Por Carlos Merenson – La (Re) Verde
Introducción: un nuevo régimen de fuego en la Patagonia
Los incendios que han afectado a la Patagonia andina en los últimos años no pueden comprenderse como episodios excepcionales, accidentes climáticos ni simples delitos aislados. Expresan la irrupción de un nuevo régimen del fuego, entendido como un cambio estructural en la frecuencia, intensidad y comportamiento de los incendios. Ya no se trata de eventos esporádicos que el territorio puede absorber y recuperar en décadas, sino de una dinámica recurrente que altera de manera sostenida la relación entre clima, territorio y uso del suelo. En este sentido, los incendios recientes se caracterizan por un comportamiento extremo, alta energía liberada, rápida propagación y capacidad de desbordar de manera sistemática los dispositivos tradicionales de prevención y combate. Lejos de ser anomalías, estos eventos revelan una transformación profunda en la dinámica ecológica y social de la región.
Este nuevo escenario se inscribe en una tendencia global. Los grandes incendios registrados en Moscú en 2010, en Australia entre 2019 y 2020, o en California y el oeste de Estados Unidos durante la última década anticiparon un salto cualitativo en el comportamiento del fuego. La Patagonia no constituye una excepción regional, sino uno de los territorios donde esta mutación comienza a manifestarse con mayor crudeza, al punto de que el fuego deja de ser un fenómeno estacional y pasa a operar como un proceso recurrente, de alta severidad y creciente tamaño.
Desde el punto de vista técnico, estos procesos se describen como Incendios de Alta Intensidad (IAI): fuegos cuyo poder energético, velocidad de avance y comportamiento errático superan los umbrales históricos de control. En algunos casos, estos incendios alcanzan una complejidad aún mayor, dando lugar a lo que la experiencia internacional —particularmente la española— denomina incendios de sexta generación, eventos capaces de generar su propia dinámica atmosférica y de alterar activamente las condiciones meteorológicas locales. Estas categorías no son meras etiquetas: permiten comprender que el fuego contemporáneo ha mutado y que, por su intensidad y recurrencia, puede convertirse en una amenaza estructural para los ecosistemas y para las sociedades que los habitan.
Comprender este fenómeno exige ir más allá de la explicación exclusivamente climática. Si bien el cambio climático actúa como un factor decisivo, los incendios de alta intensidad emergen de la convergencia entre procesos ambientales y decisiones políticas, económicas y territoriales acumuladas: modelos productivos extractivos, ordenamientos del territorio altamente inflamables, debilitamiento de las capacidades públicas de prevención y una gestión del riesgo centrada en la emergencia y no en la anticipación. Es decir, la Patagonia está transitando hacia un nuevo régimen de fuego porque se modificaron los patrones de frecuencia e intensidad, pero también porque el territorio fue organizado para ser más combustible, más vulnerable y menos protegido.
El objetivo de este texto es analizar el surgimiento de los Incendios de Alta Intensidad en la Patagonia, definir con precisión sus características y discutir sus implicancias políticas y territoriales. Para ello, se propone un diálogo crítico con los aportes de Guillermo Galafassi, reconociendo el valor de la organización comunitaria sin eludir la discusión sobre el rol indelegable del Estado y la necesidad de reconstruir capacidades públicas a la escala del desafío.
Para dimensionar adecuadamente la magnitud del problema, resulta imprescindible comenzar por una definición clara de qué se entiende por Incendios de Alta Intensidad y por incendios de sexta generación, y por qué estas categorías permiten pensar el fuego contemporáneo como una amenaza estructural y no como una contingencia pasajera.
¿Qué son los Incendios de Alta Intensidad y los de Sexta Generación?
El nuevo régimen de fuego que afecta a la Patagonia se manifiesta a través de eventos con características específicas que es crucial diferenciar.
Comportamiento Extremo: Los IAI
Los Incendios de Alta Intensidad (IAI) no son incendios comunes. Se definen por un comportamiento extremo que los hace inmanejables para los sistemas de respuesta convencionales. Sus características clave son:
• Poder energético extremo: Liberan una cantidad de energía tan masiva que resulta incontrolable.
• Rápida propagación: Avanzan a velocidades muy altas, a menudo afectando miles de hectáreas en poco tiempo.
• Imposibilidad de ataque directo: Los equipos de brigadistas no pueden enfrentar de manera segura y sostenida el frente de llama debido al calor y la intensidad.
• Severos impactos ecológicos: El fuego consume no solo la vegetación de las copas, sino también el mantillo orgánico del suelo, dañándolo profundamente y comprometiendo la capacidad de regeneración del bosque.
Es importante hacer una precisión: no todos los incendios recientes en la Patagonia alcanzan, en sentido estricto, la categoría plena de IAI. Sin embargo, lo decisivo no es la clasificación de cada evento individual, sino el hecho de que la región ha ingresado en un régimen de fuego donde los incendios de comportamiento extremo dejan de ser una excepción para convertirse en un riesgo permanente. Es esta tendencia sistémica la que exige un cambio de paradigma.
Los incendios de Sexta Generación
La noción de incendios de sexta generación, desarrollada principalmente a partir de la experiencia española, no constituye una clasificación normativa universal, sino una categoría operativa y analítica destinada a describir incendios de comportamiento extremo, dominados por procesos convectivos propios. Sus rasgos definitorios resultan plenamente aplicables al escenario argentino actual, donde comienzan a registrarse incendios que ya no responden al régimen histórico del fuego.
En este marco, los incendios de sexta generación pueden entenderse como la expresión más extrema dentro del universo de los Incendios de Alta Intensidad (IAI). No se trata simplemente de incendios de mayor tamaño o duración, sino de un salto cualitativo en el régimen del fuego: eventos capaces de generar su propia dinámica atmosférica, modificar las condiciones meteorológicas locales y autoalimentarse mediante la formación de potentes columnas convectivas, pirocúmulos y, en algunos casos, tormentas de fuego. En estos escenarios, el incendio deja de estar condicionado por el clima para convertirse, parcialmente, en un productor activo de clima, lo que vuelve obsoletas muchas de las estrategias tradicionales de combate y control.
La siguiente tabla aclara la relación entre IAI e incendios de sexta generación:
| Característica | Incendio de Alta Intensidad (IAI) | Incendio de Sexta Generación |
| Definición Principal | Un comportamiento del fuego con energía y velocidad extremas. | Un nuevo régimen de fuego que altera la atmósfera. |
| Capacidad Climática | Se ve influenciado por el clima existente. | Genera su propio clima local (pirocúmulos). |
| Relación | Es la manifestación visible del poder del fuego. | Es un IAI que evoluciona hasta colapsar los sistemas de respuesta y modificar la meteorología. |
Entender estas definiciones es clave para analizar la «tormenta perfecta» de factores que ha convertido a la Patagonia en un territorio tan vulnerable a este tipo de fuego.
Las Causas: una convergencia de factores
La recurrencia de Incendios en la Patagonia no se debe a una única causa, sino a la convergencia de tres tipos de factores estructurales que, combinados, crean un escenario de riesgo sistémico.
a. Factores Biofísicos: un ecosistema frágil
Los bosques andino-patagónicos, dominados por especies del género Nothofagus y por cipreses, evolucionaron bajo un régimen histórico de fuegos poco frecuentes y de baja intensidad. Este régimen se refleja tanto en las condiciones climáticas frías y húmedas que limitaron la ocurrencia de incendios extensos, como en los rasgos funcionales de las especies dominantes, que carecen de adaptaciones típicas a incendios recurrentes o severos. La combinación de cortezas delgadas, baja capacidad de rebrote post-fuego y estructuras forestales con alta humedad y limitada continuidad vertical indica que el fuego no fue un proceso ecológico estructurante dominante en estos bosques. En consecuencia, la recurrencia actual de incendios de alta intensidad constituye una ruptura profunda respecto del régimen histórico del fuego y explica la elevada vulnerabilidad del ecosistema frente al nuevo escenario climático y territorial. Esto significa que no están adaptados a incendios recurrentes o de alta energía. Cuando un IAI ocurre, su capacidad de regeneración natural se ve seriamente comprometida, dejando un paisaje devastado por décadas.
b. Factores Climáticos: el acelerador del riesgo
El cambio climático actúa como un acelerador del riesgo, creando las condiciones perfectas para el fuego extremo. En la Patagonia, sus efectos son claros:
• Aumento de las temperaturas medias.
• Reducción de las lluvias y de la acumulación de nieve invernal.
• Períodos secos cada vez más largos y frecuentes.
La consecuencia principal de este proceso es la acumulación progresiva de combustible vegetal seco y altamente inflamable, el ingrediente fundamental para que un incendio se convierta en un IAI.
c. Factores Territoriales y Productivos: el origen del problema
Más allá de la ecología y el clima, el factor decisivo es cómo los humanos han organizado el territorio. El fuego no es un invasor externo; emerge desde la propia estructura productiva y social de la región. Los elementos clave son:
- Forestaciones con especies exóticas: Las plantaciones de coníferas resinosas (como los pinos), implantadas bajo una lógica productivista que privilegia la rentabilidad, actúan como verdaderos amplificadores del riesgo. En lugar de ser barreras, crean paisajes homogéneos y continuos de material altamente inflamable, favoreciendo la transición hacia incendios de comportamiento extremo.
- Abandono estatal y políticas discontinuas: La falta de estrategias preventivas sostenidas, la fragmentación institucional y el debilitamiento sistemático de las capacidades públicas de manejo del fuego dejan al territorio desprotegido.
- Presión inmobiliaria y turística: La expansión desregulada de urbanizaciones y proyectos turísticos sobre áreas de bosque nativo fragmenta el paisaje y multiplica los puntos de contacto entre las actividades humanas y el combustible forestal, aumentando la probabilidad de ignición.
Esta compleja red de causas nos obliga a preguntar: ¿quién debe hacerse cargo y cuál es el rol que le corresponde a la comunidad y al Estado frente a esta amenaza?
El rol del Estado y la Comunidad: un debate crítico
La respuesta a los incendios exige un diálogo crítico y productivo sobre los roles del Estado y la comunidad. El análisis del académico Guillermo Galafassi,[1] de reciente publicación, es un punto de partida fundamental, pero la nueva realidad de los IAI obliga a complementar su perspectiva para abordar la escala del desafío actual.
Galafassi propone una interpretación estructural de los incendios forestales en la Patagonia, alejándose deliberadamente de las explicaciones coyunturales, naturalizantes o criminalizantes que dominan el debate público. El incendio no aparece como hecho aislado ni como contingencia climática excepcional, sino como el resultado persistente de la convergencia entre ecosistemas frágiles, decisiones económicas orientadas por la rentabilidad y una desidia estatal sistemática. En este desplazamiento conceptual reside uno de los principales méritos del texto: el fuego deja de ser un evento y pasa a ser un síntoma.
Desde una perspectiva ecosocial, el documento de Galafassi constituye un insumo crítico de alto valor. Su mayor virtud es mostrar que la recurrencia del fuego no expresa una falla puntual del Estado, sino una lógica estructural de abandono coherente con un modelo extractivo y rentístico. La prevención no fracasa por desconocimiento técnico, sino porque no es rentable. En ese sentido, el texto funciona también como una demostración empírica de los límites del mercado autorregulado frente a riesgos territoriales y ecosistémicos.
Como límite analítico, puede señalarse que el tono de denuncia reduce el espacio para distinguir responsabilidades diferenciadas dentro del Estado o para explorar con mayor detalle marcos institucionales alternativos de gobernanza forestal. No obstante, esta elección refuerza el objetivo central del texto: romper la naturalización del incendio y devolverlo al terreno de las decisiones políticas y económicas.
En conjunto, el trabajo de Galafassi no solo describe una catástrofe recurrente, sino que interpela de manera directa al orden social que la produce. En ese gesto radica su potencia política y su relevancia para pensar los incendios patagónicos —y, por extensión, el nuevo régimen del fuego— como una cuestión estructural que excede ampliamente la gestión de la emergencia.
El valor de la Comunidad Organizada
Frente a esta inacción estatal, Galafassi destaca el rol decisivo de la organización comunitaria autoconvocada, especialmente en las zonas de interfaz urbano-rural. Brigadas voluntarias, redes de apoyo y formas de autoorganización popular resultan claves para salvar vidas, proteger viviendas y sostener el entramado social en contextos de emergencia. Estas experiencias revelan una capacidad social de gestión del desastre que emerge, precisamente, allí donde el Estado se retira o llega tarde.
En otras palabras, las organizaciones comunitarias autoconvocadas son vitales por tres motivos:
• Respuesta inmediata: Son la primera línea de defensa, siendo decisivas para salvar vidas y proteger viviendas durante la emergencia inicial.
• Conocimiento del territorio: Poseen un saber local invaluable sobre caminos, fuentes de agua y dinámicas del lugar, que a menudo las estructuras formales no tienen.
• Función política: Su acción visibiliza el abandono estatal y rompe con la narrativa que presenta a los incendios como simples accidentes, señalando las responsabilidades estructurales detrás del desastre.
Los límites de la Comunidad y la responsabilidad del Estado
Reconocer este valor indispensable no significa asumir que la comunidad es suficiente. De hecho, los IAI introducen un dato que redefine el debate: la organización comunitaria no puede enfrentar incendios de escala ecosistémica.
Cuando el fuego avanza en múltiples frentes, dura semanas y genera su propio clima, supera cualquier capacidad de intervención local. Frente a este tipo de eventos, la organización comunitaria es necesaria pero radicalmente insuficiente. No puede reemplazar logística aérea, planificación interjurisdiccional, comando unificado, sistemas de detección temprana ni capacidad operativa sostenida durante semanas.
El riesgo político de no explicitar este límite es alto: la exaltación del voluntarismo puede terminar legitimando la retirada estructural del Estado, convirtiendo la solidaridad en sustituto de políticas públicas. La autoorganización no es una alternativa al Estado; es la evidencia de su ausencia.
| Actor | Rol Fundamental | Límite Principal |
| Comunidad | Detección temprana, primera respuesta, protección de viviendas, evacuación y reconstrucción social. | No puede enfrentar incendios sistémicos que avanzan en múltiples frentes o duran semanas. Su escala es local. |
| Estado | Planificación a largo plazo, prevención estructural, logística a gran escala, coordinación nacional y disposición de medios aéreos y terrestres complejos. | Su ausencia o repliegue delega una responsabilidad estructural imposible de asumir por la comunidad. |
Dado que el Estado tiene un rol indelegable, el debate se centra en qué capacidades específicas necesita construir para estar a la altura del desafío que plantean los IAI.
¿Puede la libertad absoluta de mercado enfrentar la crisis de los incendios forestales?
La respuesta es no. La libertad absoluta de mercado no puede dar respuesta a la crisis de los incendios forestales porque el fuego expone con particular crudeza los límites estructurales del mercado como principio organizador del territorio y de la vida social.
Incendios y externalidades: cuando el costo no tiene dueño
Los incendios forestales no son accidentes aislados ni simples fenómenos naturales exacerbados por el clima. Son, en gran medida, el resultado acumulado de decisiones económicas que externalizan riesgos y costos. La pérdida de biodiversidad, la degradación de suelos, la alteración del ciclo del agua, las emisiones de carbono y los impactos sanitarios no recaen sobre quienes se benefician de las actividades que aumentan la inflamabilidad del territorio, sino sobre la sociedad en su conjunto.
La libertad absoluta de mercado presupone que los agentes asumen las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, en el caso del fuego, los daños son difusos, irreversibles y transversales. No existe mecanismo de precios capaz de reflejar la destrucción de un ecosistema o la pérdida de estabilidad climática regional. Allí donde el costo no tiene dueño, el mercado no corrige: avanza.
La prevención no es rentable
La gestión del fuego es, ante todo, una política de prevención estructural. Implica planificación territorial, manejo del combustible vegetal, mantenimiento de infraestructuras rurales, brigadas permanentes, monitoreo continuo y conocimiento ecológico localizado. Son inversiones sostenidas cuyos beneficios no se traducen en ganancias inmediatas ni en retornos privados claros.
Desde la lógica del mercado desregulado, la prevención aparece como un gasto prescindible frente a la reacción posterior al desastre. Se tolera así el abandono del territorio mientras se multiplican los costos de emergencia, reconstrucción y asistencia. El mercado no anticipa riesgos sistémicos: responde —cuando lo hace— una vez que el daño ya está consumado.
Paisajes homogéneos, territorios inflamables
La expansión de monocultivos forestales, la agricultura extensiva, los desmontes y la urbanización dispersa no son desviaciones del mercado, sino expresiones coherentes de su lógica. La búsqueda de eficiencia económica conduce a la homogeneización del paisaje, a la simplificación ecológica y a la fragmentación territorial.
Estos territorios empobrecidos en diversidad biológica y social son también territorios altamente combustibles. El fuego encuentra continuidad, abundancia de material inflamable y ausencia de barreras naturales. Cuanto más se organiza el territorio como mercancía estandarizada, mayor es su vulnerabilidad frente al incendio.
Un problema político, no técnico
La libertad absoluta de mercado carece de un elemento central para enfrentar los incendios forestales: responsabilidad colectiva. El fuego obliga a definir límites, establecer prohibiciones, asignar obligaciones y priorizar bienes comunes por sobre intereses privados. Exige decidir qué usos del suelo son admisibles, qué prácticas deben restringirse y qué territorios deben ser protegidos aun cuando ello afecte la rentabilidad económica.
Estas decisiones no pueden surgir de intercambios voluntarios entre actores desiguales. Son, inevitablemente, decisiones políticas. El mercado, por definición, no decide límites: opera dentro de ellos.
Cambio climático y contradicción de origen
El agravamiento de los incendios se inscribe, además, en un contexto de calentamiento global que el propio metabolismo fósil de la economía de mercado ha contribuido a acelerar. Sequías prolongadas, olas de calor y eventos extremos actúan como multiplicadores del riesgo.
Pretender que el mismo dispositivo económico que intensifica las condiciones del incendio sea el encargado de resolverlo implica una contradicción de origen. No se trata de una mala implementación del mercado, sino de un límite estructural de su lógica expansiva.
¿Pueden prevenirse o combatirse los incendios sin participación estatal?
Tampoco. La prevención y el combate eficaz de incendios forestales —en particular en bosques nativos— no pueden realizarse sin una participación estatal activa, por razones estructurales.
En primer lugar, la prevención exige planificación territorial integrada: mapas de riesgo, manejo del combustible, corredores cortafuego, mantenimiento de accesos y coordinación entre múltiples jurisdicciones y propiedades. Ninguna iniciativa privada aislada puede organizar estas tareas de manera coherente, continua y a escala.
En segundo lugar, el combate del fuego requiere recursos y logística compleja: brigadas entrenadas, equipamiento especializado, sistemas de alerta temprana, comunicaciones coordinadas y capacidad de transporte aéreo y terrestre. Todo ello demanda inversión sostenida y capacidad de movilización que solo el Estado puede garantizar.
En tercer lugar, los bosques nativos son bienes comunes. Sus servicios ecosistémicos —regulación hídrica y climática, biodiversidad, protección de suelos— benefician a toda la sociedad. El mercado no internaliza estos beneficios y, por lo tanto, no genera incentivos suficientes para su cuidado preventivo.
Finalmente, los incendios son fenómenos sistémicos: un error o abandono en un punto del territorio puede afectar extensas regiones. La lógica mercantil, fragmentaria por definición, es incapaz de asumir esa interdependencia.
Repensar la libertad
La crisis de los incendios obliga a revisar una noción de libertad entendida como ausencia de reglas. Frente a procesos irreversibles y bienes comunes vitales, la libertad no puede definirse como el derecho individual a maximizar beneficios, sino como la capacidad colectiva de preservar las condiciones materiales que hacen posible la vida.
Los incendios no son solo llamas que avanzan sobre bosques y campos. Son una señal inequívoca de que ciertos límites han sido desbordados. Ignorarlos, en nombre de una libertad económica absoluta, no es una opción neutra: es una forma activa de irresponsabilidad colectiva.
Propuesta: hacia una capacidad Estatal permanente
El escenario actual exige abandonar la lógica de respuestas improvisadas y estacionales. Para enfrentar los IAI se necesita construir una capacidad estatal permanente, planificada y de escala nacional.
Construir esa capacidad estatal permanente obviamente no se encuadra en un Estado reactivo que sale desesperada e improvisadamente a reasignar partidas para multiplicar operativos ocasionales frente a catástrofes que ganan espacio mediático. Significa, en cambio, construir una estructura institucional sólida, con capacidades permanentes, planificación estratégica y un despliegue territorial sostenido. Implica contar con una dirección nacional con capacidad de coordinación efectiva entre jurisdicciones, una logística integrada que permita anticipar y sostener respuestas en la escala que hoy exige la crisis, y una base técnica que garantice estándares uniformes de entrenamiento, equipamiento y procedimientos. La dimensión preventiva debe ser tan central como la respuesta: mapas de riesgo, sistemas de alerta temprana, manejo de combustibles, mantenimiento de cortafuegos y políticas de ordenamiento territorial que reduzcan la exposición y la vulnerabilidad. En definitiva, fortalecer el sistema nacional significa que el país tenga una capacidad operativa real y continua para gestionar el fuego, antes, durante y después del evento.
Un elemento clave de esa fortaleza es la profesionalización efectiva de los brigadistas. Hoy, quienes están en la primera línea del combate contra el fuego enfrentan condiciones laborales que no se corresponden con el riesgo, la exigencia técnica ni la relevancia estratégica de su tarea. Los niveles de remuneración, además de ser insuficientes, son en muchos casos vergonzosos, y se combinan con falta de estabilidad, ausencia de carrera profesional, y limitaciones en capacitación continua. Sin una fuerza de trabajo profesional, bien entrenada y adecuadamente compensada, cualquier sistema será endeble: la experiencia se pierde, la rotación crece, y la capacidad operativa se vuelve dependiente de voluntarismos y contingencias.
A esa fragilidad se suma un problema estructural en el nivel regional de intervención, el denominado nivel dos. En la práctica, la coordinación entre provincias, la logística interjurisdiccional, la articulación con bomberos locales y el sostenimiento de operativos de mediana duración presentan fallas recurrentes. Se repiten retrasos en la movilización de recursos, inconsistencias en protocolos de mando, deficiencias en el abastecimiento de combustible y repuestos, y una carencia general de sistemas de apoyo logístico que funcionen más allá de la emergencia inmediata. Ese nivel intermedio es, en realidad, el corazón operativo del sistema: si falla, el nivel nacional se sobrecarga y el nivel local se fragmenta, generando una cadena de respuesta que se quiebra justo cuando más se necesita cohesión.
En ese marco, el mayor déficit no está en la falta de voluntad o en la ausencia de recursos aislados, sino en la fragmentación y la improvisación que se vuelven crónicas. La respuesta actual se sostiene en un mosaico de iniciativas provinciales, contingencias locales y esfuerzos temporales, sin un núcleo de coordinación y de continuidad que asegure la eficacia. Y es allí donde aparece un eslabón débil particularmente significativo: la participación inorgánica de las Fuerzas Armadas. Cuando las FFAA intervienen de manera ocasional, sin una integración formal y sin roles definidos dentro del sistema, se generan múltiples problemas operativos y políticos: retrasos por falta de articulación, duplicación de tareas, diferencias en protocolos, y sobre todo una dependencia que se activa solo en situaciones de crisis, sin construir capacidades duraderas.
Esa inorgánica participación de las FFAA, aunque muchas veces bien intencionada, funciona como un parche que revela la fragilidad del sistema. No se trata de cuestionar la voluntad o el profesionalismo de sus integrantes, sino de reconocer que un modelo de respuesta basado en convocatorias extraordinarias es incompatible con la escala y la frecuencia de los incendios actuales. Para que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego sea realmente fuerte, su arquitectura debe incluir a todos los actores estratégicos de manera orgánica, con funciones claras, coordinación permanente y conducción civil. Solo así se evita que la gestión del fuego dependa de decisiones de urgencia y se construye una capacidad estatal sostenida, planificada y nacional.
El eslabón débil: la participación inorgánica de las Fuerzas Armadas
Un elemento central de una propuesta de fortalecer la capacidad estatal es integrar de manera orgánica a las Fuerzas Armadas (FFAA) al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, siempre bajo conducción civil. No se trata de militarizar la respuesta, sino de aprovechar capacidades únicas que el Estado ya posee. Las FFAA pueden aportar tres atributos clave:
1. Capacidad logística a gran escala: Ejecutar tareas como la construcción de cortafuegos a gran escala, la apertura de caminos, la instalación de bases operativas, la evacuación de poblaciones, el transporte masivo de personal y el abastecimiento en zonas remotas.
2. Medios aéreos estratégicos: Disponer de aeronaves cruciales para un ataque aéreo sostenido y coordinado.
3. Organización permanente: Contar con mando unificado, continuidad institucional y entrenamiento sistemático para operar en crisis prolongadas, garantizando una respuesta planificada y no reactiva.
La experiencia internacional, como la de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en España, demuestra que es un modelo exitoso. Aún más específico es el ejemplo del «43 Grupo del Ejército del Aire» español, una unidad de la Fuerza Aérea dedicada exclusivamente al combate de incendios, lo que ilustra una capacidad especializada, permanente y no improvisada.
Aclaraciones Importantes
Es fundamental desmitificar algunas objeciones comunes a esta propuesta:
• No es militarizar: El rol de las FFAA es complementario y de apoyo logístico, no de sustitución de los brigadistas forestales. Su actuación debe estar siempre subordinada a la conducción civil.
• No es un problema de costo: El argumento presupuestario es frágil. La reciente compra de aviones de combate F-16 demuestra que, cuando hay decisión política, los recursos aparecen. La inversión necesaria es una decisión estratégica, no financiera.
• No es una solución aislada: Esta integración debe ir en paralelo con el fortalecimiento de todo el sistema civil: mejores condiciones laborales para brigadistas, más programas de prevención, equipamiento adecuado y presupuestos ejecutados de forma completa y transparente.
La integración de todas las capacidades del Estado, junto al conocimiento comunitario, es fundamental para construir una respuesta integral y duradera.
Conclusión: una tarea colectiva e indelegable
Los Incendios de Alta Intensidad son fenómenos sistémicos que no pueden ser enfrentados ni con heroísmo individual ni con respuestas improvisadas. Exigen un Estado robusto, con planificación, medios adecuados y decisión política para actuar a escala. La comunidad es insustituible en la prevención, la organización territorial y la reconstrucción social, pero no se le puede delegar una responsabilidad que, por definición, la supera.
Si bien el análisis desarrollado en este texto se centra en la Patagonia —por la magnitud reciente de los incendios, las características de sus ecosistemas y la gravedad de los impactos territoriales—, sus principales conclusiones resultan extrapolables, con los matices necesarios, al conjunto del territorio nacional. El nuevo régimen del fuego, la creciente frecuencia de incendios de alta intensidad, la acumulación de combustible asociada a modelos productivos extractivos, la fragmentación del ordenamiento territorial y las debilidades estructurales del sistema estatal de prevención y respuesta no son fenómenos exclusivos del sur del país.
En regiones como el Litoral, el Delta del Paraná, las sierras centrales o el noroeste argentino, los incendios responden a dinámicas ecológicas distintas, pero expresan una misma lógica de fondo: la convergencia entre cambio climático, degradación ambiental y capacidades públicas insuficientes. Reconocer estas diferencias regionales no invalida el diagnóstico general; por el contrario, refuerza la necesidad de una política nacional integrada, capaz de adaptarse a la diversidad ecológica del país sin renunciar a criterios comunes de planificación, prevención y despliegue operativo.
La discusión, por lo tanto, no es “Estado o comunidad”, sino qué tipo de Estado, con qué capacidades y en qué articulación con la comunidad. Lo que está en juego no es solo la protección de paisajes emblemáticos, sino la reproducción misma de las condiciones de habitabilidad del territorio en un contexto de crisis climática. Defenderlas es una tarea colectiva, pero también una responsabilidad estatal indelegable.
[1] Galafassi, G (2026) Algunas claves de los incendios en Patagonia: entre la desidia de los gobiernos y la organización comunitaria. PAPIROS de Crítica Dialéctica
LA (RE) VERDE 