Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (2008–2025).
Comparación entre el monto estimado que debería haberse asignado según la Ley 26.331 y el monto efectivamente incorporado en los presupuestos nacionales. Valores aproximados en miles de millones de pesos corrientes.
Por Carlos Merenson – La (Re) Verde
La discusión del Presupuesto Nacional 2026 los coloca ante una responsabilidad que excede largamente una votación contable. En sus manos no está solo la aprobación de un conjunto de partidas, sino el cumplimiento —o el incumplimiento deliberado— de una ley nacional vigente que protege uno de los patrimonios estratégicos más importantes del país: los bosques nativos argentinos.
Los bosques nativos no son un tema sectorial ni un apéndice de la agenda ambiental. Constituyen reservorios esenciales de biodiversidad, regulan el clima y el ciclo hidrológico, amortiguan eventos extremos, almacenan carbono y sostienen economías regionales, comunidades campesinas e indígenas. Su degradación no es una abstracción ecológica: tiene consecuencias directas sobre la seguridad hídrica, alimentaria, territorial y social de la Argentina.
Con ese diagnóstico, en 2007 el Congreso sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esa ley no se limitó a establecer prohibiciones: diseñó una arquitectura institucional y financiera precisa, partiendo de una premisa clara y realista. Sin financiamiento suficiente y estable, no hay política de conservación posible.
El Fondo Nacional y el mandato legal
El corazón financiero de la ley es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Su integración no quedó librada a la discrecionalidad política ni a la disponibilidad coyuntural de recursos. La ley estableció dos fuentes obligatorias y acumulativas:
- Al menos el 0,3 % del Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio.
- El 2 % del total de las retenciones a las exportaciones de productos del sector agrícola, ganadero y forestal, calculado sobre lo efectivamente recaudado el año anterior.
No se trata de criterios orientativos ni de metas aspiracionales. Son mandatos legales explícitos, aprobados por el propio Congreso y plenamente vigentes. El diseño responde a una lógica elemental de justicia ambiental y fiscal: vincular la financiación de la conservación con la magnitud de las actividades económicas que históricamente ejercen mayor presión sobre los bosques nativos.
Cuánto debería recibir el Fondo en 2026
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2026 prevé un gasto total del orden de 148 billones de pesos. Aplicar el piso legal del 0,3 % implica destinar aproximadamente 444.000 millones de pesos al Fondo.
A ello debe sumarse el segundo componente obligatorio: el 2 % de las retenciones a las exportaciones recaudadas durante 2025, que —tomando una estimación prudente— ronda los 155.000 millones de pesos.
En consecuencia, el monto mínimo legal que debería integrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos en 2026 asciende a unos 599.000 millones de pesos.
Este número no surge de una demanda sectorial ni de una interpretación extensiva. Surge de aplicar, de manera literal y mecánica, una ley vigente.
Lo que el Presupuesto realmente asigna
El proyecto de Presupuesto 2026 actualmente en tratamiento asigna al Fondo una partida de aproximadamente 15.800 millones de pesos, complementada con unos 1.600 millones en programas asociados. En total, menos de 18.000 millones de pesos.
La comparación es insoslayable:
- Monto exigido por la Ley 26.331: ~599.000 millones de pesos.
- Monto previsto en el Presupuesto 2026: ~18.000 millones de pesos.
Esto representa menos del 3 % del financiamiento mínimo legal. No estamos ante un error técnico ni un desajuste menor, sino ante un vaciamiento estructural y deliberado de la política nacional de bosques nativos.
El incumplimiento a lo largo del tiempo: continuidad estructural y ruptura ideológica
El gráfico que acompaña este artículo muestra la evolución comparada del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos desde 2008 hasta la actualidad. En él se contraponen dos magnitudes: el monto que debería haberse asignado conforme a la Ley 26.331 y el monto efectivamente incorporado año tras año en los presupuestos nacionales.
La lectura es inequívoca. La brecha entre ambos valores es persistente y creciente. El Fondo fue sistemáticamente subfinanciado por sucesivos gobiernos, con independencia de su signo político. Este dato, sin embargo, no atenúa la gravedad del presente: la agrava, porque revela que el incumplimiento no ha sido episódico ni accidental, sino estructural.
Ese incumplimiento sostenido no es casual. Responde a una racionalidad productivista común que atravesó a gobiernos muy distintos entre sí: desde el neoliberalismo explícito de Juntos por el Cambio hasta el progresismo neoextractivista de los gobiernos anteriores. En todos los casos, más allá de matices discursivos, la protección de los bosques nativos quedó subordinada a un modelo de desarrollo basado en la expansión de la frontera agropecuaria, la primarización exportadora y la captura de rentas de corto plazo. El Fondo fue tolerado como figura legal, pero nunca asumido como una prioridad fiscal real.
Durante ese largo período, sin embargo, el incumplimiento convivió con una tensión política e institucional: la ley seguía siendo reconocida como válida, el piso legal como un horizonte normativo, y el subfinanciamiento aparecía —al menos formalmente— como una falla a corregir, una deuda pendiente, una contradicción no resuelta entre el discurso ambiental y la práctica presupuestaria.
Lo que ocurre hoy es distinto. La diferencia es cualitativa, no solo cuantitativa.
El gráfico muestra una continuidad que no debe leerse como atenuante, sino como agravante. Pero el presente introduce una ruptura decisiva: por primera vez, el incumplimiento deja de ser una disfunción del sistema político para convertirse en una decisión ideológica explícita. El Presupuesto 2026 no reconoce la brecha como un problema ni propone sendero alguno de recomposición progresiva; la consolida. Allí donde antes había tensión entre la ley y su ejecución, hoy hay renuncia. Ya no se trata de una norma incumplida por omisión, sino de una norma vacía de sentido por decisión presupuestaria deliberada.
Este giro no es técnico ni coyuntural. Es profundamente político. El actual gobierno anarcocapitalista no solo incumple la Ley de Bosques: niega el fundamento mismo de la política ambiental. Desde una concepción abiertamente negacionista, sostiene que el Estado no debe intervenir en la protección de los bienes comunes y que es el mercado —y solo el mercado— el que debe resolver todos los conflictos, incluida la pérdida de los bosques nativos.
Llevada a su lógica extrema, esta posición implica algo muy concreto: si el mercado conduce a la desaparición total de los bosques nativos, entonces así debe ser. No hay allí contradicción, ni tensión, ni dilema moral. Hay coherencia ideológica. En ese marco, el subfinanciamiento del Fondo deja de ser una anomalía y se convierte en una consecuencia lógica.
Por eso, el Presupuesto 2026 no es un presupuesto más. Es el momento en que una larga historia de incumplimientos estructurales se transforma en una política explícita de desmantelamiento. El Congreso ya no enfrenta solo la repetición de una mala práctica heredada, sino la institucionalización consciente del vaciamiento ambiental. Esa es la diferencia condenable del presente. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy está en juego.
Consecuencias concretas
Aprobar este presupuesto implica:
- Provincias sin recursos reales para implementar los ordenamientos territoriales, controlar desmontes ilegales ni promover alternativas productivas sostenibles.
- Titulares de tierras que conservan bosques sin compensaciones adecuadas por los servicios ambientales que prestan.
- Institucionalidad federal vaciada de contenido.
- Debilitamiento extremo de la capacidad estatal para frenar la deforestación en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad.
En los hechos, el presupuesto expresa una decisión política inequívoca: no cumplir la Ley de Bosques.
El argumento fiscal no resiste análisis
Expresado en dólares, el piso legal del Fondo —unos 600.000 millones de pesos— equivale hoy a aproximadamente 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esa cifra es menor que el costo anual de los intereses pagados para sostener instrumentos financieros de corto plazo, inferior a lo que el Estado resigna en beneficios fiscales a grandes exportadores, y comparable al gasto en comunicación oficial.
Proteger todos los bosques nativos del país cuesta menos que muchas de las decisiones fiscales que se aprueban sin debate. El problema no es la falta de recursos: es la jerarquía de prioridades.
Conclusión: una responsabilidad indelegable
Señoras y señores legisladores: aprobar un presupuesto que asigna menos del 3 % de lo que exige la Ley 26.331 no es una omisión involuntaria. Es una decisión política consciente que vacía una política pública estratégica y erosiona el propio concepto de presupuesto mínimo ambiental.
Si una ley de este tipo puede ser incumplida sistemáticamente por el propio Estado, ninguna ley ambiental está a salvo. Persistir en esta lógica no es continuidad: es consolidación del daño.
No es austeridad.
No es realismo fiscal.
Es extractivismo fiscal y ambiental institucionalizado, ahora con aval parlamentario.
LA (RE) VERDE 