Tras el cercenamiento a la participación y la perversión de la democracia, ante el riesgo implicado, el pueblo plebiscita su posición

Por Pablo Sessano

La traición puede definirse como el quebrantamiento de la lealtad o fidelidad debida, implicando un engaño que causa daño emocional o legal. Definición apropiada para caracterizar la acción que, ciertos legisladores, han realizado frente a un inesperado aluvión de participantes. Y también la que podrían o no adoptar a la hora de votar.

Se entiende por plebiscito a una consulta popular que busca una mayoría amplia para ratificar  o denegar una reforma importante, en este caso una norma de segundo grado tal cual es la Ley  26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial.

Sobra abundar sobre lo que ha sido suficientemente divulgado y denunciado por la gran mayoría de los apenas 200 oradores, que fueran seleccionados para emitir presencialmente su opinión, y presumiblemente también, por la gran mayoría de los 800, o más, inscritos que fueron excluidos de de esa posibilidad. Ocurrió lo que se esperaba, una violación del mecanismo legalmente establecido para las Audiencias Públicas, la exclusión, de hecho, de más del 99 % de los inscritos, y por si fuera poco, a última hora la reducción arbitraria del 20% del tiempo asignado para expresarse (un minuto sobre 5). Doble maniobra para evitar el evidente rechazo a la modificación propuesta, pues no se inscriben 100 mil ciudadanos a una Audiencia de estas características sino es para defender sus derechos y defenderse del ataque sistemático y planificado de un gobierno que pone por delante de la vida, los negocios y además fraudulentos.

Ataque sistemático y planificado, suena a dictadura, y es que lo es, aunque la clase política toda omita llamarlo así y la ciudadanía se resista a reconocerlo. Porque, aunque los poderes institucionales funcionen, cuando se gobierna en buena medida con la suma del poder público, como se le permitió a este gobierno y luego tergiversando, desconociendo o directamente violentando las leyes y la misma constitución, y además se reprime, se hambrea al pueblo y se destruyen las bases que estructuran la nación: trabajo, federalismo, derechos y soberanía, si no estamos frente a una dictadura, no sabría como llamarla, porque bien sabemos, que la legitimidad del voto no otorga al elegido derechos extraordinarios, ni discrecionales, ni permiso para gestionar el país al margen de la constitución o contra ella. La traición, la mentira y el  mercenarismo son patrimonio de este gobierno nacional y de numerosos gobernadores y legisladores.

Lo ocurrido es muy grave, porque tras la consumación del cercenamiento del derecho a opinar es presumible la intención de desconocer el rechazo categórico manifestado y avanzar hacia una reforma peligrosísima, ilegal y corrupta. Los argumentos científicos, jurídicos, éticos y políticos que lo explican están ampliamente difundidos.

Sin embargo, pese a ello, y en sintonía con la enorme manifestación ciudadana que ratifica la política de Derechos Humanos, por la verdad y la justicia y el rechazo a cualquier reconciliación, manifestación plebiscitaria que es ya, felizmente, tradición en Argentina; cabe interpretar que 100 mil inscritos en la Audiencia Pública (la mayor del mundo en la historia de este instrumento de participación democrática) constituye virtualmente un plebiscito que representa la opinión de la inmensa mayoría del pueblo Argentino. Ya que, si asimilamos ese número de participantes inscritos al de una muestra de una encuesta de opinión estándar, además de sobrepasar el porcentaje estadísticamente necesario para considerarlo representativo, que para 50 millones de habitantes con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, sería de alrededor de 400 personas, y para mayor precisión con margen de error del 3% al 1%, sería de entre 1000 y 2000 personas, cumple también, sin duda dada la magnitud, con los requisitos de distribución equitativa etaria, de género y territorial; es decir que ciudadanos argentinos, mujeres, hombres, no binarios, jóvenes, adultos y adultos mayores habilitados para votar, de todas las provincias del país, quedan representados satisfactoriamente en esa muestra de 100 mil personas.

En otras palabras, eludir tomar registro legal y completo de las opiniones de 100 mil ciudadanos equivale, en este caso, a negar el rechazo categórico de la casi totalidad de la población argentina a cualquier modificación de la ley de Glaciares. Si los “señores representante del pueblo”, aprueban tal modificación estarán traicionando flagrantemente la opinión de una incuestionable mayoría, que ha mostrado ser consiente, responsable y sabia frente a la amenaza de destruir y entregar nuestras mas preciadas fuentes de vida.

Los legisladores tienen ahora la palabra que le han menoscabado a la gente, de ellos depende que este desatino tenga final feliz; de no ser así, va de suyo, que esta batalla apenas ha comenzado.