Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

En 2019, lejos del ruido de la coyuntura y del marketing verde, un equipo técnico de la entonces Secretaría de Ambiente elaboró un anteproyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de la Diversidad Biológica y el Uso Sostenible de sus Componentes. No se trató de un gesto testimonial ni de un ejercicio académico: fue un intento serio, consistente y técnicamente sólido de dotar al país de una norma largamente ausente, capaz de ordenar de manera integral la protección de la biodiversidad en la Argentina.

El proyecto no prosperó. No por falencias conceptuales, ni por inviabilidad jurídica, ni por desconocimiento del marco constitucional. Fracasó por lo de siempre: falta de apoyo político. No hubo voluntad para asumir el costo de una ley transversal que, por definición, pone límites, fija prioridades ecológicas y subordina usos económicos a la integridad de los sistemas vivos. Una ley que obliga a pensar el territorio más allá de la lógica de la explotación fragmentada y de corto plazo.

El contraste con el presente es brutal. Hoy, en un contexto político que exalta el retiro del Estado y deposita toda confianza en el mercado como organizador absoluto de la vida social, aquella iniciativa aparece no solo archivada, sino directamente impensable. El resultado es un doble vacío: un Estado inoperante, que renuncia a planificar y regular, y un mercado degradante, que convierte la biodiversidad en insumo, externalidad o daño colateral.

La paradoja es evidente. Argentina cuenta con una cláusula ambiental en su Constitución (art. 41), con una Ley General del Ambiente y con normas sectoriales de presupuestos mínimos, pero carece de una ley de biodiversidad que articule ese entramado de manera coherente. El ordenamiento se construyó al revés: primero los fragmentos, nunca el todo. Ecosistemas sin mirada ecosistémica. Especies sin territorio. Conservación sin política integral.

El anteproyecto de 2019 venía a corregir esa anomalía. Reconocía el valor intrínseco de la diversidad biológica, incorporaba el enfoque ecosistémico y ecorregional, institucionalizaba instrumentos de planificación, inventarios, evaluación ambiental estratégica, participación social y coordinación federal. No inventaba nada extravagante: simplemente alineaba el derecho ambiental argentino con la racionalidad ecológica mínima que la crisis ecosocial exige desde hace décadas.

Que hoy esa ley tenga “cero posibilidades” de tratamiento no habla de su irrelevancia, sino del empobrecimiento deliberado del debate público. Cuando la política renuncia a pensar los límites, la degradación deja de ser un problema y pasa a ser un daño aceptable. Cuando la biodiversidad no tiene ley, lo que avanza no es la libertad, sino la desposesión ecológica.

Si se quisiera actuar racionalmente —no ideológicamente, no dogmáticamente— el camino es claro: dar tratamiento urgente a una ley de biodiversidad. No como gesto simbólico, sino como condición básica para cualquier política ambiental que no sea puro decorado. Todo lo demás es administrar el deterioro mientras se proclama, con cinismo, que el mercado sabrá arreglarlo.

La iniciativa de 2019 demuestra que el problema no es la falta de conocimiento ni de capacidad técnica. El problema es político. Y mientras ese bloqueo persista, la biodiversidad seguirá pagando el precio de un país que sabe lo que debería hacer, pero elige sistemáticamente no hacerlo.