Carlos Merenson

Desde sus orígenes como Nación, en Argentina primó la creencia en una riqueza natural inagotable. Hoy, tras más de dos siglos de uso y abuso, emergen con crudeza síntomas que muestran la finitud de lo que alguna vez se creyó eterno. Encandilados por la sinrazón productivista, no se previó qué sucedería cuando los bosques desaparecieran, los suelos se agotaran, avanzaran los desiertos y crecieran todas las formas de contaminación. Contrariando la norma elemental de la previsión, hemos comprometido nuestro presente y nuestro futuro.

Uno de los procesos motorizados por la sinrazón productivista que, por las graves consecuencias que acarrea merece ser destacado, ha sido la deforestación que, más allá del signo político de los gobiernos de turno, variando solo en ritmos y magnitudes, nunca se detuvo.

A partir de la etapa agroexportadora, inaugurada en 1852, fue cuando se intensificó la deforestación, tanto por la conversión de los bosques nativos a otros usos del suelo como por diversas formas de explotación insostenible. Ese primer impulso agroexportador puede tomarse como punto de partida para comprender la evolución de la deforestación en Argentina.

Desde 1853 hasta hoy se sucedieron 59 gobiernos de muy distintas orientaciones políticas. Sin embargo, todos ellos compartieron —más allá de sus diferencias— la adhesión a una misma superideología: el productivismo. Esta visión del desarrollo explica, en última instancia, la causa profunda por la cual la deforestación nunca se detuvo, constituyéndose en los hechos como una verdadera política de Estado.

Esto no significa que todos los mandatarios hayan actuado del mismo modo frente al recurso forestal. En determinados períodos, como durante las presidencias de Juan Domingo Perón y de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionaron normativas relevantes —la Ley 13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal y la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, respectivamente— que representaron intentos significativos de regulación y conservación. No obstante, incluso bajo dichos marcos legales, el proceso de deforestación no se interrumpió, lo que confirma su carácter persistente y estructural.

Con frecuencia coexistieron en Argentina legislaciones y políticas públicas con objetivos abiertamente contradictorios. Mientras unas se orientaban a la defensa de los bosques nativos, otras incentivaban su destrucción mediante la promoción del avance de la frontera agropecuaria sobre tierras consideradas de “baja productividad”. Tal es el caso de la Ley 22.211, que habilitaba el desmonte de bosques nativos al incluirlos en esa categoría. La historia forestal argentina es, en gran medida, la historia de una contradicción permanente entre leyes que dicen proteger y políticas que incentivan destruir.

Hoy los bosques nativos cubren menos del 10% del área continental del país y de acuerdo con los parámetros de la FAO Argentina se clasifica como país con “cubierta forestal reducida”. Esto significa que nuestras masas forestales ya no bastan para garantizar la sostenibilidad de los procesos ecológicos fundamentales para la supervivencia y el desarrollo. A ello se suma que el 76% del territorio argentino se encuentra bajo condiciones de aridez o semiaridez, lo que amplifica las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de la deforestación.

La insuficiente protección de cuencas hidrográficas, la ocurrencia creciente de aluviones, la disminución del potencial hidroenergético, la escasez de agua, la degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad, la reducción del atractivo turístico, el aumento de la pobreza rural y los vacíos territoriales por migración forzada son apenas algunos de los problemas interrelacionados que hoy enfrentamos y que se irán agudizando.

La pérdida de bosques nativos evidencia que el modelo de gobernanza ambiental y productiva ha priorizado intereses económicos inmediatos —agronegocios, expansión agrícola y extractivismo— por sobre la preservación de la naturaleza y la sostenibilidad a largo plazo. Ya no bastan los bosques que se conservan en áreas protegidas, demasiado reducidos para esperar que puedan hacer más que mitigar los efectos de esta crisis.

Si se pretende producir un verdadero giro copernicano, se necesita una acción drástica. La conservación del patrimonio natural y su aprovechamiento sostenible no constituyen un problema más, sino que debe ser asumido como el verdadero problema. Si los bosques nativos continúan siendo destruidos como hasta ahora, seremos la generación que presencie su desaparición, con todas las consecuencias que ello implica para las presentes y futuras generaciones.

Marco legal: dos leyes, un largo incumplimiento

Una vía para abordar esta problemática consiste en analizar la legislación vigente y su grado de cumplimiento. Tal enfoque permite comprender, más allá de discursos, intenciones y normativas formales, la verdadera voluntad política de proteger los bosques nativos, patrimonio esencial para la vida y la estabilidad ecológica del territorio. Este examen de las políticas y de su efectividad pone en relieve las tensiones entre los objetivos de conservación y los intereses económicos que históricamente han marcado la gestión de los recursos naturales en Argentina. En última instancia, muestra que la deforestación no es solo un proceso ambiental, sino la manifestación estructural de un paradigma productivista que subordina la naturaleza a la lógica de acumulación.

Nos detendremos en las dos leyes antes citadas: 13.273 y 26.331 que, como veremos, no lograron detener el proceso de deforestación.

Ley Nacional N° 13.273: Defensa de la Riqueza Forestal (1948)

Esta ley, sancionada en septiembre de 1948, fue un hito en la legislación ambiental argentina. Se trataba de una norma de avanzada que de establecía un sistema para la defensa de los bosques en el que se destacaban:

  • Prohibición de la devastación de bosques y tierras forestales: se buscaba evitar la utilización irracional de productos forestales y la degradación de los ecosistemas nativos.
  • Obligación de forestación y reforestación: se promovía la recuperación de áreas degradadas y la expansión de la cobertura forestal.
  • Prevención y lucha contra incendios: se implementaban medidas para reducir el riesgo de incendios forestales y mitigar sus efectos.
  • Definición de conceptos clave: se establecían términos como «bosques» y «tierras forestales» para una mejor comprensión y aplicación de la ley.

Más allá de buenas intenciones lo cierto es que la Ley 13.273 nunca fue reglamentada con carácter sistémico, lo que la torno inaplicable.

Ley 26.331 (2007) – Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento y Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Principales aspectos

  1. Clasificación de los bosques por categorías de conservación
    1. Rojo: conservación estricta; prohibición de cambios de uso.
    1. Amarillo: uso sostenible; se permite manejo forestal bajo criterios técnicos.
    1. Verde: uso económico; cambio de uso permitido bajo planificación y compensaciones.
  2. Planes de Manejo y Ordenamiento Territorial
    1. Cada provincia debe elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (POTBN).
    1. Determina dónde se puede intervenir, qué actividades son permitidas y medidas de conservación específicas.
  3. Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos (FONABOSQUES)
    1. Instrumento financiero para compensar a provincias que protejan sus bosques.
    1. Financia conservación, restauración y manejo sustentable.
  4. Prevención de deforestación y degradación
    1. Prohíbe actividades que impliquen desmonte ilegal o degradación de ecosistemas.
    1. Promueve monitoreo satelital y controles ambientales.
  5. Instrumentos de control y sanción
    1. Autoridades ambientales provinciales y nacionales deben supervisar el cumplimiento.
    1. Sanciones ante incumplimientos, que pueden incluir multas y recuperación de áreas degradadas.
  6. Participación social y fortalecimiento institucional
    1. Se fomenta la participación de comunidades locales en la gestión de los bosques.
    1. Impulsa la capacitación técnica y la investigación sobre manejo forestal sustentable.

Su principal instrumento de aplicación es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, cuyo financiamiento debería garantizar la protección efectiva de los bosques.

Sin embargo, desde su creación, la ejecución real estuvo marcada por la subfinanciación sistemática y la falta de prioridad política, tal como puede verse a continuación.

Evolución del financiamiento (2007–2025)

AñoGobiernoSituación del Fondo
2007CFKLey sancionada; creación del Fondo con financiamiento del 0,3% del Presupuesto Nacional y 2% de retenciones agroexportadoras.
2008–2009CFKInicio del Fondo, con montos muy por debajo de lo estipulado.
2010–2014CFKSubfinanciación crónica: entre 222 y 300 millones de pesos, cuando la ley requería entre 800 y casi 2.000 millones.
2015CFKColapso presupuestario: asignación de 62,8 millones, apenas el 1,6% de lo estipulado.
2016–2017MMLeve recuperación nominal (389 y 556 millones), aún <10% de lo exigido.
2018–2019MMMontos bajos y pérdida de poder adquisitivo por inflación; retrasos en transferencias a provincias.
2020AF570,5 millones asignados, insuficiente frente a la ley.
2021–2023AFIncrementos nominales marginales; desfinanciación estructural denunciada por Greenpeace y FARN.
2024JMProyecto de presupuesto contemplaba solo 7,4% de lo requerido; Decreto 888/2024 elimina el Fondo Fiduciario.
2025JMPresupuesto 2025 prevé apenas 2,5% del monto legal; la ley sobrevive formalmente, pero sin financiamiento real.

(CFK): Cristina Fernández de Kirchner; (MM): Mauricio Macri; (AF): Alberto Fernández; (JM):  Javier Milei

En términos prácticos, el Estado estaría destinando apenas 170 pesos por hectárea de bosque por año (15 pesos por mes), un monto simbólico e inefectivo frente a la magnitud del problema.

Consecuencias

La pérdida de bosques nativos es devastadora y estructural:

  • En 1810 en el territorio de la actual Argentina existían 140 millones de hectáreas y la cobertura forestal era del 50%.
  • Entre 1810 y 1998, se degradaron 65 millones de hectáreas y otras 44 millones se convirtieron a otros usos del suelo.
  • En 1998, del patrimonio forestal original (140 millones de hectáreas), quedaban 31 millones y la cobertura forestal territorial era del 11,3%.
  • Entre 1998 y 2023, se perdieron aproximadamente 7 millones de hectáreas, concentradas en un 80% en el Gran Chaco, reduciendo las masas forestales nativas a 24 millones de hectáreas y la cobertura forestal nacional al 8,5%.

Interpretación crítica

El recorrido legislativo y financiero muestra un patrón constante: la desprotección de los bosques no es accidental, sino estructural. Desde la subfinanciación sistemática hasta la eliminación de fondos estratégicos, los distintos gobiernos han permitido que la legislación quede vacía de contenido real.

Esta dinámica revela que la deforestación en Argentina no es solo un problema técnico de manejo forestal: es un síntoma del extractivismo estatal y privado, donde la naturaleza se transforma en insumo económico sin considerar los límites biofísicos del territorio ni los derechos de las generaciones futuras.

La eliminación del Fondo Fiduciario en 2024 no puede leerse como un ajuste contable: representa un quiebre institucional que acelera la degradación ecológica, profundiza la injusticia ambiental y consolida un modelo productivo extractivo que ignora la sostenibilidad.

Conclusión

La Ley 26.331 sobrevive formalmente, pero sin financiamiento efectivo, y con ello, la protección de los bosques nativos se convierte en un objetivo imposible. La historia reciente muestra que la deforestación en Argentina no es un accidente: es el resultado previsible de un modelo político, económico y cultural que prioriza la acumulación y la rentabilidad inmediata sobre la conservación y la vida.

Proteger los bosques nativos exige no solo leyes, sino voluntad política real, financiamiento adecuado y un cambio profundo en la relación del país con su patrimonio natural. Sin ello, la pérdida de la “heredad natural” argentina seguirá avanzando, y con ella, la vulnerabilidad de todo el territorio y de sus habitantes.

Las masas forestales nativas constituyen un elemento esencial de nuestra heredad natural y su destino hace al destino del país. Es sobre este destino que se está decidiendo cada vez que se decide una política determinada sobre bosques y tierras forestales. (Antonio Andaluz)

Urge recobrar nuestro sentido de responsabilidad con las generaciones presentes y futuras evitando que nuestro principal legado resulte un país donde la ecología se deteriora, la economía declina y la sociedad se desintegra.