Por Carlos Merenson – La (Re) Verde

La reciente firma del marco para un Acuerdo Comercial y de Inversiones entre Estados Unidos y la Argentina vuelve a poner sobre la mesa un conjunto de preguntas que, lejos de ser técnicas o menores, tocan el núcleo de nuestra soberanía, nuestra democracia y la integridad ecológica de los territorios. La velocidad con la que se anuncian ciertas medidas, sumada a la falta de información pública y la total ausencia de debate social, profundizan la problemática en torno a los procesos de toma de decisiones estratégicas. Esta dinámica evidencia una reconfiguración donde se priorizan intereses particulares, relegando la deliberación democrática y la participación colectiva.

Desde una mirada ecologista, lo que emerge con más nitidez no es lo que el Gobierno dijo, sino lo que eligió no decir.

Impactos ambientales: la gran caja negra

El acuerdo fue presentado como un paso hacia la “integración global”, pero no se explicó qué evaluaciones de impacto ambiental estratégico se realizaron antes de suscribirlo. La historia latinoamericana muestra que cada ciclo de apertura irrestricta estuvo acompañado por una ampliación de las fronteras extractivas y por un aumento de la presión sobre los bienes comunes: glaciares, bosques, humedales, cuencas hídricas, suelos y territorios indígenas.

Sin estudios públicos, sin participación, sin diagnósticos independientes, resulta imposible saber si el acuerdo está diseñado para fortalecer una transición ecológica o para profundizar la regresión ambiental que el país viene experimentando.

Los recursos naturales en el centro del tablero

La pregunta que sobrevuela es simple: ¿qué puertas abre este acuerdo para el acceso de corporaciones estadounidenses a recursos estratégicos como litio, hidrocarburos, biodiversidad, agua y suelos?

En un contexto de redefiniciones regulatorias —como el intento de modificar la Ley de Glaciares y la delimitación de áreas periglaciares— la coincidencia temporal es demasiado evidente. ¿Se negocian modificaciones normativas para facilitar inversiones? ¿Qué margen real queda para proteger bienes comunes frente a tribunales internacionales que históricamente han fallado a favor de las empresas transnacionales?

Estas decisiones no solo condicionan la soberanía regulatoria: también definen el metabolismo material del país para las próximas décadas.

La desregulación como horizonte

Aunque la letra completa del acuerdo permanece oculta, las señales públicas del Gobierno apuntan a un proceso de desregulación profunda. El riesgo es conocido: una ‘armonización regulatoria’ que, lejos de elevar estándares, históricamente ha significado su debilitamiento en nombre de la competitividad.

El discurso oficial promete inversiones y empleo, pero se silencia la dependencia estructural que genera un modelo basado en commodities de bajo valor agregado, alta energía y enorme huella ecológica. Una vez más, la reprimarización aparece disfrazada de modernización.

Comunidades y territorios: los silencios más elocuentes

En ningún momento se informó si se consultó a los pueblos indígenas, tal como obliga el marco internacional vigente, ni qué mecanismos de participación ciudadana se activaron antes o después del anuncio.

Las experiencias extractivas de las últimas décadas muestran que son siempre los mismos territorios los que pagan el costo: los que proveen agua, alimentos, minerales y energía; los que sostienen ecosistemas vitales para el país; los que quedan marcados por pasivos ambientales que nadie remedia.

Sin participación, no hay legitimidad. Y sin legitimidad, cualquier promesa de desarrollo se sostiene en el vacío.

Energía, clima y un rumbo que contradice la transición

El Gobierno no informó si evaluó cómo afectará el acuerdo las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero ni si es compatible con los compromisos climáticos asumidos internacionalmente. La pregunta no es menor: si el acuerdo estimula la expansión del fracking, los hidrocarburos o nuevas infraestructuras fósiles, el país se aleja aún más de una transición energética justa.

La economía global avanza hacia un escenario de límites ecológicos cada vez más estrictos. Apostar al camino contrario solo agranda la dependencia y posterga los cambios necesarios.

La opacidad como política de Estado

Quizás el interrogante más grave es el que atraviesa a todos los demás: ¿por qué el Gobierno decidió negociar un acuerdo de esta magnitud sin abrir la información a la ciudadanía, sin convocar a universidades públicas, sin consultar a especialistas ni organizaciones ambientales?

La falta de transparencia no es un detalle administrativo, sino un método que erosiona el control democrático y habilita decisiones que comprometen el futuro del país por décadas.

Una pregunta de fondo

En tiempos de crisis climática, colapso de biodiversidad y desigualdad estructural, ¿puede un acuerdo comercial diseñado por y para los grandes centros de poder ofrecer un camino real de bienestar para la Argentina?

La ecología política nos recuerda que no hay desarrollo posible sobre territorios degradados, comunidades vulneradas y ecosistemas agotados. Lo que está en juego no es un paquete de inversiones, sino la arquitectura misma del futuro.

En este punto de la historia, insistir en el viejo mandato productivista global no es realismo: es negación. Los acuerdos comerciales no son neutrales: suelen reforzar la arquitectura que ya conocemos —deuda, ajuste, extractivismo— bajo nuevas etiquetas. Y la negación, como siempre, solo beneficia a quienes lucran con el despojo.

Hoy más que nunca, las preguntas que quedan en el aire requieren respuestas públicas, completas y verificables. La sociedad tiene derecho a saber. Y el Gobierno, la obligación de informar.

Resumen de los interrogantes que requieren pronta respuesta

1. Sobre impactos ambientales directos del acuerdo

  • ¿Qué evaluaciones de impacto ambiental estratégico se realizaron antes de suscribir el marco del acuerdo?
  • ¿Existen estudios específicos sobre impactos en biodiversidad, cuencas hídricas, territorios indígenas y áreas protegidas vinculados a la expansión de actividades extractivas o logísticas asociadas al acuerdo?
  • ¿Qué mecanismos de monitoreo se prevén para detectar y prevenir daños ambientales transfronterizos?

2. Sobre recursos naturales y soberanía

  • ¿Qué disposiciones del acuerdo habilitan o condicionan el acceso de empresas estadounidenses a recursos naturales estratégicos (litio, hidrocarburos, biodiversidad, glaciares, aguas subterráneas, suelos agrícolas)?
  • ¿Cuál es el estatus de la Ley de Glaciares dentro de la letra y el alcance del acuerdo? ¿Se promovieron modificaciones regulatorias (por ejemplo, redefinición de áreas periglaciares) para facilitar inversiones?
  • ¿Cómo se resguarda la soberanía nacional sobre los bienes comunes frente a tribunales arbitrales inversionista-Estado?

3. Sobre estándares ambientales y desregulación

  • ¿Se incorporaron cláusulas que supediten la legislación ambiental nacional a exigencias de “armonización regulatoria” o “no obstáculo al comercio e inversiones”?
  • ¿Qué compromisos de desregulación o flexibilización normativa se asumieron en materia minera, hidrocarburífera, agroindustrial o energética?
  • ¿Se evaluó el riesgo de una “carrera hacia abajo” en normas ambientales para atraer capital?

4. Sobre derechos de comunidades y territorios

  • ¿Se consultó a pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT respecto a posibles impactos en sus territorios?
  • ¿Qué procedimientos de participación ciudadana se activaron (audiencias públicas, consultas, acceso a información) antes y después de la firma?
  • ¿Cómo se garantiza que los beneficios económicos del acuerdo no se produzcan a costa de la integridad territorial, cultural y ecológica de comunidades rurales y periurbanas?

5. Sobre efectos climáticos y energéticos

  • ¿Qué evaluación se realizó sobre el impacto del acuerdo en las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero?
  • ¿El marco del acuerdo es compatible con las metas climáticas asumidas en el Acuerdo de París y en la NDC de Argentina?
  • ¿Se prevé que el acuerdo incentive la expansión de combustibles fósiles, fracking o infraestructura vinculada, y bajo qué análisis de transición energética se sustenta?

6. Sobre transparencia y negociación

  • ¿Qué organismos participaron en la negociación del acuerdo y qué criterios ambientales se incluyeron en su mandato?
  • ¿Por qué razones no se realizaron consultas previas con universidades públicas, organismos técnicos, organizaciones ecologistas y especialistas en derecho ambiental y soberanía energética?
  • ¿Cuáles fueron los documentos intercambiados con el gobierno de Estados Unidos y por qué aún no se encuentran disponibles en el portal de acceso a la información pública?

7. Sobre efectos económicos-ambientales

  • ¿Qué análisis se efectuó sobre la relación entre apertura irrestricta, reprimarización y mayor presión extractiva sobre territorios?
  • ¿Se evaluó el impacto del acuerdo en términos de huella ecológica, balanza material y degradación de ecosistemas?
  • ¿Qué escenarios de riesgo se contemplaron sobre endeudamiento ambiental, pasivos ambientales y litigios internacionales derivados de daños ecológicos?

8. Sobre cumplimiento de compromisos internacionales

  • ¿Cómo se garantiza que el acuerdo no contraviene los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental?
  • ¿Qué compatibilidad se verificó con el Acuerdo de Escazú, en particular en materia de acceso a información, participación pública y justicia ambiental?
  • ¿El Poder Ejecutivo evaluó posibles conflictos entre los derechos constitucionales a un ambiente sano y las cláusulas del acuerdo comercial?