El debate en torno a la modificación de la Ley de Glaciares no es un asunto técnico ni sectorial: compromete uno de los núcleos más sensibles del derecho ambiental argentino y del propio pacto constitucional. Lo que está en juego no es sólo una norma específica, sino el sentido mismo de los presupuestos mínimos de protección ambiental, la relación entre Nación y provincias y, en última instancia, la prioridad política que se asigna al agua como bien estratégico y condición material de la vida.

En este contexto, reproducimos el artículo de Maristella Svampa y Enrique Viale publicado en Perfil, que ofrece una lectura clara y fundada sobre el carácter regresivo de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. El texto no se limita a señalar riesgos ambientales: expone cómo, bajo el lenguaje de la “simplificación” y la “seguridad jurídica”, se intenta desarmar un andamiaje normativo construido precisamente para evitar que intereses extractivos coyunturales se impongan sobre bienes comunes irreversibles.

La (re) Verde considera imprescindible amplificar este tipo de intervenciones en un momento en que la degradación normativa avanza de manera acelerada y muchas veces opaca. Defender la Ley de Glaciares no es defender un obstáculo al desarrollo, sino sostener una idea de desarrollo compatible con los límites ecosistémicos, la justicia intergeneracional y el mandato constitucional de no retroceder en materia ambiental. Este artículo contribuye, con rigor y claridad, a ese debate que hoy resulta ineludible.

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