Ilustración de Pawel Kuczynski

Carlos Merenson

La Ecología Política no puede permanecer ajena a la cuestión de la corrupción estructural, el narcotráfico y su creciente vínculo con el financiamiento político. Estos fenómenos no son hechos aislados, sino manifestaciones de un modelo social, económico y cultural que prioriza la maximización de la ganancia en el corto plazo por encima de la justicia, la democracia y el bien común.

La corrupción es un mecanismo de apropiación privada de lo público que erosiona la confianza ciudadana, debilita las instituciones y degrada la vida democrática. En contextos de desigualdad y concentración del poder económico, la corrupción se vuelve sistémica: no solo se trata de coimas o favores, sino de un entramado donde elites políticas, empresariales y, en algunos casos, criminales, colonizan al Estado para ponerlo al servicio de intereses particulares.

El narcotráfico, en este escenario, actúa como un actor económico globalizado que reproduce la lógica extractivista: captura territorios, impone violencia, destruye comunidades y corroe los tejidos sociales. Cuando sus recursos penetran en la política, financian candidaturas y partidos, terminan por distorsionar el juego democrático e hipotecar la soberanía popular.

En este contexto, asistimos hoy al desarrollo de coartadas retóricas, de trucos semánticos que pretenden instalar la idea de considerar a la corrupción solamente como aquel accionar de un funcionario que malversa fondos públicos o que perjudica las arcas públicas. Se trata de un intento de restringir la definición de “corrupción” a lo estatal, con el objeto de encubrir la dimensión privada de la corrupción, vinculada al poder corporativo, al lobby y al narcotráfico.

El ecologismo responde con claridad: la corrupción no se limita al Estado. Existen múltiples formas de corrupción en el ámbito privado cuando empresas, lobbies o redes ilegales compran influencia política, financian campañas o capturan regulaciones para beneficio propio. Negar esa realidad es encubrir a los responsables y dejar abiertas las puertas a la impunidad.

Los Verdes globales han advertido con razón que las democracias modernas también sufren formas menos visibles, pero igualmente dañinas de corrupción: la concentración mediática que restringe la pluralidad, el financiamiento privado de campañas que favorece a los grandes partidos y el diseño de sistemas electorales que dificultan la emergencia de alternativas. En todos los casos, el resultado es el mismo: la ciudadanía pierde poder de decisión y aumenta la brecha entre gobernantes y gobernados.

El ecologismo sostiene que no habrá democracia real ni justicia socioambiental sin transparencia, sin control ciudadano y sin erradicar las fuentes de financiamiento oscuro en la política. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico debe ir de la mano de:

  • Democracia participativa y comunitaria: fortalecer los mecanismos de control social, presupuestos participativos, consultas vinculantes y auditorías ciudadanas.
  • Transparencia radical: garantizar acceso público y digital a la información sobre licitaciones, subsidios, contrataciones y financiamiento político.
  • Desmantelamiento de las economías ilegales y mafiosas: políticas integrales que aborden tanto la oferta como la demanda, con enfoque en derechos humanos, justicia social y reconstrucción de comunidades vulnerables.
  • Regulación y democratización de medios de comunicación: evitar la concentración monopólica y abrir espacios a voces alternativas.
  • Financiamiento democrático de la política: establecer reglas claras que limiten las donaciones privadas y fortalezcan mecanismos públicos de financiamiento con control ciudadano.

La corrupción y el narcotráfico no son un problema separado de la crisis ecológica, sino que forman parte de un mismo sistema de poder que depreda territorios, naturaliza la violencia y degrada la vida. El ecologismo plantea, por tanto, una transformación integral: una política transparente y orientada al bien común, donde la democracia se regenere desde abajo, con la fuerza de las comunidades, los pueblos y la ciudadanía organizada.