Carlos Merenson

Lejos de ser un gobierno que actúa haciendo lo que el pueblo quiere y defendiendo su interés, con participación activa, transparencia y enfoque ecosocial, el gobierno anarcocapitalista de Javier Milei resulta la antítesis del principio de democracia participativa promovido por el ecologismo. Sus políticas de ajuste no responden ni a la voluntad ni al bienestar de la ciudadanía, sino a los dictados del mercado y a intereses concentrados. La sociedad es sistemáticamente excluida de la elaboración de políticas estratégicas, y los derechos conquistados colectivamente se convierten en simples objetos de ajuste. En otras palabras, el proyecto de Milei viola los principios más elementales de la democracia participativa, sustituyendo la voz y el interés del pueblo por la lógica del lucro y la acumulación.

Milei representa también la antítesis de los demás valores fundacionales del ecologismo político. Su gestión ignora el respeto por la diversidad, normaliza la violencia estructural, destruye la sostenibilidad, desoye la sabiduría ecológica y socava la justicia social. En suma, sus políticas contradicen todos los principios que buscan garantizar un mundo equitativo, seguro y ambientalmente viable.

Hoy en Argentina debemos preguntarnos: ¿expresa este gobierno lo que el pueblo quiere?

¿Desea la ciudadanía que se recorten los fondos de la universidad pública, poniendo en riesgo su gratuidad y calidad? ¿Aprueba que se desfinancien el Hospital Garrahan, los programas de salud y las pensiones por discapacidad? ¿Está de acuerdo con pulverizar las jubilaciones y reinstalar un modelo privatizador que ya fracasó en nuestro país?

¿Acepta la sociedad la pérdida brutal del poder adquisitivo, un ajuste fiscal que castiga a los más pobres mientras libera precios de tarifas y combustibles, abre indiscriminadamente la economía y paga una deuda ilegítima a costa de hambre interno? ¿Aprueba que se desfinancien programas de cultura, ciencia y técnica, afectando al CONICET, INTI e INCAA?

¿Aprueba el pueblo argentino que se vacíen y desjerarquicen las instituciones ambientales encargadas de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano? ¿Desea el pueblo que se impulse la megaminería, el fracking y los agronegocios sin regulaciones mientras se reducen o eliminan programas de conservación y se derogan o debilitan -hasta tornarlas inaplicables- normas legales destinadas a la protección de bosques, glaciares y humedales?

En este marco, las palabras del Papa Francisco resuenan con especial fuerza: resulta inaceptable e inhumano sostener un sistema económico que descarta a hombres, mujeres y niños solo porque ya no parecen “útiles” según los criterios de rentabilidad. Ese descarte no solo constituye el retroceso y la deshumanización de cualquier sistema político y económico, sino que también actúa como un boomerang: quienes permiten o promueven la exclusión terminan convirtiéndose en “máquinas sin alma”, prisioneros de la misma lógica que tarde o temprano los condenará al descarte. La Argentina de hoy, atravesada por el ajuste de Milei, es una expresión concreta de ese modelo que coloca al “dios dinero” en el centro y sacrifica la dignidad de los descartables del sistema.

El gobierno de Javier Milei es la expresión política de una ideología anarcocapitalista que busca transformar en mercancía lo que durante décadas de luchas populares se conquistó como derecho: la educación, la salud, la seguridad social, la inclusión y la protección de la naturaleza. Este proyecto está muy lejos de hacer lo que el pueblo quiere y muy cerca de los dictados del mercado y de las élites financieras.

El capítulo previsional resume con crudeza esta lógica. Bajo el argumento de que “no hay plata” y que el sistema jubilatorio es “inviable”, Milei impulsa un vaciamiento que reduce haberes y posterga actualizaciones. La vejez no es concebida como etapa de descanso tras una vida de trabajo, sino como un gasto a eliminar. La solidaridad intergeneracional que sostiene todo sistema jubilatorio es reemplazada por la ficción del ahorro individual.

La demolición de las jubilaciones no solo castiga a los adultos mayores: erosiona el pacto colectivo que garantiza que la dignidad no dependa de la fuerza de trabajo ni de la billetera.

La universidad pública es acusada de ser “adoctrinamiento socialista”, el Garrahan de ser un “elefante ineficiente”, y las pensiones por discapacidad de estar plagadas de “falsos beneficiarios”. El patrón se repite: desfinanciar, estigmatizar y empujar hacia la privatización.

Lo que realmente se busca es destruir los espacios donde la sociedad todavía experimenta otra lógica que no sea la del lucro. Milei somete la política a un fundamentalismo de mercado y la vida al cálculo financiero.

El negacionismo climático del presidente, su desprecio por las instituciones ambientales y el desfinanciamiento del área son parte del mismo proyecto. Al negar la crisis ecológica, libera al extractivismo de cualquier límite.

El vaciamiento de las instituciones ambientales argentinas no es un error técnico: es la decisión de convertir la naturaleza en simple insumo para la acumulación, negando que exista un “bien común” que trascienda al individuo.

Lejos de rectificar su rumbo tras el rechazo social, bien reflejado en los resultados electorales, los reveces legislativos y las crecientes movilizaciones, el presupuesto 2026 presentado por Milei profundiza la misma lógica: reducción drástica de partidas sociales, consolidación del recorte en salud, educación y jubilaciones, y continuidad del vaciamiento ambiental. Es un plan antisocial que, bajo la retórica de “orden fiscal”, consagra un monumental déficit ecosocial y lejos de ser neutral, es la consagración institucional de la idolatría por el dinero.

La resistencia de los descartables

Dos referentes del ecologismo anticiparon la irrupción en el escenario político de los descartados por el sistema. En Metamorfosis del trabajo (1988), Gorz advierte que:

“Millones de seres humanos son condenados a la inutilidad social porque el sistema ya no sabe qué hacer con ellos. La sociedad de mercado los convierte en sobrantes, en desecho humano.”

Por su parte, Iván Illich en La convivencialidad (1973) afirma que:

“El sistema convierte en marginal a quien no se adapta a su lógica, y lo declara incapaz o inservible. Pero son precisamente los marginados quienes, al quedar fuera de la maquinaria institucional, pueden mostrar caminos alternativos de vida.”

Frente a los atropellos anarcocapitalistas, la sociedad argentina no permaneció inmóvil. La resistencia emergió desde abajo, encabezada por aquellos que Milei considera “descartables”: jubilados que defienden sus haberes, personas con discapacidad que reclaman dignidad, médicos, personal técnico, enfermeros, pacientes y familiares que marchan por el Garrahan, estudiantes, docentes y no docentes que llenan las calles en defensa de la universidad pública, y comunidades que defienden el ambiente frente al saqueo extractivista.

Esos descartables, invisibilizados por el poder, se convirtieron en protagonistas de la defensa del bien común. Su resistencia devolvió dignidad política al pueblo, recordando que los derechos no son mercancías sino conquistas colectivas.

El proyecto de Milei es más que un ajuste: es una ofensiva civilizatoria regresiva que busca instalar en Argentina un despiadado darwinismo social, donde solo sobrevive quien puede pagar. Busca imponer un negacionismo ambiental que compromete a las actuales y futuras generaciones.

Frente a esa ofensiva, la resistencia popular demuestra que los descartables pueden transformarse en vanguardia política, haciendo de la calle un territorio de dignidad. Ellos han entreabierto las puertas hacia un horizonte distinto: uno donde la Argentina reafirme que la vida, la dignidad y la naturaleza no se negocian en el mercado, sino que se defienden colectivamente como bienes comunes de un pueblo que no se resigna a perder sus conquistas.