“Todos ven lo que aparentas ser, pocos sienten lo que eres.”
Maquiavelo (El Príncipe, cap. XVIII)

Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

El discurso pronunciado por Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos constituye una pieza doctrinaria de alto voltaje ideológico. No se trata simplemente de una defensa del capitalismo de libre empresa, sino de un intento sistemático de elevarlo al rango de orden moral, principio civilizatorio y destino histórico. Bajo la consigna reiterada de que “Maquiavelo ha muerto”, el Presidente argentino procura clausurar de manera definitiva el supuesto dilema entre eficiencia y justicia, identificando a los mercados desregulados no sólo como el mecanismo más productivo, sino como el único sistema éticamente legítimo.

Desde la perspectiva de la ecología política, este discurso exige un análisis riguroso. No tanto por su originalidad —sus fundamentos remiten a una tradición bien conocida del pensamiento austrolibertario— sino por las consecuencias políticas, sociales y ecológicas que se desprenden de su adopción como programa de gobierno y como narrativa con pretensión global.

El punto de partida del alegato es la declaración de la “muerte de Maquiavelo”, invocado como símbolo de la separación entre ética y política. Sin embargo, esta lectura resulta conceptualmente defectuosa. Maquiavelo no prescribe la inmoralidad: describe el funcionamiento efectivo del poder y sus tensiones con la moral. La operación discursiva consiste, en cambio, en construir un antagonista simplificado para luego reemplazarlo por una moral absoluta del mercado, presentada como natural, universal e incuestionable.

Paradójicamente, el propio discurso incurre en una lógica profundamente maquiaveliana: revestir un proyecto de poder concreto con una épica moral que lo presenta como inevitable, justo y civilizatoriamente superior. En este esquema, la moral no opera como límite del poder, sino como su principal fuente de legitimación.

Así, al proclamar que “Maquiavelo ha muerto”, Javier Milei no sólo intenta clausurar una tradición de pensamiento, sino desmarcarse de una forma de hacer política asociada al cinismo y a la instrumentalización de los valores. No obstante, una lectura atenta del discurso —y, sobre todo, de las políticas que lo acompañan— revela una paradoja difícil de eludir: mientras se denuncia el maquiavelismo, se reeditan varias de sus actitudes fundamentales bajo un ropaje moralista, más dogmático que deliberativo, más excluyente que democrático.

La primera de ellas es el uso estratégico de la ética como fuente de legitimación. Milei insiste en que sus decisiones no responden a cálculos utilitaristas, sino a principios morales absolutos. No obstante, esa ética no opera como límite del poder, sino como dispositivo de blindaje frente a cualquier objeción social, económica o ambiental. La moral deja de ser un horizonte crítico y se transforma en un lenguaje de autoridad: quien disiente no sólo se equivoca, sino que se coloca del lado de lo injusto, lo inmoral o lo civilizatoriamente decadente. Es una operación clásica: no gobernar mediante la deliberación, sino mediante la superioridad moral autoatribuida.

Esta lógica se refuerza cuando el discurso redefine de manera restrictiva el concepto de violencia. El principio de no agresión es presentado como pilar ético del orden social, pero se limita a la coacción estatal directa, excluyendo toda forma de violencia estructural. La pobreza inducida, la expulsión de comunidades, la mercantilización de bienes comunes o la destrucción de ecosistemas quedan fuera del campo moral. Desde esta perspectiva, un orden que produce daños masivos puede ser considerado justo siempre que no viole formalmente la propiedad privada. Se trata de una maniobra típicamente maquiavélica: redefinir el daño para que el propio poder nunca aparezca como responsable.

En este punto emerge una de las contradicciones más profundas del discurso: el negacionismo ambiental. No como simple omisión, sino como postura activa. La degradación ecológica, el cambio climático o la crisis de los bienes comunes no sólo son minimizados, sino directamente deslegitimados como preocupaciones “socialistas”, “woke” o anticapitalistas. La naturaleza queda reducida a insumo, la escasez a oportunidad de negocio y los límites biofísicos a interferencias ideológicas.

Aquí el maquiavelismo adquiere una forma particularmente grave. Maquiavelo enseñaba que el gobernante debía atender a la realidad efectiva de las cosas, no a cómo deberían ser. El negacionismo ambiental invierte esa máxima: se niega la realidad material cuando esta amenaza el orden económico que se busca preservar. El deterioro ecológico es desplazado del plano de lo real al de lo ideológico, permitiendo así que el poder continúe operando como si los límites no existieran. No se trata de ignorancia, sino de conveniencia política: reconocer los límites ecológicos implicaría aceptar restricciones al mercado, a la acumulación y a la expansión, algo incompatible con la moral económica que se pretende naturalizar.

Esta negación no es neutral. Al desestimar la dimensión ambiental, el discurso elimina del campo político a las generaciones futuras, a las comunidades afectadas y a los territorios degradados. El daño diferido, acumulativo y sistémico deja de ser relevante porque no encaja en la definición estrecha de agresión. Así, la ética proclamada se vuelve radicalmente ahistórica y ecológicamente ciega, una combinación que habilita decisiones de enorme impacto sin asumir responsabilidad alguna.

La moralización del conflicto político completa el cuadro. Los adversarios ya no son portadores de intereses distintos, sino enemigos de la libertad. Reguladores, ambientalistas, movimientos sociales o defensores de bienes comunes son presentados como obstáculos morales al progreso. Esta construcción del enemigo cumple una función precisa: justificar la eliminación de mediaciones institucionales y neutralizar cualquier forma de resistencia social. En nombre de la libertad, se restringe el campo de lo decible y lo pensable.

Finalmente, la subordinación de la democracia a un orden moral previo revela el núcleo más problemático del planteo. Cuando se afirma que, si la voluntad popular entra en conflicto con los principios éticos del mercado, debe descartarse aquella, la política queda reducida a mera administración de un orden ya dado. La deliberación democrática se vuelve aceptable sólo mientras no cuestione la estructura económica ni sus consecuencias sociales y ecológicas. Es, nuevamente, un gesto profundamente maquiavélico: la conservación del orden prima sobre la participación colectiva.

La mayor ironía es que este conjunto de operaciones se presenta como superación del maquiavelismo. Pero lo que se abandona no es la lógica del poder, sino su reconocimiento explícito. El poder ya no se admite como tal: se disfraza de ética, se naturaliza como derecho y se sacraliza como civilización.

En este marco, el negacionismo ambiental no es un error secundario, sino una pieza central del dispositivo. Negar los límites de la naturaleza es condición necesaria para sostener un proyecto que absolutiza el crecimiento, la eficiencia y la propiedad. Allí donde la realidad ecológica impone frenos, el discurso responde con moralización y descalificación.

Milei ha proclamado la muerte de Maquiavelo mientras revive, con una convicción inédita, su núcleo más inquietante: la naturalización del poder bajo un relato moral absoluto. Allí donde el florentino describía la crudeza de la política sin adornos, el nuevo dogma del mercado la recubre de virtud, inevitabilidad y redención. La motosierra ya no es solo un instrumento económico: es una pedagogía del orden, una ética del sacrificio ajeno, una política que se absuelve a sí misma en nombre de un futuro prometido. El problema no es que Maquiavelo haya sobrevivido; el problema es que regresa sin confesión, sin duda y sin límites, disfrazado de ética superior. Y cuando el poder se presenta como moralmente infalible, cuando se declara justo por definición y niega toda responsabilidad ecológica, social e histórica, deja de ser una opción política para convertirse en una amenaza civilizatoria. No es Maquiavelo quien debe ser enterrado. Es la pretensión de que el mercado, liberado de toda restricción, pueda reemplazar a la ética, a la política y a la naturaleza sin consecuencias.