Carlos Merenson
TABLA DE CONTENIDOS
1. Introducción: Una Oportunidad Histórica en Tiempos de Crisis
2. Diagnóstico de una Crisis Recurrente: El Fracaso de los Modelos del Pasado
Los Límites del Progresismo Neoextractivista
3. Hacia un Nuevo Paradigma: La Macroeconomía para la Transición Ecosocial
Principios Rectores de la Transición
Subordinación de Herramientas a Objetivos Ecosociales
4. Ejes de Acción del Plan Horizonte Ecosocial
Eje I: Estabilización con Justicia Social
Eje II: Rediseño del Modelo Económico
Eje III: Transformación de los Sectores Productivos
Eje IV: El Cambio Cultural y Democrático
6. La Estrategia Político-Comunitaria
Principios Éticos y Rectores de la Acción
Estrategias Operativas Integradas
7. Redefiniendo el Progreso: Conclusión y Llamamiento a la Acción Colectiva
La Crítica a las Métricas Tradicionales
Invitación a la Construcción Colectiva
RESUMEN
Se presenta un exhaustivo plan denominado: «PLAN HORIZONTE ECOSOCIAL para una Transición Justa en Argentina», desarrollado para desafiar los modelos neoliberales de ajuste como así también los del progresismo neoextractivista. El plan diagnostica las crisis recurrentes y propone un nuevo paradigma de macroeconomía para la transición ecosocial, que subordina las herramientas económicas convencionales a objetivos de justicia social y sostenibilidad ambiental.
Los cuatro ejes de acción detallan estrategias concretas para la estabilización económica con justicia social, el rediseño del modelo fiscal y monetario, la transformación de sectores productivos (energía y alimentación), y el cambio cultural y democrático.
La propuesta enfatiza que la viabilidad del proyecto depende de una estrategia político-comunitaria. Finalmente, hace un llamamiento a los sectores comprometidos con la vida, la justicia y la sostenibilidad para interactuar en los necesarios debates que permitan convertir estas ideas preliminares en una verdadera alternativa política.
1. Introducción: Una Oportunidad Histórica en Tiempos de Crisis
El Plan Horizonte Ecosocial no se presenta como un programa cerrado ni como una receta definitiva para el país. Su propósito fundamental es contribuir al necesario y urgente debate dentro del ecologismo y las corrientes nacionales y populares, aportando ideas, estrategias y herramientas para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, sostenible y convivencial. Es un instrumento de diálogo y articulación que pone sobre la mesa propuestas concretas para forjar un futuro compartido.
La historia reciente demuestra que las crisis profundas abren espacios para que propuestas que antes parecían utópicas se tornen viables. Lo que en un momento era impensable puede convertirse en una realidad tangible. Como advertía el pensador Iván Illich (1978), en los momentos de colapso se abren oportunidades para corrientes de pensamiento que hasta entonces habían sido sofocadas:
…el estruendo del derrumbamiento obnubilará las mentes y debilitará el control, desorientando a los controladores y abriendo así las puertas a grupos sociales y corrientes de pensamiento sofocados hasta ahora…
Este «campo verde y plural» desde el cual debe orientarse la acción política agrupa a una diversidad de actores que hoy deben converger:
• El ecologismo, en sus diversas expresiones.
• El ambientalismo reformista presente en numerosas Organizaciones No Gubernamentales.
• Organizaciones defensoras de los derechos humanos.
• Corrientes progresistas.
• Movimientos nacionales y populares.
• Grupos que levantan los valores y principios de la Carta Encíclica Laudato si’.
Desde esta confluencia, se persiguen dos objetivos fundamentales. Por un lado, una sociabilidad convivencial, basada en la cooperación, el respeto y la solidaridad. Por otro, un desarrollo verdaderamente sostenible, que integra de manera inseparable la equidad social, la suficiencia ecológica y la resiliencia frente a las crisis económicas, ambientales y sociales.
Para construir este futuro, es indispensable comprender primero con claridad las raíces de las crisis recurrentes que han afectado a Argentina y el fracaso de los modelos que nos han traído hasta aquí.
2. Diagnóstico de una Crisis Recurrente: El Fracaso de los Modelos del Pasado
Un análisis crítico de la historia económica argentina de las últimas cinco décadas revela un ciclo de fracasos que exige un cambio de paradigma. Comprender por qué tanto los modelos de ajuste neoliberal como los progresistas neoextractivistas han demostrado ser callejones sin salida es el fundamento estratégico para justificar la necesidad de una alternativa genuina. Lejos de proponer nuevas versiones de recetas fallidas, este plan parte de un diagnóstico riguroso de sus limitaciones estructurales.
El Ciclo del Ajuste Ortodoxo
Desde la última dictadura cívico-militar, Argentina ha sido sometida a una serie de planes de ajuste ortodoxos que, bajo la promesa de estabilidad y modernización, han profundizado la dependencia, la desigualdad y la fragilidad social. Aunque implementados bajo distintos regímenes políticos, los resultados han sido consistentemente negativos.
| Período/Gobierno | Consecuencias Clave |
| Martínez de Hoz (1976-1981) | Apertura financiera y endeudamiento bajo terrorismo de Estado. Destrucción del aparato industrial y explosión de la deuda. |
| Plan Austral y Primavera (1985-1989) | Intentos de estabilización ortodoxa que desembocaron en hiperinflación y colapso social. |
| Convertibilidad de Cavallo (1991-2001) | Crecimiento ficticio basado en privatizaciones y endeudamiento masivo. Terminó en la crisis del 2001 con 50% de pobreza. |
| Macri (2015-2019) | Apertura indiscriminada, retorno al FMI, toma récord de deuda y fuga masiva de capitales. |
| Milei (2023-…) | Ajuste «a la motosierra» con licuación de salarios y jubilaciones, megadevaluación y una brutal recesión. |
Los Límites del Progresismo Neoextractivista
Aunque el modelo progresista (2003-2015) entregó ganancias sociales cruciales a corto plazo, su fundamento en el neoextractivismo creó una vulnerabilidad estructural que en última instancia lo hizo insostenible. Si bien logró avances importantes como la reducción de la pobreza, la expansión del consumo y una mejora en la distribución del ingreso, lo hizo al costo de profundizar la dependencia de los commodities. Al sostenerse en la renta extraordinaria de la soja y la explotación de hidrocarburos, este modelo exacerbó los conflictos socioambientales. Como advierten analistas como Eduardo Gudynas y Joan Martínez Alier, el neoextractivismo progresista se convirtió en un «desarrollo insostenible»: permitió financiar políticas redistributivas, pero bloqueó la transición hacia una matriz productiva diversificada y demostró su fragilidad ante la caída de los precios internacionales.
La Doble Lección Argentina
La experiencia histórica de Argentina ofrece una doble lección contundente: ni el ajuste neoliberal ni el progresismo neoextractivista ofrecen una salida viable y duradera. El pensador Karl Polanyi advirtió que los intentos de subordinar la sociedad a la lógica del mercado conducen a la desintegración social. A esto podemos añadir que la subordinación de la naturaleza a la lógica rentista condena al país a una dependencia sin futuro y a la devastación de sus territorios.
Ante este doble fracaso, la construcción de un tercer camino que integre de manera coherente la justicia social y la sostenibilidad ecológica no es una opción más, sino una urgencia histórica.
3. Hacia un Nuevo Paradigma: La Macroeconomía para la Transición Ecosocial
En respuesta a los fracasos históricos, el Plan Horizonte Ecosocial propone la «macroeconomía para la transición», el pilar estratégico y teórico que resuelve las contradicciones diagnosticadas previamente. Esta aproximación no busca repetir falsos dilemas, sino abrir un tercer camino que articule la estabilización en el corto plazo con una transformación estructural a largo plazo. Se trata de un modelo híbrido y pragmático, diseñado para enfrentar los desafíos de un país en crisis sin sacrificar su futuro social y ambiental.
La Convergencia Pragmática
Este modelo integra, por un lado, herramientas de la economía neoclásica indispensables para la estabilización, como la búsqueda del equilibrio fiscal y el control de la inflación. Por otro lado, subordina estas herramientas a un marco superador proveniente de la economía ecológica, que reconoce que la actividad económica depende de los límites biofísicos del planeta. Esta convergencia no es una síntesis armónica, sino un pragmatismo orientado por principios ecosociales. Se trata de utilizar el instrumental convencional como un medio para alcanzar un fin superior: una transición justa y sostenible.
Principios Rectores de la Transición
Este nuevo modelo redefine la relación entre economía y naturaleza a partir de tres principios fundamentales que rompen con la lógica productivista tradicional:
1. La naturaleza no es un factor secundario de producción, sino el recipiente que provee los recursos y sostiene toda la vida y actividad económica.
2. La disponibilidad de los componentes de la biosfera y los equilibrios ecosistémicos son el principal factor limitante de la economía. Carecen de sustitutos y su valor no puede ser capturado por el mercado convencional.
3. El productivismo y el consumismo son las causas primarias de la degradación y pérdida del patrimonio natural.
Subordinación de Herramientas a Objetivos Ecosociales
Bajo la brújula de la transición ecosocial, las medidas económicas convencionales se reorientan para servir a nuevos propósitos:
• Disciplina fiscal: Se alcanza no mediante la reducción de derechos sociales, sino a través de la reorientación de subsidios, la imposición de gravámenes a la renta extraordinaria y la lucha contra la fuga de capitales.
• Ordenamiento monetario: Su objetivo no es facilitar la especulación financiera, sino canalizar recursos para financiar una transición energética, tecnológica y laboral justa.
• Comercio exterior: Se busca superar la dependencia del extractivismo sin límites, diversificando la matriz exportadora en clave ecológica y con un enfoque de soberanía alimentaria.
Contexto de Riesgos Globales
Estos riesgos globales no son amenazas distantes, sino restricciones estructurales inmediatas que vuelven obsoletos los modelos productivistas tradicionales. El cambio climático, el cenit del petróleo, la contracción de la economía mundial y las crecientes tensiones geopolíticas configuran un escenario de fragilidad sistémica. Nuestro paradigma no es, por tanto, una mera elección ética, sino una respuesta pragmática a un panorama global frágil e impredecible.
Inspirado en profundas tradiciones éticas y políticas argentinas, este marco teórico da paso a un conjunto de medidas prácticas diseñadas para construir un país más resiliente, justo y soberano.
4. Ejes de Acción del Plan Horizonte Ecosocial
Esta sección constituye el núcleo operativo del Plan, detallando las propuestas concretas para una transformación integral. Estas medidas no surgen del vacío, sino que se fundamentan en una confluencia de tradiciones políticas y éticas profundamente arraigadas en Argentina.
Fundamentos Éticos y Políticos
El Plan encuentra su inspiración en la Ecología Política como cosmovisión, ideología y teoría crítica. Dentro de este marco, se enraíza en dos tradiciones que le otorgan un horizonte ético y político robusto y específico para el contexto argentino:
1. El legado de Juan Domingo Perón: Su énfasis en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, así como la centralidad de la comunidad organizada y la defensa de los recursos nacionales, son antecedentes fundamentales para una transición que combine producción, dignidad y sostenibilidad.
2. La «ecología integral» del Papa Francisco: En su encíclica Laudato si’, Francisco articula la defensa de los pobres con el cuidado de la «casa común», subrayando que no hay justicia social sin justicia ambiental. Su llamado a superar la «cultura del descarte» resuena con los principios de este plan.
La confluencia de estas tradiciones ofrece una base sólida para legitimar las propuestas, uniendo la soberanía nacional con el cuidado de los bienes comunes.
El Plan Horizonte Ecosocial se organiza en cuatro ejes estratégicos, buscando abordar de manera simultánea los desafíos económicos, sociales, ecológicos y culturales del país.
Los cuatro ejes son los siguientes:
Eje I: Estabilización con Justicia Social
Protección de jubilados y sectores vulnerables
La crisis social y económica golpea con especial dureza a los jubilados y a los hogares más pobres, que han visto deteriorarse drásticamente sus ingresos en relación con la inflación y el aumento de los bienes básicos. Por ello, se plantea:
- Actualización inmediata de jubilaciones y pensiones, recuperando las pérdidas acumuladas por los sucesivos ajustes y restituyendo el poder adquisitivo frente a la canasta básica. Esto no debe ser visto como un gasto, sino como una medida de justicia social y dinamización del consumo interno.
- Complemento de renta mínima para trabajadores informales, monotributistas sociales y familias vulnerables, garantizando un piso de ingresos que permita la satisfacción de necesidades básicas mientras se avanza en la generación de empleo sostenible.
- Subsidios focalizados en alimentos, medicamentos y servicios básicos, de modo de evitar que los hogares más expuestos caigan en situaciones de inseguridad alimentaria y privación energética.
- Suspensión temporal de tarifas críticas (luz, gas, transporte) para jubilados y hogares vulnerables, como herramienta inmediata de alivio económico hasta que se implementen reformas estructurales.
Reactivación económica inmediata
La salida de la recesión no puede apoyarse en un rebote del consumo depredador ni en un nuevo ciclo de endeudamiento, sino en una estrategia de estímulo a la economía real y al empleo verde. Por ello se propone:
- Programas de empleo público verde, orientados a la restauración urbana (espacios verdes, arbolado, viviendas sociales sostenibles), eficiencia energética en edificios, reciclaje de residuos, y expansión de la agricultura urbana y periurbana. Estos programas combinan la creación de puestos de trabajo inmediatos con beneficios ambientales y sociales de largo plazo.
- Microcréditos y apoyo técnico a cooperativas locales, para fomentar la producción y el autoempleo en actividades de bajo impacto ambiental, reduciendo la dependencia del asistencialismo y promoviendo la autogestión comunitaria.
- Incentivos fiscales temporales para PYMES sostenibles, en sectores como energías renovables, producción agroecológica, tecnologías apropiadas y servicios de reparación y reutilización. De esta forma se protege el tejido productivo local mientras se lo orienta hacia la transición ecológica.
- Bonos de consumo dirigidos a productos locales, orgánicos y de bajo impacto ambiental, estimulando simultáneamente la demanda y la reconversión productiva, y reduciendo la dependencia de importaciones innecesarias.
Gestión Soberana de la Deuda Externa
La deuda externa constituye una de las principales restricciones estructurales para el desarrollo sostenible en Argentina. La carga financiera sobre el Estado limita la inversión en políticas sociales, infraestructura verde y transición energética. Por ello, la gestión de la deuda debe articularse con criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica, priorizando los derechos de la población y los límites ecológicos del país.
- Auditoría ciudadana de la deuda externa: Se realizará un proceso de auditoría integral y transparente de toda la deuda externa ya contraída, con participación de organizaciones sociales, académicos y representantes de comunidades afectadas. Esta auditoría tendrá como objetivo determinar qué compromisos financieros son ilegítimos o injustos, ya sea por violar la soberanía, por usura o por haberse contraído sin consulta y participación democrática.
- Desconocimiento de deuda externa ilegítima: Las deudas declaradas ilegítimas por la auditoría no serán reconocidas ni pagadas. Esta medida protege los recursos del país y las generaciones futuras, evitando que los compromisos financieros externos perpetúen la desigualdad social o el daño ambiental.
- Renegociación priorizando inversión ecosocial: La renegociación de los compromisos reconocidos como legítimos debe orientarse a liberar recursos para financiar energías limpias, empleo verde, restauración de ecosistemas y soberanía alimentaria, asegurando que cada decisión financiera respalde la transición ecosocial y no intereses especulativos externos.
- Redirección de recursos hacia infraestructura verde y empleos sostenibles: Los pagos y compromisos que se mantengan deben vincularse a proyectos que generen beneficios ecológicos y sociales duraderos, evitando que el servicio de la deuda financie actividades extractivistas o contaminantes.
- Transparencia y control social: Toda negociación debe estar sujeta a auditoría ciudadana continua, con pleno acceso público a la información y mecanismos de control social, asegurando que las decisiones sean participativas y legítimas.
- Articulación con reformas fiscales y monetarias progresivas: La gestión de la deuda debe complementarse con un sistema tributario equitativo y una política monetaria orientada al financiamiento de la transición ecosocial, evitando que los recursos públicos se desvíen hacia intereses financieros privados.
Eje II: Rediseño del Modelo Económico
Política económica y fiscal
La política económica y fiscal constituye una herramienta estratégica para garantizar que el crecimiento y la recaudación no reproduzcan desigualdad, depredación ambiental ni dependencia externa. Para Argentina, se requiere un enfoque que combine redistribución justa, incentivo a la economía sostenible y coherencia con la transición ecosocial.
- Indicadores de bienestar y sostenibilidad en las cuentas nacionales: La planificación económica debe ir más allá del PIB, incorporando indicadores de bienestar social, suficiencia ecológica, calidad de vida y equidad territorial. Esta medida asegura que el crecimiento económico se evalúe no solo por la producción, sino por su contribución al bienestar humano y a la sostenibilidad ambiental. (ver Anexo)
- Presupuesto con impuestos verdes y eliminación de subsidios fósiles: Se propone reorientar el gasto público hacia actividades de bajo impacto ambiental y con alto retorno social, eliminando gradualmente los subsidios a combustibles fósiles que sostienen un modelo extractivista y contaminante. Los impuestos verdes deben gravar actividades contaminantes o depredadoras, incentivando la reconversión productiva y la eficiencia ecológica.
- Fondo de transición hacia energías limpias y empleos sostenibles: Se creará un fondo específico para financiar la transformación energética, la creación de empleos verdes y la reconversión industrial. Este fondo permitirá la articulación entre programas nacionales, provinciales y municipales, garantizando que la transición ecosocial sea equitativa y territorialmente equilibrada.
- Reforma tributaria progresiva y redistributiva: Se implementará un sistema fiscal que redistribuya la riqueza, gravando principalmente grandes fortunas, rentas extraordinarias y actividades contaminantes. Esto permitirá financiar políticas sociales y ecológicas, reduciendo la desigualdad estructural sin sobrecargar a los sectores populares ni a la economía productiva regional.
- Redistribución orientada a bienes comunes y transición ecosocial: Los recursos obtenidos mediante la reforma fiscal deben garantizar acceso universal a bienes comunes estratégicos (agua, salud, vivienda, educación), y financiar la transición hacia una economía regional autosuficiente, basada en agroecología, energías renovables y empleo verde.
- Equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo económico: La política económica debe priorizar la creación de empleo y la inversión productiva, pero siempre dentro de los límites biofísicos, evitando replicar modelos extractivistas o de crecimiento ilimitado. La sostenibilidad no es un gasto, sino un criterio estructurante de toda política fiscal.
- Articulación con la política monetaria y gestión de deuda: La política fiscal se coordinará con la creación de dinero orientada a la transición ecosocial y con la renegociación de la deuda externa, asegurando que los recursos públicos no se desvíen hacia el pago de compromisos ilegítimos ni hacia actividades ambientalmente depredadoras.
Política Monetaria y monedas sociales
La política monetaria no puede limitarse a controlar inflación o tipos de interés: debe ser un instrumento activo para la transición hacia una economía ecosocial, fomentando la soberanía financiera, la equidad social y la resiliencia regional.
- Superar el Bimonetarismo y Recuperar la Soberanía Monetaria; El arraigo del dólar en la economía argentina no solo refleja inestabilidad macroeconómica: también expresa la pérdida de confianza en la moneda nacional y la captura del ahorro por circuitos especulativos. Este bimonetarismo obstaculiza la planificación productiva, agudiza la vulnerabilidad externa y erosiona la soberanía económica. La salida del bimonetarismo no es inmediata ni exclusivamente técnica: requiere un pacto social amplio, donde Estado, sindicatos, cooperativas y empresas acuerden fortalecer la moneda nacional como pilar de un modelo productivo soberano. El Plan Horizonte Ecosocial propone una estrategia gradual para terminar con el bimonetarismo:
- Política de estabilización y credibilidad: disciplina fiscal progresiva, metas de inflación realistas y fortalecimiento de reservas internacionales.
- Institucionalización de monedas locales y sociales, que permitan canalizar parte del ahorro y del crédito hacia circuitos productivos regionales.
- Incentivos fiscales y financieros para que la moneda nacional sea el medio preferido de ahorro e intercambio en transacciones cotidianas.
- Acuerdos de comercio exterior en monedas locales, reduciendo dependencia del dólar en operaciones estratégicas.
- Dirigir la creación de dinero hacia actividades sostenibles social y ambientalmente: La emisión monetaria debe priorizar el financiamiento de proyectos de energías renovables, restauración ecológica, agroecología, empleo verde y vivienda sostenible. De esta manera, la política monetaria se convierte en un motor de transformación productiva y social, evitando que los recursos públicos alimenten especulación financiera o sectores contaminantes.
- Fomento de monedas locales y libremonedas para desarrollo regional: Se promoverá la creación de monedas complementarias gestionadas localmente, fortaleciendo economías regionales, cadenas cortas de producción y consumo, y la autonomía de comunidades frente a la volatilidad financiera internacional. Estas herramientas también incentivan el consumo responsable y la economía circular, contribuyendo a la sostenibilidad territorial.
- Control ciudadano y legislación antimonopólica: La regulación del sistema financiero deberá incluir mecanismos de control social y transparencia plena, evitando la concentración de poder en corporaciones privadas y garantizando que la asignación de crédito y liquidez responda al interés público y a la transición ecosocial.
- Coordinación con la política fiscal y gestión de deuda: La creación monetaria debe articularse con la reforma tributaria y la renegociación de la deuda externa, asegurando que los recursos públicos se utilicen en inversiones productivas, ecológicas y sociales, y no en el pago de obligaciones ilegítimas o en la especulación financiera.
- Promoción de sistemas financieros resilientes y apropiados al contexto argentino: Se priorizarán tecnologías financieras y sistemas de pago que no dependan de infraestructuras complejas ni centralizadas, evitando vulnerabilidades y fortaleciendo la soberanía monetaria y regional.
- Inclusión social y acceso al crédito: La política monetaria debe facilitar el acceso al crédito para cooperativas, PYMES sostenibles, productores familiares y proyectos comunitarios, fortaleciendo la economía popular y el empleo local sin comprometer la sostenibilidad ambiental.
Eje III: Transformación de los Sectores Productivos
Matriz Energética Justa y Distribuida
La matriz energética argentina depende históricamente de los combustibles fósiles, lo que genera creciente vulnerabilidad. La transición energética debe ser justa, distribuida y orientada al bien común, garantizando seguridad energética, creación de empleo y sostenibilidad ambiental.
- Moratoria a nuevos proyectos de energía fósil y nuclear: Se suspenderá la apertura de nuevos yacimientos de fuentes fósiles de energía, como así también de generación nuclear, de manera particular aquellos de alto impacto ambiental, priorizando la transición hacia fuentes de energía renovables, limpias y seguras.
- Desarrollo masivo de energías renovables distribuidas: Se impulsará la producción de energía solar, eólica, bioenergía y microhidráulica a escala comunitaria y regional, promoviendo la autonomía energética de provincias y municipios, y reduciendo la concentración de la generación en manos de pocos actores privados o estatales.
- Programas de eficiencia energética: Implementación de programas de eficiencia en viviendas, edificios públicos, industria y transporte, con subsidios y asistencia técnica para la adopción de tecnologías de bajo consumo y bajo impacto ambiental.
- Reinversión en tecnologías limpias apropiadas al contexto argentino: Se priorizarán tecnologías que puedan mantenerse localmente y no dependan de importaciones complejas o costosas, fortaleciendo capacidades técnicas locales y reduciendo vulnerabilidades frente a crisis externas.
- Empleo verde y reconversión laboral vinculada a la energía: La transición energética generará empleos en instalación y mantenimiento de sistemas renovables, eficiencia energética, producción de biocombustibles y restauración ecológica asociada a infraestructura energética.
- Coordinación con políticas fiscales y monetarias: Los incentivos financieros y la emisión de dinero deben canalizarse hacia inversiones en energías limpias y proyectos de transición ecosocial, garantizando que los recursos públicos no financien más actividades extractivas ni contaminantes.
- Fortalecimiento de la democracia energética: Se promoverá la participación comunitaria en la planificación y gestión de proyectos energéticos, asegurando transparencia, control social y toma de decisiones descentralizada.
Hacia la Soberanía Alimentaria
La agricultura en Argentina ha estado históricamente marcada por un modelo intensivo, dependiente de monoculturas transgénicas y del agronegocio, con impactos sociales, económicos y ambientales significativos. La transición hacia un modelo ecosocial requiere diversificación productiva, agroecología y soberanía alimentaria, garantizando alimentos sanos, empleo digno y resiliencia territorial.
- Transición hacia la agroecología y diversificación productiva: Se fomentará la reconversión de monocultivos industriales hacia sistemas agroecológicos, integrando cultivos diversos, rotaciones sostenibles y prácticas de bajo impacto ambiental adaptadas a cada región. Esto permitirá mejorar la fertilidad del suelo, reducir dependencia de insumos químicos y aumentar la seguridad alimentaria.
- Reducción de dependencia del agronegocio transgénico: Se implementarán incentivos y políticas de acompañamiento a productores familiares y cooperativas para disminuir la concentración de cultivos agroindustriales y promover una producción más autónoma, local y sostenible.
- Garantía de soberanía alimentaria y acceso equitativo a alimentos sanos: La política alimentaria priorizará el acceso universal a alimentos nutritivos y de proximidad, promoviendo mercados de cercanía y sistemas de distribución que reduzcan intermediarios y aseguren precios justos tanto para productores como consumidores.
- Fortalecimiento de cadenas cortas y cooperativas locales: Se incentivará la formación de cooperativas y redes de producción-consumo regionales, favoreciendo la economía local, la generación de empleo comunitario y la reducción de la huella ecológica asociada al transporte de alimentos.
- Integración de saberes locales e indígenas: La transición agrícola incorporará conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de comunidades originarias, promoviendo la gestión sostenible de los recursos naturales y la recuperación de variedades locales.
- Fomento de técnicas de bajo impacto ambiental: Se impulsará el uso de bioinsumos, manejo integrado de plagas, conservación de agua y restauración de suelos, garantizando que la producción agrícola no comprometa los ecosistemas ni la biodiversidad.
- Articulación con empleo verde y reconversión industrial: La agricultura sostenible se vinculará con programas de empleo verde, producción de proximidad y restauración ecológica, generando oportunidades laborales que integren producción, cuidado ambiental y desarrollo comunitario.
Reconversión Productiva y Laboral Digna
La economía argentina requiere una transformación profunda que permita generar empleo digno, redistribuir oportunidades y reducir la dependencia de sectores extractivos y contaminantes. La reconversión productiva y laboral debe articularse con la transición ecológica y la justicia social, asegurando que cada puesto de trabajo contribuya a la sostenibilidad y al bienestar colectivo.
- Creación de empleos verdes y de cuidado: Se fomentarán puestos de trabajo en sectores vinculados a energías renovables, eficiencia energética, restauración ecológica, reciclaje, agricultura urbana y periurbana, así como en actividades de cuidado comunitario y social. Estos empleos contribuyen simultáneamente a la economía, al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental.
- Reconversión de trabajadores de sectores en declive: Los trabajadores de industrias contaminantes o extractivas serán acompañados mediante programas de capacitación, incentivos a la reconversión productiva y soporte económico temporal, garantizando que la transición no implique pérdida de empleo ni precarización.
- Fortalecimiento de economías regionales y cadenas cortas: La reconversión se orientará a desarrollar economías territoriales autónomas, promoviendo producción local, cooperativas y redes de comercialización de proximidad que reduzcan la dependencia de mercados globales y fomenten el arraigo rural y urbano.
- Reducción de jornada laboral y promoción de plena actividad: La reducción progresiva de la jornada laboral permitirá repartir el empleo, mejorar la calidad de vida y liberar tiempo para actividades comunitarias, cuidado de personas y desarrollo cultural.
- Economía de servicios y flujo, y fomento del cooperativismo: Se impulsarán actividades orientadas a reparación, reutilización, mantenimiento, servicios comunitarios y producción cooperativa, fortaleciendo la economía solidaria y reduciendo la presión sobre recursos naturales limitados.
- Vinculación con educación y capacitación ecosocial: Los programas de reconversión laboral se articularán con la educación ecosocial, promoviendo habilidades técnicas, conciencia ambiental y valores de solidaridad, cooperación y sostenibilidad.
- Incentivos para empresas y proyectos sostenibles: Se implementarán incentivos fiscales, subsidios y asistencia técnica para empresas que adopten procesos de producción sostenible, eficiencia de recursos y ciclo cerrado, garantizando que la reconversión productiva sea económicamente viable y socialmente inclusiva.
- Desglose en subfactores los principales factores de la demanda agregada: Consumo, inversión y gasto del gobierno con el objeto de distinguir entre aquellos agregados macroeconómicos que deben ser estrictamente limitados y los que pueden aumentar con el tiempo, sin impactos o consecuencias ambientales negativas.
Una Industria Regenerativa
La industria argentina ha operado históricamente bajo lógicas de extracción masiva de recursos, generación de residuos y concentración económica. La economía industrial regenerativa busca transformar el sector industrial en un motor de sostenibilidad, reduciendo impactos ambientales, cerrando ciclos de materiales y promoviendo la creación de valor social y ecológico.
- Eficiencia de recursos y reducción de desperdicios: Las industrias deberán optimizar el uso de materiales y energía, adoptando procesos de producción limpios, minimizando residuos y fomentando la reutilización interna de subproductos, contribuyendo a la sostenibilidad territorial.
- Cierre de ciclos de materiales: Se promoverán sistemas de producción que cierren los ciclos materiales, reciclaje industrial, valorización de residuos y reintegración de materiales al proceso productivo, reduciendo la presión sobre recursos naturales y disminuyendo la contaminación.
- Rediseño ecológico de productos y servicios: Los bienes manufacturados deberán diseñarse considerando su durabilidad, reparabilidad, impacto ambiental y ciclo de vida, fomentando una economía de servicios y flujo en lugar de la lógica de consumo desechable.
- Inversión en restauración ecológica: Parte de la rentabilidad industrial será destinada a la recuperación de ecosistemas degradados, reforestación, saneamiento de cuencas y conservación de biodiversidad, integrando la responsabilidad ambiental como eje de la producción.
- Fomento de empleo verde en la industria: La transición industrial creará nuevos empleos en reparación, mantenimiento, gestión de residuos, reciclaje y producción de tecnologías sostenibles, asegurando que la reconversión productiva sea socialmente inclusiva.
- Promoción de tecnologías apropiadas y soberanía industrial: Se priorizarán tecnologías que puedan mantenerse y desarrollarse localmente, evitando dependencia de importaciones complejas, fortaleciendo capacidades nacionales y la resiliencia del sistema industrial.
- Integración con políticas fiscales y monetarias progresivas: Incentivos fiscales y financiamiento público serán dirigidos a industrias que adopten procesos regenerativos y modelos circulares, asegurando que la rentabilidad económica se alinee con la sostenibilidad ambiental y social.
Eje IV: El Cambio Cultural y Democrático
Cultura, Educación y Participación Ciudadana
La transformación ecosocial no puede limitarse a cambios en la producción o la economía: requiere una reconfiguración cultural y educativa, así como mecanismos de participación que aseguren que las decisiones públicas respondan al bien común y a la sostenibilidad ambiental.
- Reforma educativa para una visión ecosocial: Se incorporarán contenidos de economía ecológica, ética ambiental, agroecología, energías renovables y sostenibilidad territorial en todos los niveles educativos. La educación debe formar ciudadanos críticos, conscientes de los límites ecológicos y capaces de participar en la construcción de una sociedad justa y sostenible.
- Campañas de sensibilización sobre crisis ecosocial y geopolítica: Se desarrollarán campañas nacionales y locales para concientizar sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la dependencia energética y alimentaria, y la interconexión entre desigualdad social y degradación ambiental.
- Democracia directa y comunitaria en gestión de bienes comunes: Se fomentará la participación de comunidades, cooperativas y municipios en la toma de decisiones sobre agua, energía, tierras y recursos naturales, asegurando control social, transparencia y corresponsabilidad en la gestión pública.
- Promoción de valores de respeto, autocontención y límites: Las políticas culturales y educativas deberán transmitir la importancia de la suficiencia ecológica, el consumo responsable, la valoración del tiempo, las relaciones humanas y la cooperación comunitaria como base de una vida digna.
- Fortalecimiento de tradiciones solidarias y cooperativas: Se reconocerá y potenciará el papel histórico de mutuales, cooperativas, organizaciones vecinales y comunidades originarias como actores centrales de la economía solidaria y del cuidado ambiental.
- Educación ecosocial aplicada a la práctica: La formación se complementará con proyectos prácticos de restauración ecológica, huertas urbanas, reciclaje comunitario y energías renovables, integrando el conocimiento académico con la acción local.
- Inclusión y equidad en la participación: Se garantizará que mujeres, jóvenes, pueblos originarios y grupos históricamente marginados participen plenamente en la toma de decisiones, asegurando que la transición ecosocial sea democrática, justa y plural.
Reforma Judicial para la Transición Ecosocial
El descreimiento social hacia el sistema judicial constituye un obstáculo de primer orden para cualquier proyecto de transformación. La corrupción, la lentitud procesal, la connivencia con intereses corporativos y la falta de acceso real a la justicia generan un clima de deslegitimación que paraliza la acción pública.
Por ello, el Plan Horizonte Ecosocial plantea una reforma judicial democrática, transparente y al servicio del bien común, que incluya:
- Elección y control democrático de jueces: establecer mecanismos de designación con mayor participación ciudadana y transparencia, evitando nombramientos discrecionales.
- Consejo de la Magistratura: reestructuración profunda para garantizar pluralidad de representación, con cupos para movimientos sociales, universidades y organizaciones ambientales, reduciendo el control corporativo y partidario.
- Corte Suprema: ampliación y renovación bajo criterios de paridad de género, federalismo y compromiso con la justicia social y ambiental. Incorporar la obligatoriedad de fallar con perspectiva ecosocial, en línea con los derechos de la naturaleza.
- Capacitación obligatoria en justicia ambiental y derechos humanos para todos los operadores judiciales.
- Acceso igualitario: gratuidad o reducción drástica de tasas en causas sociales y ambientales, y fortalecimiento de defensorías comunitarias.
Esta reforma judicial no se limita a un aspecto técnico, sino que es condición para la construcción de confianza social y de institucionalidad ecosocial.
5. La Transición ecosocial
La transición ecosocial implica una transformación estructural de la economía, la política, la cultura y la sociedad, orientada a garantizar sostenibilidad ambiental, justicia social y bienestar colectivo, dentro de los límites ecológicos del país y del planeta.
- Reorientación de la economía y la sociedad hacia la sostenibilidad ecológica: Todas las políticas públicas y privadas deben orientarse a reducir impactos ambientales, restaurar ecosistemas degradados y generar un modelo productivo regional, autosuficiente y resiliente, priorizando sectores estratégicos como energías renovables, agroecología y economía circular.
- Desarrollo de economías regionales y comunidades autosuficientes: Se fomentará la producción local, las cadenas cortas, cooperativas y monedas complementarias, fortaleciendo la autonomía territorial y la soberanía económica frente a mercados globales volátiles.
- Promoción de técnicas y tecnologías apropiadas: La transición se apoyará en tecnologías de bajo impacto ambiental, fáciles de mantener y adaptadas a las condiciones locales, evitando dependencia de sistemas centralizados o complejos que generen vulnerabilidad.
- Democratización de la toma de decisiones y reforma institucional: La gestión de recursos, políticas públicas y proyectos productivos se realizará mediante participación ciudadana directa, fortaleciendo el control social, la transparencia y la corresponsabilidad, y reformando instituciones para que respondan al bien común y a la defensa de los bienes naturales.
- Cambio cultural y educativo hacia la suficiencia y la solidaridad: La educación ecosocial y las campañas culturales promoverán valores de respeto, autocontención, cooperación y vida comunitaria, fomentando estilos de vida que prioricen tiempo, relaciones humanas y consumo responsable.
- Plena actividad, trabajo voluntario y cuidado comunitario: Se valorará el trabajo no remunerado que sostiene la vida comunitaria y los sistemas ecológicos, promoviendo la participación activa en la recuperación de ecosistemas, la producción local y el cuidado de personas y bienes comunes.
- Vivir bien con menos: suficiencia ecológica y consumo responsable: La transición ecosocial no persigue el crecimiento ilimitado, sino la satisfacción de necesidades reales dentro de los límites ecológicos, promoviendo estilos de vida sobrios, sostenibles y solidarios.
- Integración de políticas públicas sectoriales: Salud, educación, trabajo, energía, industria, agricultura y finanzas se articulan bajo criterios ecosociales, asegurando que cada medida contribuya simultáneamente a bienestar social, equidad y sostenibilidad ambiental.
- Monitoreo, evaluación y ajuste continuo: Se implementarán indicadores de sostenibilidad y bienestar adaptados al contexto argentino, permitiendo evaluar el impacto de las políticas y realizar ajustes que garanticen la coherencia con los objetivos ecosociales.
- Articulación con la justicia social y la equidad intergeneracional: La transición ecosocial busca que las generaciones presentes no comprometan los derechos ni los recursos de las futuras, asegurando un modelo económico, social y ambiental justo, inclusivo y sostenible.
6. La Estrategia Político-Comunitaria
Un plan de esta magnitud es inviable si se limita a ser un diseño técnico. Su viabilidad política es directamente proporcional a su capacidad para movilizar el poder social, convirtiendo la estrategia político-comunitaria en el factor decisivo entre una mera propuesta y una transformación material. Basada en la “Carta a las asambleas y los activismos”, esta estrategia busca articular la acción desde las bases para asegurar que la transición sea un proceso democrático y legitimado.
Principios Éticos y Rectores de la Acción
La acción política y comunitaria debe guiarse por un conjunto de principios éticos que aseguren su coherencia y su orientación hacia el bien común:
1. Ambiocentrismo integral: Priorizar la protección de la vida y la interdependencia de los ecosistemas en todas las acciones.
2. Justicia ecosocial: Vincular de manera inseparable la justicia ambiental con la justicia social, de género, cultural y ancestral.
3. Autonomía comunitaria: Garantizar que las decisiones se tomen de manera horizontal, democrática y respetando la diversidad de cada territorio.
4. Transparencia y control por las bases: Asegurar que ninguna herramienta política o institucional sea cooptada por poderes externos.
5. Ética de la convergencia: Integrar la movilización social, la acción jurídica, la educación y la participación política como estrategias complementarias y sinérgicas.
Estrategias Operativas Integradas
Para traducir estos principios en acción, se proponen cuatro líneas de trabajo estratégicas que deben operar de manera coordinada:
• Movilización Social y Comunitaria: Fortalecer las acciones locales no violentas de resistencia y promover medios de comunicación alternativos que visibilicen las luchas y fomenten la educación popular ecosocial.
• Incidencia Jurídica y Legislativa: Impulsar iniciativas parlamentarias, plebiscitos y leyes de protección ambiental, creando equipos especializados en litigio ambiental para disputar los espacios legales a nivel local, provincial y nacional.
• Participación Política y Electoral: Diseñar instrumentos electorales autónomos y controlados por las bases para intervenir en los distintos niveles del Estado, combinando la acción comunitaria con la construcción de poder institucional.
• Integración de Agenda Multidimensional: Fomentar la coordinación entre diversos movimientos (urbanos, originarios, feminismos, etc.) para que todas las acciones incorporen simultáneamente las dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas.
Al combinar las medidas técnicas de los ejes de acción con esta estrategia política de base, es posible construir una visión de país que sea no solo deseable, sino también políticamente viable y genuinamente sostenible y justa.
7. Redefiniendo el Progreso: Conclusión y Llamamiento a la Acción Colectiva
Frente a la encrucijada histórica de Argentina, no nos limitamos a observar la aparición de un tercer camino; proponemos construirlo activamente a través de una macroeconomía para la transición. Este enfoque es la única alternativa viable, ya que su fortaleza reside en cuatro pilares estratégicos: 1) evita trasladar los costos de la crisis a los más vulnerables; 2) redistribuye la riqueza gravando a los sectores concentrados y especulativos; 3) transforma la matriz productiva y energética hacia la resiliencia; y 4) democratiza las decisiones económicas y ecológicas.
La Crítica a las Métricas Tradicionales
Un pilar fundamental de esta transformación es abandonar las métricas que nos han guiado al fracaso. El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador profundamente engañoso del progreso, ya que ignora la distribución de la riqueza, no contabiliza la economía informal y, crucialmente, no considera la degradación ambiental ni el agotamiento de los recursos naturales. Como señaló el economista Robert Repetto:
Un país que acaba con sus recursos naturales, tumba sus bosques, erosiona sus suelos, contamina sus acuíferos, caza su fauna silvestre y pesca sus recursos marinos hasta exterminarlos, no ve afectados sus ingresos por la pérdida irremediable de su patrimonio desaparecido. A los países en desarrollo, que son los más dependientes de los recursos naturales tanto a nivel nacional como de sus exportaciones, se les inculca un sistema de contabilidad nacional y de análisis macroeconómico que ignora casi completamente la base de la economía: el acervo físico.
El crecimiento medido por el PIB es, por tanto, una ilusión cuando se basa en la liquidación del patrimonio natural, comprometiendo el bienestar de las generaciones futuras.
Un Nuevo Sistema de Medición
Para superar estas deficiencias, es crucial adoptar un panel de indicadores integrados que vaya más allá de una sola métrica y refleje el verdadero bienestar y la sostenibilidad. Se propone una reforma integral del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) para que los recursos ambientales tengan la misma jerarquía que otros activos de capital. Esto implica medir el progreso con métricas que permitan alinear la economía con los objetivos ecosociales y planificar el desarrollo sin agotar el capital natural que nos sostiene.
Entre los posibles indicadores se destacan los siguientes:
| Indicador | Proponentes / Origen | Año |
| Índice de Huella Ecológica / Biocapacidad | Wackernagel y Rees | 1996 |
| Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta | Vitousek | 1986 |
| Indicadores de Flujo de Materiales | Wuppertal Institute | N/A |
| Huella Hídrica Agrícola y Agua Virtual | UNESCO-Institute for water education | N/A |
| Balances Energéticos y Análisis del Metabolismo Social | Giampietro | 2003 |
| Índice de Progreso Real (IPR) | John W. Kendrick y Amartya Sen | 1993 |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH) | PNUD | 1990 |
| Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) | Mathias Binswanger | 2008 |
| Producto Interno Bruto Verde (PIBV) | Herman Daly | 1996 |
Invitación a la Construcción Colectiva
Este plan está abierto a aportes, debates y experiencias de todos los sectores comprometidos con la vida, la justicia y la sostenibilidad. Solo mediante la participación activa de comunidades, movimientos sociales, académicos, empresas responsables y organizaciones políticas será posible consolidar un Plan Horizonte Ecosocial que irrumpa en el escenario político argentino como una alternativa concreta y creíble a los fracasos históricos que nos trajeron hasta la actual situación. La transición ecosocial es un desafío colectivo: sumar ideas, experiencias y compromisos es la condición indispensable para convertir este proyecto en realidad.
LA (RE) VERDE 