A cincuenta años del golpe cívico-militar, una mirada ecologista sobre el terrorismo de Estado, el modelo económico de entrega y el desmantelamiento de la primera política ambiental argentina

EDITORIAL DE LA (RE) VERDE

Hoy, a cincuenta años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, recordamos la instauración en Argentina de un régimen basado en el terrorismo de Estado: secuestros, desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos y apropiación de niños. Decenas de miles de personas fueron perseguidas por sus ideas políticas, su compromiso social o, simplemente, por sospecha. No se trató sólo de eliminar opositores, sino de disciplinar al conjunto de la sociedad mediante el miedo.

Ese disciplinamiento hizo posible la imposición de un programa de orientación neoliberal que desmanteló buena parte del entramado productivo nacional, endeudó al país de manera inédita y lo subordinó a una lógica de valorización financiera y dependencia externa. Empresas públicas fueron debilitadas o preparadas para su posterior privatización, la industria nacional sufrió un golpe del que tardaría décadas en recuperarse y amplios sectores sociales quedaron sumidos en la pobreza. No fue un desvío: fue un proyecto deliberado de reconfiguración del país, orientado a concentrar riqueza y facilitar la apropiación de los recursos naturales.

Al recordar aquel período, solemos concentrarnos en la magnitud de los crímenes de lesa humanidad y en las consecuencias sociales de las políticas económicas. Sin embargo, desde una perspectiva ecologista, resulta necesario iluminar una dimensión menos explorada: el retroceso que significó la dictadura para la incipiente política ambiental argentina.

Entre las víctimas del terrorismo de Estado también hubo científicos, docentes, técnicos, estudiantes y militantes vinculados al estudio del territorio, la producción y los recursos naturales. En un contexto en el que la cuestión ambiental aún no se había constituido como un campo autónomo, estos actores desarrollaban prácticas y saberes que hoy pueden leerse como antecedentes de la problemática ambiental. Trabajaban en áreas como la agronomía, la biología, la geografía o la planificación territorial, desde universidades, organismos públicos y experiencias de desarrollo local, muchas veces orientadas a formas de uso y gestión del territorio no subordinadas a la lógica extractiva. Su persecución y eliminación no sólo formó parte del disciplinamiento político y social, sino también de las condiciones que facilitaron una reconfiguración regresiva del vínculo entre economía y naturaleza.

La intervención de las universidades, la expulsión y desaparición de investigadores y el desmantelamiento de equipos técnicos estatales afectaron directamente esas capacidades. No se trató de una persecución específica al ambientalismo, sino de un proceso más amplio de eliminación de saberes críticos y de actores capaces de cuestionar o regular los modos de uso del territorio.

En ese sentido, la violencia no sólo disciplinó cuerpos: también desarticuló las capacidades necesarias para pensar y proteger el ambiente. La represión sobre universidades y organismos técnicos implicó un retroceso sustantivo en la posibilidad de desarrollar políticas ambientales integrales.

La desarticulación de la primera política ambiental argentina

A comienzos de la década de 1970, durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, se creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, un organismo concebido para abordar de manera integral la relación entre desarrollo, territorio y naturaleza. En un contexto en el que la cuestión ambiental recién comenzaba a instalarse en la agenda internacional, la Argentina establecía una estructura pública orientada a coordinar la gestión de los recursos naturales, promover su uso racional y anticipar los impactos del desarrollo.

Su diseño respondía a una visión estratégica: los recursos naturales no podían ser tratados como compartimentos aislados, sino como parte de un sistema ecológico que debía ser gestionado con criterios de largo plazo. La Secretaría buscaba articular políticas vinculadas a la tierra, el agua, los ecosistemas y el desarrollo productivo dentro de una misma perspectiva estatal.

En términos institucionales, representaba uno de los primeros intentos en América Latina de construir una autoridad ambiental con enfoque sistémico, vinculando la gestión de los recursos naturales con la soberanía, la planificación territorial y la calidad de vida.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 interrumpió abruptamente ese proceso. Mediante los decretos 520 y 526 de mayo de ese año, la dictadura dispuso la disolución de la Secretaría y la fragmentación de sus funciones en distintas áreas del Estado.

Las competencias ambientales fueron subordinadas a lógicas sectoriales: los recursos naturales renovables pasaron al ámbito agropecuario, el planeamiento ambiental quedó bajo la órbita de obras públicas y otras funciones se dispersaron en organismos sin articulación. Con ellas se redistribuyeron también el personal, el presupuesto y las capacidades técnicas.

La consecuencia fue inmediata: se perdió la posibilidad de pensar el ambiente de manera integrada. La política ambiental quedó subordinada a objetivos productivos o de infraestructura, desplazando cualquier perspectiva de preservación y planificación de largo plazo. En pocos meses, el país desmanteló una arquitectura institucional que había intentado anticiparse a los desafíos ecológicos del desarrollo.

No fue una simple reorganización administrativa, sino un cambio en la concepción del Estado y del territorio. El modelo económico impuesto requería debilitar la capacidad estatal de regular el uso de los recursos naturales; una institucionalidad ambiental fuerte resultaba, en ese marco, prescindible o incluso incompatible.

Este antecedente es elocuente: cuando los proyectos políticos privilegian la explotación intensiva de los recursos y la rentabilidad de corto plazo, las instituciones encargadas de proteger el ambiente suelen ser las primeras en ser desarticuladas.

El vaciamiento actual de la política ambiental

Cinco décadas después, esa dinámica reaparece. La Argentina atraviesa un nuevo proceso de degradación institucional en materia ambiental. El gobierno de Javier Milei impulsa una política sistemática de desjerarquización y vaciamiento del área, reduciendo de manera drástica su capacidad de regulación, intervención y planificación.

La eliminación del rango ministerial, los recortes presupuestarios, los despidos de personal técnico y la paralización de programas vinculados a la conservación, los bosques nativos, las áreas protegidas y el monitoreo ambiental configuran un escenario de debilitamiento estructural.

Al mismo tiempo, se avanza en la desregulación bajo el argumento de remover “trabas” al desarrollo, flexibilizando controles sobre actividades extractivas y erosionando la capacidad del Estado para evaluar y fiscalizar sus impactos.

Este proceso se inscribe en una visión ideológica explícita que deslegitima la agenda ambiental, cuestiona la evidencia científica del cambio climático y desacredita las políticas orientadas a enfrentar la crisis ecológica. Ese negacionismo convive con otro: el que relativiza los crímenes del terrorismo de Estado y pone en cuestión los consensos construidos en torno a la memoria, la verdad y la justicia.

No se trata de fenómenos aislados, sino de una misma matriz: deslegitimar el conocimiento, erosionar consensos sociales y debilitar al Estado para habilitar la explotación sin límites de los bienes comunes.

Hoy más que nunca: Nunca Más deja de ser una consigna conmemorativa para convertirse en un principio activo frente al presente. En un contexto atravesado por discursos negacionistas, desmantelamiento estatal y avance sobre los bienes comunes, sostener el Nunca Más implica rechazar no sólo el terrorismo de Estado, sino también las condiciones que lo hicieron posible y que, bajo nuevas formas, vuelven a insinuarse. Es afirmar la memoria como límite, pero también como herramienta: para defender la democracia, los derechos humanos y la integridad del patrimonio natural frente a quienes, en nombre del mercado y la libertad, promueven su degradación. Porque hoy, más que nunca, Nunca Más es también nunca más al saqueo, nunca más al vaciamiento del Estado y nunca más a la negación de las condiciones que hacen posible la vida.

Carlos MERENSON