Por Carlos Merenson – La (Re) Verde
La reciente criminalización de Jorge Riechmann —pensador, poeta, profesor y activista ecológico— nos interpela como sociedad, ética y políticamente. El artículo “Cuando defender la Tierra se convierte en delito” expone con precisión la injusticia que significa llevar a juicio penal a una persona por ejercer —de forma no violenta— el derecho y el deber de proteger la vida frente a la crisis climática sistémica que atravesamos.
Riechmann y sus compañeros no fueron acusados por delitos de violencia, corrupción o abuso de poder, sino simplemente por exigir que la política y el derecho respondan a la ciencia y a la urgencia de una emergencia ecológica global. La protesta pacífica que protagonizaron en 2019, en Madrid, fue una respuesta legítima ante la parálisis de los poderes públicos frente al colapso climático y la destrucción de los fundamentos de la vida.
La lógica que subyace a este proceso penal es profundamente perversa: mientras quienes aceleran la destrucción ecológica permanecen impunes, quienes alertan del abismo son perseguidos. Esto no es un hecho aislado, es una expresión clara de cómo el aparato jurídico y político prioriza la reproducción del sistema que devora ecosistemas y vidas, castigando a quienes cuestionan sus cimientos.
En contextos como el latinoamericano, la violencia contra defensores de la tierra es aún más explícita y letal: mujeres y hombres que protegen territorios, ríos y bosques sufren amenazas, hostigamiento judicial y asesinatos, precisamente porque representan un obstáculo para la expansión extractivista y la mercantilización de la vida.
Por eso, expresar solidaridad con Riechmann no es solo respaldar a una persona frente a un juicio injusto; es reivindicar que la defensa de la Tierra y de las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras no puede ser tratada como un crimen. Defender los bienes comunes es una obligación moral, política y humana, y merece reconocimiento y protección —no sanción— por parte de los sistemas legales.
Que esta solidaridad se traduzca en acción significa:
- Visibilizar el caso y oponerse a la criminalización de la protesta pacífica.
- Reclamar la absolución de Riechmann y sus compañeros.
- Exigir marcos legales que reconozcan el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental, no como un obstáculo a la gestión del statu quo.
- Fortalecer las redes sociales, culturales y políticas que sostienen las luchas ecosociales frente a las miradas que tratan de neutralizarlas.
En defensa de la tierra, la democracia no puede ser excusa para silenciar voces. Defender la Tierra no es un delito: es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos.
LA (RE) VERDE 