Cuando la ética patrimonial desplaza a la justicia social y ambiental como principio ordenador del Estado

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

El discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación no fue una rendición administrativa. Fue una declaración doctrinaria. La propuesta de instaurar “la moral como política de Estado” no describe una orientación coyuntural: define un principio ordenador que pretende estructurar la vida social, económica e institucional bajo una jerarquía precisa de valores.

Esa jerarquía no quedó en el plano de las ideas. Las reformas anunciadas son su traducción normativa. No constituyen un paquete técnico ni una secuencia de ajustes administrativos, sino la materialización jurídica de la doctrina expuesta. La modificación de los códigos civil, penal y procesal, la reforma electoral, la desregulación económica, la apertura comercial, las privatizaciones y el nuevo marco para la explotación intensiva de recursos naturales responden a una misma arquitectura ideológica: reducir el Estado a garante del orden patrimonial y liberar al mercado de todo contrapeso social y ambiental significativo.

No se trata simplemente de agilizar la justicia o simplificar impuestos. Se trata de redefinir qué debe proteger el Estado y qué puede abandonar. En ese reordenamiento, las políticas redistributivas pasan a ser sospechosas, las regulaciones ambientales se convierten en “trabas” y la planificación pública es presentada como distorsión. El conjunto no apunta a modernizar el Estado, sino a reconfigurar su sentido. No estamos ante reformas sectoriales: estamos ante un intento de redefinir el contrato social argentino bajo la primacía de la propiedad y la acumulación.

Es precisamente allí donde reaparece el núcleo del problema: esa moral no es neutra ni abarcativa. No remite a la justicia social, a la equidad territorial ni a la responsabilidad frente a la vulnerabilidad colectiva. Se define, en lo esencial, como defensa irrestricta de la propiedad privada, reducción del Estado a funciones mínimas y confianza en el mercado como mecanismo superior de coordinación. La propiedad aparece como derecho fundante; el mercado, como árbitro natural; la intervención estatal, como sospecha.

La apelación a la moral como principio rector convive, sin embargo, con un registro discursivo que no es accesorio. La reiteración de descalificaciones personales hacia opositores —tratados como “ladrones”, “parásitos”, “ignorantes” o “golpistas”— no constituye un exabrupto aislado sino una forma de construcción política. Cuando el adversario es definido no como interlocutor equivocado sino como corrupto o enemigo moral, el desacuerdo pierde legitimidad y la deliberación democrática se degrada en escarnio. El tono no es un detalle estilístico: es coherente con una concepción que divide el espacio público entre quienes encarnan la rectitud y quienes deben ser neutralizados.

Esta dimensión importa porque la moral invocada pretende presentarse como universal y civilizatoria. Sin embargo, al traducirse en una lógica de descalificación permanente, deja de operar como ética pública integradora y se convierte en herramienta de polarización. La invocación a los valores de Occidente convive así con una práctica discursiva que erosiona la base deliberativa que esos mismos valores presuponen.

En esa arquitectura, la justicia social es desplazada del campo de lo legítimo. No es concebida como principio de equilibrio sino como anomalía redistributiva. La idea —expresada reiteradamente por el propio Presidente— de que la justicia social constituye un robo revela el núcleo normativo del proyecto: toda corrección deliberada de desigualdades es presentada como violación de derechos individuales. La igualdad formal ante la ley sustituye la discusión sobre desigualdades materiales estructurales.

Desde nuestra perspectiva, esa reducción es conceptualmente insostenible. La desigualdad no es un accidente marginal del mercado: es una consecuencia recurrente de su funcionamiento cuando no existen contrapesos públicos. Tratar igual a quienes parten de condiciones radicalmente desiguales no garantiza justicia; consolida privilegios. Y cuando los costos ambientales se externalizan, recaen siempre sobre los mismos territorios y sectores sociales. Justicia social y justicia ambiental no son dimensiones separadas: son expresiones de una misma responsabilidad colectiva.

El desplazamiento del Estado es, por lo tanto, decisivo. De garante de equilibrios sociales y territoriales pasa a custodio del orden patrimonial. La política se subordina a la creación de condiciones favorables para la acumulación privada. Lo que queda fuera no es un detalle secundario.

Lo primero que queda fuera es la vida concreta de la mayoría. No en el plano retórico —donde el crecimiento promete beneficios futuros— sino en el plano estructural. Trabajo, servicios esenciales, arraigo territorial y calidad ambiental dejan de ser fundamentos de la política para transformarse en resultados diferidos. Reaparece así la vieja teoría del derrame: primero crecer, luego integrar. Una hipótesis reiteradamente desmentida por la experiencia histórica. El crecimiento, sin redistribución deliberada y regulación efectiva, tiende a concentrar antes que a equilibrar.

Después queda fuera la ecología. El discurso no integra la crisis ambiental como condicionante del proyecto nacional. No hay referencia sustantiva al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad ni a la crisis hídrica que ya reconfigura el mapa productivo argentino. En un país atravesado por crisis conflictos ecosociales crecientes, el silencio no es casual. Es programático.

La naturaleza es traducida en activo estratégico: litio, cobre, hidrocarburos, pesca, agricultura, territorios australes. Recursos, reservas, plataformas de inserción internacional. Lo que no aparece es el reconocimiento de límites biofísicos ni de responsabilidades intergeneracionales. La economía se presenta como sistema autosuficiente que solo necesita ser liberado de “barreras”. Pero esas barreras —regulaciones ambientales, ordenamientos territoriales, evaluaciones de impacto— no son caprichos ideológicos: son instrumentos para evitar daños irreversibles y para impedir que la rentabilidad privada se financie con degradación colectiva.

Aquí se ubica el desacuerdo estructural. Elevar la propiedad a derecho absoluto ignora que su ejercicio recae sobre soportes materiales compartidos. Agua, suelo, atmósfera y biodiversidad no son activos neutros: son bases de la vida común. El mercado puede coordinar intercambios, pero no internaliza por sí mismo los límites ecológicos ni corrige desigualdades de poder. Asigna según capacidad de pago, no según necesidad social ni sostenibilidad metabólica.

La ecología política parte de un principio distinto: la economía es un subsistema de la biosfera y no puede expandirse indefinidamente en un planeta finito. El desarrollo no puede evaluarse exclusivamente por el PBI ni por la magnitud de las exportaciones. La fortaleza de una nación se mide también —y fundamentalmente— por la integridad de sus ecosistemas y por su capacidad de sostener condiciones de vida dignas.

Lo que el discurso presenta como moral universal es, en realidad, una ética patrimonial específica. Define como virtud la protección irrestricta de la propiedad y como sospecha toda intervención orientada a equilibrar desigualdades o preservar límites ecológicos. Pero una moral que no incorpora la finitud material del mundo ni la desigual distribución del poder económico es, necesariamente, incompleta.

La cuestión no es retórica. Es estructural. Si el Estado adopta como principio supremo la libertad patrimonial sin integrar límites sociales y ecológicos explícitos, la tensión no desaparecerá: se desplazará hacia los territorios, hacia los sectores vulnerables y hacia el futuro.

La pregunta de fondo no es si necesitamos moral en la política. La pregunta es qué moral puede sostener un país real, con desigualdades profundas y con ecosistemas frágiles. Una moral que absolutiza la propiedad puede ordenar contratos. Difícilmente pueda garantizar cohesión social y habitabilidad.

Y sin cohesión social ni habitabilidad, no hay proyecto nacional que se sostenga.