y energético— condiciona la acción estatal, garantizando organismos de control desfinanciados y sin capacidad efectiva de regulación.

Estas condiciones aseguran que, independientemente de la bandera partidaria, la política pública permanezca confinada dentro de una verdadera jaula productivista, en la que el territorio es sacrificado en función de las exigencias de la macroeconomía.

Hacia un nuevo paradigma: justicia ecosocial

Sostener un proyecto de país justo, independiente, soberano y sostenible exige asumir sin ambigüedades la lucha contra la pobreza y el hambre, garantizar la justicia social, fortalecer la economía solidaria y asegurar condiciones de vida dignas para las mayorías. Pero también implica reorientar de manera estructural el vínculo entre sociedad y naturaleza.

En este sentido, resulta imprescindible:

  • Poner fin al modelo extractivista, rompiendo con la lógica que reduce al país a proveedor de materias primas a costa de su degradación.
  • Revisar la matriz energética, agrícola e industrial, priorizando la salud, la soberanía alimentaria y la resiliencia.
  • Construir una síntesis ecosocial que supere la falsa dicotomía entre justicia social y sostenibilidad.
  • Recuperar el rol estratégico del Estado como garante de los bienes comunes mediante una planificación democrática del territorio.
  • Impulsar una ciudadanía ecológica activa, capaz de disputar el sentido común y defender el territorio.
  • Redefinir la noción de desarrollo, abandonando el fetichismo del crecimiento y orientando la economía hacia la reproducción de la vida.

Las seis dimensiones críticas analizadas no actúan de manera aislada: se articulan en un sistema que reproduce un modelo insostenible. Abordar solo una de ellas conduce inevitablemente a respuestas parciales e ineficaces.

La tarea política consiste, entonces, en integrar la dimensión ecosocial en el núcleo del proyecto de país, superar la falsa antinomia entre justicia social y sostenibilidad, y defender el territorio como base material de la vida colectiva.

Sin justicia ecológica no hay justicia social.
Sin justicia social no hay justicia ecológica.
Sin transformación estructural, no hay solución posible.

El enfoque ecosocial no es un aspecto secundario: es el criterio que define la viabilidad de cualquier proyecto político.

Hoy, la defensa de la vida, del territorio y de las condiciones que hacen posible la existencia colectiva se vuelve inseparable de cualquier proyecto de país. La cuestión ecosocial no es un capítulo sectorial, sino el nuevo núcleo desde el cual repensar el desarrollo, la democracia y el bienestar. Asumir esta tarea implica hacerlo con decisión, con memoria histórica y con una ciudadanía protagonista capaz de sostener una transformación de fondo, donde la erradicación de la pobreza, el acceso equitativo a los bienes comunes y la organización solidaria de la economía formen parte de un mismo horizonte.